Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este jueves una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un mecanismo adscrito al Instituto Nacional Electoral (INE) que busca proporcionar a los partidos políticos información sobre posibles vínculos de aspirantes con la delincuencia organizada, de cara a los comicios de 2027.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló los alcances de la propuesta, que surge como respuesta a casos recientes de alcaldes y funcionarios municipales detenidos por presuntos nexos con grupos criminales.
La comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales elegidos por el Consejo General del INE por un periodo de tres años. Su función principal sería actuar como enlace con autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para revisar las listas de aspirantes que los partidos entreguen de manera voluntaria.
Según explicó Alcalde, una vez recibida la lista, la comisión consultaría a dependencias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Fiscalía General de la República (FGR), entre otras, para determinar si existe un “riesgo razonable” de vínculo con la delincuencia organizada. La información sería devuelta a los partidos, que mantendrían la responsabilidad final de registrar o no a los candidatos.
La comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales elegidos por el Consejo General del INE por un periodo de tres años. Su función principal sería actuar como enlace con autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para revisar las listas de aspirantes que los partidos entreguen de manera voluntaria.
Según explicó Alcalde, una vez recibida la lista, la comisión consultaría a dependencias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Fiscalía General de la República (FGR), entre otras, para determinar si existe un “riesgo razonable” de vínculo con la delincuencia organizada. La información sería devuelta a los partidos, que mantendrían la responsabilidad final de registrar o no a los candidatos.
“Es para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán ya a partir de la elección del 2027 y evitar o que cuenten con la información necesaria para evitar que haya cualquier vínculo con la delincuencia organizada”, citó Alcalde.
Además, la iniciativa establece como requisito obligatorio que todas las personas que aspiren a una candidatura manifiesten por escrito su conformidad para ser evaluadas por la comisión, independientemente de si el partido decide someter o no su perfil al mecanismo. Las autoridades continuarían con las investigaciones correspondientes en caso de hallazgos relevantes.
La presidenta Sheinbaum justificó la propuesta al referirse a “casos aislados” detectados desde el inicio de su gobierno, como la Operación Enjambre en el Estado de México y, más recientemente, las detenciones en Morelos del alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano, y el exedil de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala. También mencionó el caso de Tequila, Jalisco, donde la ciudadanía denunció presuntos vínculos.
La presidenta Sheinbaum justificó la propuesta al referirse a “casos aislados” detectados desde el inicio de su gobierno, como la Operación Enjambre en el Estado de México y, más recientemente, las detenciones en Morelos del alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano, y el exedil de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala. También mencionó el caso de Tequila, Jalisco, donde la ciudadanía denunció presuntos vínculos.
“Si recuerdan cuando entramos pasó en el Estado de México, se hizo esta operación que se conoce como Operación de Enjambre, en donde algunos presidentes municipales o personas que trabajaban en Presidencias municipales, se encontró que eran quienes estaban vinculados con actividades de delincuentes”, señaló la mandataria.
La iniciativa será enviada este mismo día a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. De aprobarse, entraría en vigor para el proceso electoral de 2027, en el que se renovarán gubernaturas, presidencias municipales y otros cargos locales en varios estados del país.
La iniciativa será enviada este mismo día a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. De aprobarse, entraría en vigor para el proceso electoral de 2027, en el que se renovarán gubernaturas, presidencias municipales y otros cargos locales en varios estados del país.
Esta medida se enmarca en la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el Combate a la Corrupción impulsada por el gobierno federal, que ha priorizado la investigación de posibles infiltraciones del crimen organizado en ayuntamientos y dependencias de seguridad pública.
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