Ciudad de México.- El gobierno mexicano formalizará este día denuncias penales ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el fallecimiento de diecisiete ciudadanos mexicanos en operativos o centros de internamiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el inicio de estas acciones legales definitivas, destacando la indignación nacional ante los decesos sin explicación clara, entre los que figura el caso de Lorenzo Salgado, quien perdió la vida recientemente en la ciudad de Houston en un suceso bajo investigación de las autoridades locales.
La mandataria federal comunicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su titular Roberto Velasco, notificó previamente al embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, sobre el proceso jurídico que emprenderá el Estado mexicano para esclarecer los decesos y buscar justicia para los connacionales. De acuerdo con el reporte oficial, el diplomático norteamericano mostró una actitud receptiva ante la postura de la administración mexicana respecto a la protección de los derechos humanos de la población migrante.
La estrategia jurídica de la presidencia incluye el envío de una notificación formal a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con la finalidad de solicitar su intervención en el monitoreo de los centros de detención. Sheinbaum descartó que el inicio de los litigios penales represente una amenaza para los acuerdos bilaterales de seguridad o el intercambio comercial, argumentando que la vía diplomática tradicional mediante notas de protesta ha resultado insuficiente para frenar los abusos institucionales en territorio extranjero.
Ante el complejo escenario, el poder ejecutivo emitió un exhorto dirigido al Congreso de la Unión y a las diferentes fuerzas políticas del país para conformar un frente común en la defensa legal de los migrantes. La administración federal enfatizó que la inacción ante fallecimientos catalogados arbitrariamente como suicidios resultaría inaceptable, por lo que la exigencia de transparencia ante el Departamento de Justicia estadounidense se mantendrá como un eje prioritario de la política exterior mexicana.
