Tulum, Quintana Roo.- El sector empresarial de Tulum enfrenta una crisis que amenaza con asfixiar la economía del emblemático destino turístico del Caribe mexicano. A través de múltiples testimonios recopilados por medios de comunicación y organizaciones locales, los comerciantes denuncian que las prácticas delictivas de cobro de piso ya no provienen exclusivamente de los carteles de la delincuencia organizada, sino de los propios inspectores municipales, corporaciones policiacas y personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
La problemática se manifiesta a través de auditorías arbitrarias, cobros desmedidos de servicios y exigencias de pagos extraordinarios en efectivo. Propietarios de establecimientos comerciales y restauranteros detallan que los plazos de trámites cotidianos, como la renovación de licencias de funcionamiento o el pago de recolección de residuos, son manipulados deliberadamente por las oficinas de la administración local. Las tarifas por derechos de basura en giros idénticos llegan a registrar disparidades inexplicables que varían desde los cuatro mil hasta los veintisiete mil pesos por capricho burocrático, obligando a los inversionistas a negociar cuotas por fuera de la ley para evitar clausuras inmediatas.
El acoso administrativo se extiende a cobros exorbitantes por cambios de razón social, donde las ventanillas municipales exigen sumas superiores al medio millón de pesos bajo la estricta condición de entregarse únicamente en efectivo, bajo el argumento de que los sistemas de pago digital y terminales bancarias se encuentran permanentemente en mantenimiento. Comerciantes que han intentado visibilizar estos abusos en plataformas digitales denuncian haber recibido amenazas de cierre definitivo por parte de funcionarios subordinados al ayuntamiento del partido oficialista si no retiran sus quejas de las redes sociales. A esta presión institucional se suman los abusos sistemáticos cometidos por policías municipales en contra de los visitantes extranjeros, quienes sufren detenciones arbitrarias y extorsiones viales de forma rutinaria.
A pesar de que las dirigencias empresariales de la Riviera Maya han urgido al poder legislativo a tipificar la extorsión como un delito grave y de aplicación prioritaria, la parálisis en la procuración de justicia estatal mantiene desprotegido al sector productivo. Las consecuencias operativas ya son visibles en los corredores comerciales de la zona turística, donde la multiplicación de cortinas cerradas, la quiebra de negocios familiares y la reducción de horarios de servicio confirman que el asedio de los servidores públicos está logrando lo que los grupos criminales no pudieron concretar: destruir el atractivo de uno de los polos de inversión más dinámicos del país.
