Chihuahua, Chih.- La parálisis en la designación del nuevo Fiscal General del Estado de Chihuahua ha desatado una confrontación directa entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, luego de que la fracción parlamentaria de Morena acusara formalmente a la gobernadora de subordinar la procuración de justicia a intereses meramente políticos y de lealtad personal en medio de una crisis delictiva que mantiene a la entidad en los primeros lugares de homicidios en el país.
La diputada morenista María Antonieta Pérez Reyes denunció públicamente que el Gobierno del Estado mantiene acéfala la titularidad de la Fiscalía General del Estado desde hace más de sesenta días. La legisladora sostuvo que esta prolongada ausencia no obedece a trabas administrativas o a la complejidad de los perfiles como argumenta el palacio de gobierno, sino a una estrategia política del Ejecutivo para encontrar a un funcionario incondicional y subordinado, en lugar de un servidor público con autonomía técnica capaz de combatir la impunidad.
Los señalamientos fueron emitidos este lunes trece de julio en la frontera de Ciudad Juárez, en el contexto de un balance legislativo donde se destacó que Chihuahua suma cuatro meses consecutivos superando los índices de homicidios dolosos de regiones históricamente conflictivas como Sinaloa. Como antecedente directo de los riesgos de privilegiar la cercanía política sobre la capacidad, la congresista recordó las fallas operativas ocurridas durante la pasada gestión del primer fiscal de la actual administración, Roberto Fierro Duarte, periodo en el que se registraron eventos críticos como la fuga masiva del penal estatal y la jornada violenta conocida como el Jueves Negro en la urbe fronteriza.
Ante esta situación, la bancada de Morena en el Congreso del Estado anunció que ejercerá un estricto control legislativo para revisar con rigor la terna que envíe el Ejecutivo, adelantando el rechazo unánime a cualquier propuesta que carezca de independencia y cuya única credencial sea la obediencia a la gobernadora. El bloque opositor advirtió que la sociedad chihuahuense no puede permitir que la institución encargada de la investigación de los delitos siga operando como una silla vacía, especialmente cuando la delincuencia organizada continúa ganando terreno en los municipios del estado.
