Chihuahua, Chih.- La carrera por la presidencia municipal de Chihuahua ha irrumpido con fuerza en las estructuras más sensibles del poder público estatal. Un reciente encuentro político celebrado en la capital del estado evidenció que el exfiscal general, César Jáuregui, conserva un notable control operativo y político dentro de la Fiscalía General del Estado, una institución que formalmente debería mantenerse al margen de los procesos electorales y las disputas partidistas.
Durante la reunión, que congregó a un nutrido grupo de abogados y operadores políticos, llamó la atención la participación abierta de tres funcionarios de primer nivel de la corporación de justicia. Entre los asistentes que manifestaron su respaldo explícito a las aspiraciones de Jáuregui se encontraban el director general jurídico, Carlos Mario Jiménez Holguín; la fiscal especializada en derechos humanos, Georgina Bujanda; y el fiscal especializado en control, análisis y evaluación, Jesús David Flores Carrete. La presencia de estos perfiles desató de inmediato cuestionamientos sobre el uso de la institución como plataforma de apoyo electoral.
Este alineamiento de mandos clave representa un abierto desafío a la estructura estatal y al principal contendiente de Jáuregui en la búsqueda de la candidatura, el actual secretario general de gobierno, Santiago de la Peña. Mientras De la Peña opera desde la segunda posición política más importante del gabinete de la gobernadora, un sector crucial del aparato judicial ha decidido mostrar su lealtad a Jáuregui sin aparente temor a las repercusiones internas, lo que demuestra la vigencia del poder fáctico que el exfiscal mantiene en las oficinas que antes dirigía.
La polémica se acrecienta por detalles simbólicos e institucionales que alimentan la percepción de que las riendas de la Fiscalía nunca se soltaron del todo. En plataformas digitales y cuentas personales de redes sociales, el político aún aparece registrado bajo el cargo de Fiscal General del Estado. Este hecho, sumado al respaldo explícito de quienes por ley deben vigilar la legalidad y el control interno de la dependencia, debilita la percepción de imparcialidad en la procuración de justicia. La frontera entre el compromiso institucional y los intereses de grupo se ha desdibujado en Chihuahua, anticipando que la verdadera batalla por la candidatura capitalina se librará primero en los pasillos de las dependencias estatales antes de llegar a las urnas.
