Andrea-Cruz; antípodas
La carrera por la gubernatura de Chihuahua ha comenzado a fracturar las estrategias internas de Morena, exhibiendo dos estilos políticos diametralmente opuestos y un complejo tablero de alianzas nacionales. Por un lado, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, mantiene un activismo desbordado que simula una precampaña permanente, operando bajo la lógica tradicional de la movilización y el músculo territorial. En el extremo contrario, la senadora Andrea Chávez opta por un perfil reposado y templado, confiando en la frialdad de las encuestas y proyectando una tranquilidad que contrasta con el frenesí de su principal competidor. Esta dualidad no solo refleja una disputa por el territorio, sino un choque de visiones sobre cómo se debe ganar la confianza del centro del país.
El reciente y caótico episodio con el Partido Verde Ecologista de México desnudó las tensiones y los límites del proyecto de Pérez Cuéllar. Lo que inicialmente se perfiló como un destape masivo terminó en un espectáculo confuso y apresurado, calificado por analistas como un pago por evento que reculó en menos de veinticuatro horas. La intervención de Arturo Escobar, quien en entrevistas televisivas evidenció un total desconocimiento del alcalde juarense al llamarlo reiteradamente Cruz López, dejó en claro la fragilidad de ese acuerdo. El silencio de Ariadna Montiel ante este mitin acelerado ha desatado especulaciones profundas sobre el verdadero alcance de su control político, sugiriendo que la secretaria de Bienestar no posee el poder absoluto para imponer su alianza con el edil juarense. En este escenario de equilibrios rotos, la figura de Citlalli Hernández emerge como la verdadera clave para la designación de la candidatura, inclinando la balanza hacia las definiciones estructurales del partido.
Por su parte, la paciencia de Andrea Chávez encierra sus propios riesgos y paradojas políticas. Su meteórica carrera tiene como principal impulsor a Adán Augusto López, un respaldo que, si bien la catapultó a la escena nacional, hoy representa su mayor lastre debido al desgaste del exsecretario de Gobernación. Chávez parece no acusar recibo de este fardo y prefiere sostener una postura institucional basada en la cercanía cupular. Sin embargo, la historia electoral del estado dicta sus propias reglas. En Chihuahua, las candidaturas al gobierno estatal han requerido históricamente un mínimo de diez años de incubación, un arraigo territorial y un reconocimiento social que se construye pacientemente. Una postulación de Chávez rompería drásticamente con esta tradición, marcando una raya en el agua que desafiaría la cultura política regional. La moneda está en el aire entre la estructura ruidosa de Juárez y la apuesta silenciosa del relevo generacional.
Endémico el desplazamiento en la sierra
El drama del desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara se ha convertido en una constante dolorosa que expone la parálisis institucional en los tres niveles de gobierno. Este fenómeno responde a un conflicto añejo que las autoridades simulan combatir con despliegues temporales de fuerzas federales y estatales, los cuales solo sirven para la fotografía oficial. Una vez que las tropas se retiran de los caminos rurales, las organizaciones delictivas retoman el control económico y territorial. La inacción gubernamental ha provocado que la desesperación alcance límites insostenibles para las familias indígenas y mestizas, quienes ante las amenazas de reclutamiento forzado y las balaceras continuas deciden abandonar su patrimonio para salvar la vida.
La gravedad del problema queda evidenciada en el vaciado sistemático de comunidades enteras del municipio de Guadalupe y Calvo. En julio de 2026, un recrudecimiento de las hostilidades delictivas en la localidad de Cinco Llagas obligó a 153 pobladores a huir de sus viviendas hacia el seccional de Baborigame para buscar auxilio elemental, derivando posteriormente en el traslado de un grupo de 26 personas refugiadas hacia la capital del estado ante la persistencia del peligro en su región. De igual forma, el recuento de daños documenta que entre diciembre de 2024 y los primeros meses de 2025, los habitantes de El Pinito tuvieron que desalojar por completo su localidad, mientras que en Dolores cerca de 90 familias escaparon de sus hogares tras agresiones directas contra la población y ataques armados en las inmediaciones de los templos locales que incluyeron agresiones al sacerdote de la zona.
Los registros de las instituciones de atención a víctimas del estado de Chihuahua confirman el carácter permanente de esta crisis de derechos humanos mediante el rastreo de éxodos comunitarios de la etnia ódami acumulados en los últimos años. El historial de expulsión por motivos de inseguridad detalla el desplazamiento forzado exacto de 32 personas originarias de El Silverio, 13 de Portezuelo, 8 de Pie de la Cuesta, 7 de El Pinabete y 5 mujeres de Puerto Mala Noche. Asimismo, en los registros históricos del seccional de Santa Rosalía de Atascaderos, la población resistió semanas de enfrentamientos nocturnos constantes hasta que cerca de 500 habitantes decidieron evacuar la zona para proteger a los jóvenes de las levas criminales. La ausencia de ministerios públicos permanentes, la falta de inversión en inteligencia y la raquítica infraestructura de seguridad demuestran que la Tarahumara sigue relegada del interés político, perpetuando el sufrimiento de quienes hoy engrosan los padrones de asistencia social sin una expectativa real de retorno seguro a sus tierras.
México a merced del sarampión
El resurgimiento del sarampión en México representa uno de los retrocesos más alarmantes y desconcertantes en la historia moderna de la salud pública nacional. Resulta verdaderamente inverosímil que una enfermedad que había sido prácticamente erradicada del territorio gracias a décadas de sólidas campañas de vacunación masiva regrese hoy con un ímpetu tan preocupante. Este fenómeno no es un accidente de la naturaleza ni una consecuencia inevitable del flujo migratorio global; es el resultado directo de decisiones políticas y de una gestión de salud fallida por parte de los gobiernos de Morena.
Durante el último sexenio, el sistema sanitario experimentó un desmantelamiento estructural sin precedentes en aras de la mal llamada austeridad republicana. Las autoridades sanitarias, enfocadas en redirigir los presupuestos públicos hacia los programas sociales masivos y las transferencias directas de efectivo para consolidar su base electoral, asfixiaron financieramente a las instituciones encargadas de la prevención. Uno de los golpes más severos se asestó a la producción y distribución nacional de biológicos. México pasó de ser un referente continental en la fabricación de vacunas a un importador dependiente y tardío, atrapado en licitaciones desiertas e ineficiencias administrativas.
La consecuencia inmediata de dejar de priorizar la aplicación oportuna de la vacuna triple viral (SRP) ha sido el desplome drástico de la cobertura vacunal. La llamada inmunidad colectiva o de rebaño, que requiere que al menos el noventa y cinco por ciento de la población esté protegida para evitar brotes, se ha quebrado. Al dejar desprotegidas a miles de infancias en comunidades vulnerables y centros urbanos, las administraciones de Morena abrieron la puerta a un patógeno sumamente contagioso que el país ya dominaba.
Las alertas sanitarias emitidas recientemente, en las que se urge de manera desesperada a la población a completar los esquemas de vacunación, exponen la flagrante contradicción del discurso oficial. Mientras el gobierno promueve la narrativa de un bienestar social generalizado, la realidad hospitalaria y epidemiológica demuestra que se sacrificó la seguridad sanitaria básica de la población a cambio de capital político inmediato. La salud pública no puede ser una moneda de cambio presupuestal. El regreso del sarampión es el recordatorio más severo de que desatender la prevención médica para financiar proyectos electorales tiene costos humanos irreparables, y el debilitamiento de la inmunidad colectiva es la factura que hoy la sociedad mexicana está comenzando a pagar.
