Ciudad de México.- Tras apenas seis meses en el cargo, Ulises Lara López presentó su renuncia con carácter de irrevocable como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República. La separación de su puesto, aducida formalmente por motivos personales, surtirá efectos a partir de este miércoles y abre un boquete en el equipo de confianza de la fiscal general de la nación, Ernestina Godoy Ramos.
La intempestiva salida del funcionario se suscita en un contexto de alta complejidad al interior de la dependencia por dos de las investigaciones más sensibles de la agenda bilateral. Bajo la responsabilidad directa de la fiscalía especial a cargo de Lara López se encontraba la indagatoria en torno al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, así como el deslinde de responsabilidades sobre el piloto que trasladó a territorio estadounidense al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada.
Fuentes de carácter federal han sugerido que el hermetismo institucional observado durante los últimos meses en estas carpetas específicas y el incremento en las presiones políticas procedentes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos aceleraron el desgaste del ahora exfuncionario en la estructura ministerial. Apenas horas antes del relevo, la presidencia de la república urgió públicamente a la fiscalía general a transparentar los avances de las pesquisas del caso sinaloense.
La gestión de Lara López en el ámbito federal resultó sumamente breve. Había sido designado en esa posición el pasado mes de enero por la propia Godoy Ramos, con quien colaboró estrechamente en el pasado como vocero y posterior encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Su nombramiento original en la estructura local estuvo acompañado por severos cuestionamientos de los partidos de oposición debido a la premura con la que tramitó y obtuvo el registro de su título en derecho en un centro universitario privado, requisito indispensable para el ejercicio de las facultades de procuración de justicia.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el perfil que asumirá la titularidad del área de asuntos relevantes ni las directrices para la vocería institucional. Corresponderá a la superioridad del ministerio público de la federación la definición de una terna o el nombramiento directo de un encargado de despacho para dar cauce a los procesos penales de trascendencia nacional que permanecen bajo el resguardo de esa unidad especializada.
