Mexicali, Baja California.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, rechazó la validez de una serie de audios filtrados recientemente en los que se le escucha dialogar sobre supuestos escenarios legales con presuntos agentes estadounidenses. La mandataria aclaró que la grabación corresponde a una charla privada con personas que se ostentaron como intermediarios del Gobierno de Estados Unidos, pero que jamás acreditaron formalmente dicha representación ni presentaron requerimiento oficial alguno.
De acuerdo con el posicionamiento de la gobernadora, durante dicho encuentro los supuestos agentes plantearon diversas situaciones jurídicas sin mostrar identificaciones o documentos de respaldo. Ante esto, la funcionaria estatal les indicó que cualquier asunto de esa índole tendría que ser canalizado y atendido estrictamente por las vías institucionales y los conductos legales correspondientes.
El pronunciamiento ocurre tras la difusión de una nueva grabación por parte del columnista Héctor de Mauleón en el diario El Universal. En este segundo material, un presunto asesor externo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) advierte a la gobernadora que las agencias de seguridad de ese país consideraban «poco productivas» las reuniones anteriores, ofreciéndole una última oportunidad para entrevistarse con una procuradora que evaluaría posibles cargos penales. En el audio, la gobernadora manifiesta su disposición a colaborar y a compartir la información obtenida en las mesas de seguridad del estado.
Ávila Olmeda enfatizó que las alusiones a la cooperación e intercambio de datos que se escuchan en el material forman parte de la coordinación habitual que mantiene Baja California, por su condición de estado fronterizo, con las corporaciones de seguridad de ambos países. Subrayó que esta relación se rige bajo principios de colaboración y nunca de subordinación, respetando siempre el marco legal de cada nación.
Esta es la segunda filtración que enfrenta la mandataria en menos de un mes. El pasado 21 de junio se difundió un primer audio cuya autenticidad fue reconocida por ella misma, aunque en esa ocasión argumentó que la conversación giraba en torno a las gestiones legales para recuperar su visa estadounidense. El documento de viaje de la gobernadora fue cancelado por la administración de Estados Unidos el 10 de mayo de 2025, un año después de que se tomara la misma medida en contra de su esposo, Carlos Torres Torres, quien se desempeñaba como coordinador de Proyectos Estratégicos en la entidad.
En aquella primera grabación, la funcionaria hacía mención del abogado Michael Nadler como encargado de su defensa, aunque posteriormente precisó que el litigante ya no forma parte de su equipo de asesores.
La gobernadora se declaró tranquila y dispuesta a aclarar cualquier duda ante las instancias correspondientes en caso de ser formalmente requerida, argumentando que no existe ninguna conducta irregular de su parte. Hasta ahora, ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos ni el FBI han emitido declaraciones o confirmado la existencia de investigaciones formales o cargos penales abiertos en contra de la mandataria de Baja California.
