Más de 27 millones para simular aceptación de Cruz
El reciente hallazgo de los contratos oficiales DCA/CRS/022/2026 y DCA/CRS/021/2026, tramitados por la Dirección de Contratos y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Ciudad Juárez, expone una operación de ingeniería social y control digital financiada enteramente con recursos del erario. Lejos de utilizar el presupuesto en abatir el rezago de infraestructura que la propia ciudadanía reclama en calles y avenidas, la administración municipal ha decidido canalizar sumas millonarias a la contratación de firmas tecnológicas cuyo propósito central es moldear artificialmente la opinión pública, vigilar las voces críticas de la comunidad y construir una narrativa de aprobación virtual que no se sostiene en la realidad cotidiana de la frontera.
El primer pilar de este andamiaje de control se sostiene en el contrato DCA/CRS/022/2026, adjudicado a la empresa Comerciologos 360, S.A. de C.V. Este acuerdo compromete una erogación total de 18 millones 50 mil pesos, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado y que se estipuló liquidar a través de diez mensualidades de un millón 805 mil pesos cada una. Al sumar el 16 por ciento de las obligaciones fiscales correspondientes, el costo final pagado con recursos del erario asciende a un total de 21 millones de pesos. Bajo el concepto de un servicio integral de escucha social activa de redes sociales y medios digitales, la compañía se obliga a entregar alertas en tiempo real y reportar temas críticos que involucren al municipio de Ciudad Juárez. La cláusula de monitoreo exclusivo en la red social de video Tik-Tok deja claro que la prioridad del gobierno local no es resolver las demandas físicas de la población, sino rastrear con precisión milimétrica cuándo y quién emite comentarios que afecten la imagen de las autoridades.
A este monitoreo se suma el contrato número DCA/CRS/021/2026, celebrado con la persona moral Servicios Empresariales EVIN, S.A. de C.V., por un monto total con impuestos de 6 millones 699 mil 999 pesos. Este documento define tareas de manejo de crisis y gestión ciudadana que rebasan la simple comunicación institucional. Entre los entregables destaca la inducción de comentarios a través de inteligencia artificial y la aplicación de controles de riesgo para detectar perfiles que perjudiquen la difusión gubernamental. En términos prácticos, el ayuntamiento utiliza sistemas automatizados para inundar los espacios de discusión digital con comentarios favorables, neutralizando de manera artificial las quejas legítimas de los usuarios reales.
La ejecución de estas estrategias coincide con las denuncias de internautas juarenses que, desde mediados de febrero, han reportado un incremento inusual de cuentas automatizadas orientadas a la denostación y el insulto cada vez que se cuestiona el desempeño de la alcaldía. La utilización de inteligencia artificial para simular consensos y atacar opiniones disidentes representa un retroceso democrático grave, pues se emplean fondos públicos para suprimir el debate abierto. Adicionalmente, la recolección y tratamiento de perfiles de redes sociales sin el consentimiento explícito de los ciudadanos representa una vulneración directa a los marcos legales de protección de datos personales.
Este esquema de gasto revela que la prioridad presupuestal del municipio de Ciudad Juárez está orientada a la conservación del poder y a la promoción de aspiraciones políticas futuras. Se destina millones de pesos a la compra de software y servicios de simulación virtual. El contraste entre la realidad urbana y la imagen pulcra que se genera artificialmente en las pantallas evidencia un divorcio profundo entre las necesidades de la comunidad juarense y las prioridades financieras de sus gobernantes.
Bonilla apuesta al contraste
El alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, ha comenzado a desplegar una sofisticada estrategia de contraste de gestión que apunta directamente a capitalizar el descontento social en la frontera como su principal activo electoral. Al utilizar las plataformas digitales como caja de resonancia, el edil capitalino no solo esquiva las acusaciones de intromisión política, sino que delega en los propios habitantes de Ciudad Juárez la narrativa del abandono de los servicios públicos bajo la administración de Cruz Pérez Cuéllar. Esta táctica busca sembrar en el electorado general una idea clara: la diferencia de resultados entre las dos principales economías del estado.
La tesis de esta maniobra político-periodística descansa en la confianza que el equipo de Bonilla tiene sobre el peso que el rezago urbano de la frontera ejercerá en los próximos comicios. En lugar de confrontar de manera directa, el presidente municipal capitalino recurre a la validación de denuncias ciudadanas, señalando que son los mismos juarenses quienes le exigen constatar las fallas en sectores vulnerables. Para dotar de autenticidad su discurso, el funcionario suele replicar los mensajes textuales que recibe en sus redes, donde le manifiestan: «Oiga, alcalde, no necesita ni ir a Anapra, ni a Riberas del Bravo, ni a Tierra Nueva. Véngase a Bella Vista, véngase al centro de Ciudad Juárez y usted mismo va a comprobar el estado en el que tiene el alcalde con licencia las condiciones de Ciudad Juárez».
El fondo de este diseño electoral es el contraste de infraestructura. Mientras la frontera lidia con crisis de servicios y bacheo, el gobierno de Chihuahua se prepara para inaugurar una serie de obras públicas de alto impacto, destacando la conclusión de tres puentes vehiculares que representaron una inversión superior a los 570 millones de pesos. Este paralelismo económico y de obra civil pretende moldear la percepción del votante independiente, posicionando la eficiencia administrativa de la capital frente a la parálisis fronteriza. Con esta línea discursiva, Bonilla opera a la distancia en Juárez, desgastando la imagen de su rival político sin la necesidad de pisar físicamente el territorio.
Aliados de Morena rompen en Chihuahua
La carrera por la candidatura al gobierno de Chihuahua ha detonado un choque de trenes que amenaza la estabilidad de la Cuarta Transformación. Lejos de la disciplina cupular que suele imperar en el centro del país, las dirigencias nacionales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) han decidido medir fuerzas públicamente. Cada facción ha desplegado sus cartas más agresivas para condicionar y presionar a Morena, evidenciando que la plaza de Chihuahua se ha convertido en un laboratorio de alto riesgo electoral.
El primer golpe en la mesa provino del PVEM. El coordinador político nacional, Arturo Escobar, dinamitó la diplomacia partidista al condicionar de manera tajante la viabilidad de la coalición: “Tenemos toda la convicción de hacer la alianza con Morena y con el PT, y esa alianza tiene una condición para que vayamos juntos, y esa condición es que el coordinador sea Cruz Pérez Cuéllar”. El argumento del Verde apela a la estructura territorial de Juárez y al pragmatismo gubernamental, rechazando que la definición metodológica se convierta en una simple medición mediática. “No se trata de elegir al más popular, esto no es La Casa de los Famosos; aquí hay que escoger al mejor, al que tiene la mayor experiencia, a quien ha gobernado bien”, sentenció Escobar.
La reacción de la acera contraria fue inmediata. El Partido del Trabajo, a través de su coordinador parlamentario federal Reginaldo Sandoval, reviró el amago manifestando una abierta simpatía por la senadora con licencia Andrea Chávez, perfil al que calificó como el predilecto de su partido. A esta contraofensiva se suma el anuncio informal en los pasillos políticos de que el líder histórico del PT, Alberto Anaya, alistaría una visita al estado para formalizar el respaldo a Chávez en un acto de alto impacto. Esta jugada busca imponer la narrativa nacional de que “es tiempo de mujeres” por encima del control territorial que ostenta el alcalde con licencia en la frontera.
La respuesta de los aspirantes terminó por definir el carácter crítico de la ruptura. Mientras Pérez Cuéllar agradeció el espaldarazo declarando que recibir el apoyo de la dirigencia del Verde lo compromete y lo honra, Andrea Chávez reaccionó desmarcándose de los aliados mediante una dosis de ironía política: “Le deseo mucha suerte a Cruz con el Partido Verde. Yo voy con Morena”. Chávez buscó resaltar su pureza ideológica frente al pasado panista de su contrincante, argumentando que su trayectoria se ha construido exclusivamente en el partido guinda.
Este escenario configura una fractura que rebasa lo local. La exigencia de «si es con Cruz, sí; si no, no» por parte del PVEM y el atrincheramiento del PT con Chávez Treviño podrían ser meras posturas retóricas, o un juego de vencidas que debilita el arbitraje interno de Morena. Si la mesa nacional en la Ciudad de México no logra conciliar estos intereses contrapuestos, la división de las marcas aliadas le entregará una ventaja táctica invaluable al bloque opositor en un estado que históricamente ha sido adverso para la izquierda.
