Ciudad Juárez, Chih.- El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez se encuentra en el centro de una controversia pública tras la filtración de contratos oficiales obtenidos a través del Portal Nacional de Transparencia, los cuales revelan el financiamiento público de herramientas de vigilancia digital, monitoreo de actores críticos e inducción de comentarios mediante inteligencia artificial en redes sociales. Ciudadanos y especialistas en derecho digital denuncian que estas acciones vulneran gravemente los derechos fundamentales a la privacidad y a la protección de datos personales de los usuarios.
De acuerdo con la documentación oficial del ayuntamiento para el periodo 2024-2027, la Dirección de Contratos y Adquisiciones de la Oficialía Mayor formalizó el contrato número DCA/CRS/022/2026 con la empresa Comerciologos 360, S.A. de C.V., bajo el concepto de un servicio integral de escucha social activa. Este acuerdo establece un pago total de 18 millones 50 mil pesos, sin incluir el impuesto al valor agregado, liquidable en diez mensualidades, monto que con el 16 por ciento de IVA asciende a casi 21 millones de pesos. Los recursos sufragan tareas para reportar temas críticos referentes al municipio, realizar un monitoreo exclusivo de la red social Tik-Tok para detectar menciones gubernamentales y emitir alertas en tiempo real sobre cualquier interacción digital que involucre a la administración local.
De forma complementaria, el municipio signó el contrato DCA/CRS/021/2026 con la moral Servicios Empresariales EVIN, S.A. de C.V., por un monto total con impuestos de 6 millones 699 mil 999 pesos. Las cláusulas de este convenio técnico estipulan tareas de manejo de crisis y gestión ciudadana que incluyen explícitamente la inducción de comentarios a través de inteligencia artificial, la distribución mensual de contenidos y la aplicación de controles de riesgo mediante la detección de perfiles que perjudiquen la difusión de la comunicación oficial.
Afectados y analistas señalan que desde mediados de febrero se detectó una alteración sistemática en la interacción de las redes sociales locales, caracterizada por la irrupción de personajes reales y ficticios dedicados a denostar, insultar y desvirtuar los argumentos de los internautas críticos. La opinión pública y sectores de oposición sostienen que el ayuntamiento opera esta estructura de comunicación para vigilar a los detractores de la gestión pública y posicionar políticamente las aspiraciones electorales de la alcaldía hacia la gubernatura del estado.
Expertos legales advierten que el tratamiento de identidades y perfiles digitales sin el consentimiento explícito de los titulares representa una violación flagrante a la legislación vigente sobre protección de datos en posesión de sujetos obligados. Mientras los operadores del municipio argumentan que el rastreo digital busca optimizar la atención ciudadana y mejorar las políticas de gobierno, los señalamientos apuntan a un uso indebido de los recursos públicos para consolidar un aparato de censura y persecución virtual en la frontera.
