En un país donde la violencia del narco se ha convertido en el pan de cada día, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre, no es solo un crimen aislado, sino el epítome de una relación tóxica y disfuncional entre el gobierno federal y sus propios aliados locales. Manzo, militante de Morena y un político valiente que osó desafiar abiertamente a los cárteles, pagó con su vida la indiferencia de un régimen que prometió «abrazos, no balazos» pero entrega, en cambio, abrazos post mortem. Examinar las grietas en las relaciones entre la administración de Claudia Sheinbaum y Manzo, revelan una negligencia sistemática que no solo cuesta vidas, sino que erosiona la fe en el Estado.
Carlos Alberto Manzo Rodríguez asumió la alcaldía de Uruapan en 2024 con un mandato claro: combatir la plaga de la inseguridad que azota Michoacán desde hace décadas. Como exdiputado federal por Morena, Manzo no era un novato en la política; su trayectoria en salud pública y su dedicación a la gestión lo posicionaron como un líder cercano al pueblo, pero también como un blanco fácil para los grupos criminales. Ganó el 66% de los votos denunciando la presencia de carteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que incluso contribuyó a desmantelar parcialmente al facilitar la detención de uno de sus líderes en agosto de 2025. Sin embargo, esta bravura lo aisló rápidamente. Mientras el gobierno federal, bajo la Cuarta Transformación (4T), proclamaba victorias simbólicas contra el crimen organizado, Manzo se convertía en la voz discordante que recordaba la cruda realidad: Uruapan, cuna de la producción de aguacate, seguía sangrando por la indiferencia centralista.
La relación con el gobierno federal inició con aparentes alineamientos ideológicos. Manzo, leal a Morena, esperaba respaldo incondicional. Pero pronto emergieron las fisuras. El alcalde no solo gestionaba salud y obras públicas; se erigía como un fiscal improvisado del narco, exigiendo recursos que el centro prometía pero no entregaba. Esta dinámica no era de colaboración, sino de súplica unilateral, donde un alcalde local mendigaba atención de un Ejecutivo distante y autosuficiente.
Las denuncias ignoradas: llamados al vacío federal
Desde el inicio de su mandato, Manzo alzó la voz una y otra vez. «Hay una gran indignación en el pueblo de Uruapan, es producto de una inseguridad y violencia que se viene arrastrando desde hace 25 años», declaraba en videos y foros públicos, dirigiendo sus reclamos directamente a la presidenta Sheinbaum y al Gabinete de Seguridad. Pidió refuerzos, inteligencia y coordinación, advirtiendo explícitamente: «Me van a matar». Estos gritos de auxilio no eran exageraciones; eran profecías cumplidas en una plaza pública durante el Festival de las Velas, donde un sicario vinculado al CJNG le disparó siete veces con un arma de 9 mm, arma usada en otros delitos impunes.
¿Y la respuesta federal? Silencio ensordecedor. Sheinbaum, ocupada en planes macroeconómicos y giras internacionales, ignoró las súplicas de un aliado morenista. Incluso el hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, se limitó a defender la 4T calificando de «desubicados y convenencieros» a los críticos como Molotov, que cuestionaban la estrategia de seguridad en plena crisis por el homicidio de Manzo. Esta desconexión revela la hipocresía del centralismo morenista: mientras se exalta la «austeridad republicana», se escatima en protección para quienes enfrentan el terror en el terreno. Manzo no fue abandonado por el narco; lo fue por un gobierno que prioriza la narrativa sobre la acción.
El fracaso de la protección: 14 guardianes, cero seguridad
El colmo de la farsa federal llegó con la supuesta «protección» otorgada a Manzo. Desde 2024, contaba con escoltas municipales y, reforzada en 2025, con 14 elementos de la Guardia Nacional. ¿Resultado? Un atentado suicida en el corazón de Uruapan, donde el pistolero se quitó la vida tras el ataque, dejando al alcalde muerto en brazos de su hijo. Si con 14 guardianes un alcalde puede ser ejecutado en un evento público, ¿qué esperanza tienen los ciudadanos comunes?
Expertos y analistas han destrozado esta «protección»: no había coordinación absoluta con el gobierno estatal ni federal, como admitió un informe posterior. La Fiscalía de Michoacán carece de capacidad para investigar, y la FGR debe atraer el caso, pero ¿lo hará con la misma diligencia que promete? Este homicidio revela la debilidad municipal exacerbada por un federalismo fallido, donde los planes como el recién anunciado «Plan Michoacán por la Paz» llegan tarde, como parches sobre heridas supurantes. Es un ciclo repetitivo: amenazas ignoradas, muerte evitable, condolencias hipócritas.
El asesinato de Manzo no es un hecho aislado; se suma a los 56 homicidios de actores políticos en 2025, incluyendo siete alcaldes. En Uruapan, más de 500 personas destrozaron el Palacio Municipal en una marcha por justicia, reflejando la furia contenida de un pueblo harto de promesas vacías. Esta tragedia erosiona la legitimidad de Morena, que pierde credibilidad al fallar en proteger a sus propios. Internacionalmente, es un «golpe de realidad» que expone la impotencia ante cárteles que operan con impunidad. ¿Cuántos Manzo más deben morir para que el gobierno federal entienda que la seguridad no es retórica, sino acción concreta?
Las relaciones entre el gobierno federal y Carlos Manzo no fueron de colaboración, sino de traición pasiva. Un alcalde que denunció el mal en nombre de su partido fue dejado a merced de sus verdugos por una administración que prefiere planes reactivos a intervenciones proactivas. Este caso clama por una rendición de cuentas: Sheinbaum debe ir más allá de los «Planes por la Paz» y reformar un sistema que sacrifica a los valientes en el altar de la ineficacia. De lo contrario, México seguirá siendo un cementerio de héroes olvidados, donde el narco dicta la agenda y el gobierno, solo las mañaneras. Honrar a Manzo no es con velas, sino con justicia real.
