Chihuahua, Chih.- En un esfuerzo por blindar el derecho humano a la educación frente a las vicisitudes económicas y administrativas, el diputado local por Morena, Óscar Avitia Arellanes, presentó este lunes ante el Congreso del Estado un proyecto de decreto para reformar la Ley Estatal de Educación y la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público. La iniciativa busca consagrar el principio de progresividad en el gasto educativo, asegurando que el presupuesto anual para las escuelas públicas no pueda disminuir, sino que se incremente de manera sostenida para responder a las crecientes demandas de la niñez y la juventud chihuahuense.
Avitia Arellanes, originario de Ciudad Juárez y actual presidente de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte en la 68 Legislatura del Congreso local, ha hecho de la defensa del sector educativo uno de los ejes centrales de su trayectoria legislativa. Elegido en las urnas de 2024 como representante del Distrito 03, el legislador morenista ha impulsado en meses recientes exhortos para fortalecer la planeación presupuestal en municipios y secciones sindicales, así como reformas para proteger a docentes y ampliar oportunidades laborales para personas con discapacidad en el ámbito escolar. Su nueva propuesta llega en un momento clave, cuando el estado de Chihuahua arranca el ejercicio fiscal 2025 con un presupuesto total de 107 mil 570 millones de pesos, un incremento del 7% respecto al año anterior, pero con alertas sobre posibles presiones en rubros sensibles como la educación debido a fluctuaciones en ingresos estatales.
El principio de progresividad: un escudo contra retrocesos presupuestales
El núcleo de la iniciativa radica en el principio de progresividad del gasto educativo, un concepto avalado por tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como por la Constitución mexicana en su artículo 3°. Este principio establece que el derecho a la educación, como garantía fundamental, no puede retroceder: el Estado debe destinar recursos crecientes a este sector, adaptándose al aumento de la matrícula escolar, las necesidades de infraestructura y el desarrollo profesional de los maestros.
«Las asignaciones presupuestales a la educación pueden verse afectadas por factores económicos o decisiones administrativas, impactando negativamente en la gestión escolar», advirtió Avitia durante la presentación del proyecto. En Chihuahua, donde más de 600 mil estudiantes dependen de la educación pública, cualquier recorte podría significar aulas hacinadas, materiales didácticos insuficientes o programas extracurriculares truncados, con repercusiones directas en el presente y futuro de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. «Lo anterior significa que el derecho a la educación no puede ser víctima de retrocesos presupuestales, de lo contrario el ejercicio pleno del derecho humano quedaría comprometido», enfatizó el diputado juarense, subrayando que tales disminuciones «dañan de forma severa» las oportunidades de las nuevas generaciones.
En el contexto nacional, donde el gobierno federal ha priorizado la educación como pilar de la «Cuarta Transformación», iniciativas como esta en Chihuahua alinean con una política que rescata valores comunitarios sin descuidar la formación individual y familiar. Avitia abundó que el principio implica no solo evitar caídas en el presupuesto, sino impulsarlo conforme crecen las capacidades financieras del estado, las entidades federativas y los municipios. «Con esta reforma buscamos consolidar el compromiso del Estado de Chihuahua con una política educativa sostenible que permita mantener y mejorar las condiciones de aprendizaje, infraestructura, así como el desarrollo docente», agregó el legislador.
Detalles de la reforma: aumentos anuales y blindaje en tiempos de crisis
La propuesta de Avitia plantea adiciones específicas a ambas leyes estatales. En la Ley Estatal de Educación, se exige que, para el ejercicio pleno del derecho humano a la educación bajo el principio de progresividad, se prioricen «aumentos presupuestales anuales». El Estado garantizaría una asignación que «no deberá ser inferior al ejercicio inmediato anterior», colocando el gasto educativo en un pedestal intocable.
Por su parte, en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público, se declara que la programación y presupuestación para educación se considerarán de «utilidad pública», lo que impide cualquier reducción por debajo del nivel del ejercicio fiscal previo. En escenarios de disminución de ingresos —como recesiones o caídas en recaudación—, la autoridad hacendaria estatal quedaría obligada a excluir el rubro educativo de cualquier ajuste, protegiéndolo como prioridad constitucional.
Esta medida no solo responde a riesgos locales, sino que anticipa desafíos estructurales en Chihuahua, donde el presupuesto educativo para 2025 se enmarca en un Programa Operativo Anual (POA) que incluye metas de construcción y rehabilitación de espacios escolares, pero enfrenta presiones por el crecimiento poblacional en zonas urbanas como Juárez y la capital. La iniciativa, sometida con carácter de decreto, será turnada a comisiones para su análisis, donde Avitia, como presidente de la de Educación, podría acelerar su trámite.
Un compromiso con el futuro: hacia una educación inclusiva y equitativa
Al concluir su exposición, el diputado Avitia reiteró que «el incremento progresivo del presupuesto en materia educativa permitirá a las nuevas generaciones contar con más capacidades en el marco de una política nacional direccionada al rescate de los valores de comunidad, sin perder de vista la formación individual y familiar». En un estado marcado por contrastes socioeconómicos, donde la deserción escolar en zonas rurales supera el 10% según datos recientes del INEGI, esta reforma podría ser un catalizador para reducir desigualdades y fomentar una movilidad social real.
La propuesta de Morena no es un gesto aislado: forma parte de una agenda más amplia del grupo parlamentario por fortalecer el sistema educativo público, en contraste con gestiones pasadas que han visto fluctuaciones en el gasto. Mientras el proyecto avanza en el Congreso, educadores y padres de familia en Chihuahua observan con esperanza, conscientes de que, como bien lo dijo Avitia, no hay inversión más rentable que la que se destina a forjar mentes críticas y preparadas para el mañana.
