Chihuahua,Chih.- En un esfuerzo por blindar a las familias de la Sierra Tarahumara de la creciente amenaza del crimen organizado, la 68 Legislatura del Congreso de Chihuahua aprobó por unanimidad una solicitud urgente dirigida a los gobiernos federal y estatal para desplegar operativos de seguridad permanentes en Guachochi y municipios aledaños. La iniciativa, impulsada por el diputado priista Arturo Medina Aguirre, surge como respuesta inmediata a una escalada de violencia que ha dejado al menos 14 muertos en lo que va del año, incluyendo un menor de edad en ataques recientes.
La aprobación se consumó este lunes con 27 votos a favor, en una sesión marcada por el tono de urgencia y la denuncia de omisiones pasadas que, según los legisladores, han permitido que el terror se instale en comunidades indígenas y rurales. Medina Aguirre, representante del distrito 22 que abarca la región, enfatizó que la medida no es un mero trámite burocrático, sino un «grito de auxilio» para revertir la impunidad que ha convertido a Guachochi en epicentro de balaceras y ejecuciones.
Escalada de horror: balaceras de octubre dejan huella de sangre y suspensión de clases
La región de Guachochi, enclavada en la Sierra Tarahumara, ha sido azotada por una ráfaga de violencia que alcanzó su punto álgido el 26 de octubre, cuando dos balaceras casi simultáneas en comunidades indígenas como Rocheachi y Coloradas de la Virgen segaron siete vidas y dejaron otros siete heridos. Los ataques, perpetrados por presuntos miembros de grupos criminales rivales, involucraron fuego cruzado que obligó a pobladores a refugiarse en sus hogares, mientras el pánico paralizaba las calles empedradas de este municipio de apenas 50 mil habitantes. Entre las víctimas se contaban indígenas rarámuri, cuya vulnerabilidad se agrava por la dispersión geográfica y la escasa presencia policial.
La semana posterior a los hechos fue de caos absoluto: escuelas cerraron sus puertas por siete días, afectando a más de 10 mil estudiantes, y el comercio local se replegó ante el temor a más represalias. Autoridades estatales identificaron a presuntos responsables, pero la detención de solo dos personas no ha disipado la atmósfera de zozobra. Organizaciones como el Diálogo Nacional por la Paz emitieron comunicados de solidaridad con la Diócesis de la Tarahumara, condenando la «indignación» ante un ciclo de violencia que, según expertos, responde a disputas por el control de rutas de narcotráfico en la sierra chihuahuense.
Este no es un episodio aislado. En lo que va de 2025, Guachochi acumula 14 homicidios vinculados al crimen organizado, un incremento del 30 por ciento respecto al año anterior, impulsado por la fragmentación de cárteles locales que buscan expandir su dominio sobre plantíos de amapola y mariguana. La diputada Medina Aguirre lo resumió con crudeza: «Los criminales, con su agresividad y mecánica de expansión, exigen estrategias duras, avanzadas y en evolución permanente».
El clamor ignorado: la carta del alcalde a Sheinbaum que quedó en el limbo
El exhorto legislativo revive un llamado desesperado lanzado meses atrás por el alcalde José Miguel Yáñez Ronquillo, quien el 17 de mayo de 2025 dirigió una misiva abierta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En su carta, el edil cuestionaba la narrativa oficial de «paz» en el país, al contrastarla con la realidad de su municipio: «Es una contradicción decir que hay reducción de índices delictivos cuando las balas no cesan», escribió Yáñez, solicitando explícitamente la presencia de fuerzas federales y mayor respaldo presupuestal para patrullajes. El documento, que evocaba un «auxilio y justicia» similar al de otros ediles en apuros, pedía coordinación con la Guardia Nacional para recuperar espacios públicos y prevenir delitos.
La respuesta federal no se hizo esperar, pero fue tibia: en agosto, Sheinbaum rechazó las acusaciones de abandono, atribuyendo la crisis a «factores locales» y negando cualquier desatención. Críticos como Yáñez contrargumentaron que el retiro de elementos de seguridad para resguardar visitas presidenciales había dejado a la región desprotegida, un reclamo que resuena en la actual solicitud congresional. Medina Aguirre lo vinculó directamente: «Nos dejaron sin seguridad para ir a proteger a la presidenta, mientras el pueblo sufre».
Más allá de la represión, el punto de acuerdo propone un enfoque integral. Se insta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal a coordinar no solo operativos armados, sino programas de prevención del delito, recuperación de plazas y fortecimiento del tejido social mediante la participación de la sociedad civil. Adicionalmente, se exhorta al Instituto Chihuahuense de Salud Mental y a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones a socializar canales de atención rápida para víctimas de la violencia, reconociendo el trauma colectivo que deja el crimen organizado en comunidades donde el duelo se entreteje con el miedo cotidiano.
Eco nacional: el asesinato de Manzo, un recordatorio de la fragilidad de los líderes locales
El dramatismo del debate en el Congreso se acentuó con la mención al reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, acribillado a balazos el 2 de noviembre durante las celebraciones del Día de Muertos. El edil de 40 años, alcanzado por siete impactos en pleno centro de la ciudad, falleció horas después en un hospital, sumándose a la lista de más de 50 funcionarios locales ultimados en México este año. Medina Aguirre lo describió como un «homenaje y grito de auxilio»: «Su deceso nos duele porque refleja la situación de muchos alcaldes en Chihuahua y el país, expuestos sin protección adecuada».
En su intervención, el legislador priista rechazó cualquier politización del tema: «La seguridad es, por naturaleza, un asunto político, y quienes tenemos responsabilidades públicas estamos obligados a actuar. Guardar silencio ante inocentes que pierden la vida, incluido un menor, sería complicidad». Culminó con un llamado al frente común: «Se trata de combatir las consecuencias de omisiones que robaron la paz, la libertad y la esperanza a las familias. Lo que la ciudadanía espera de nosotros es solucionar situaciones, no excusas».
Mientras el sol se ponía sobre el pleno legislativo, la aprobación del exhorto dejó en el aire una pregunta ineludible: ¿responderán los gobiernos federal y estatal con hechos concretos, o Guachochi sumará otro capítulo a su calvario silenciado? En la Sierra, las madres rarámuri esperan no en vano.
