Chihuahua, Chih.- En un gesto de unidad legislativa, el Congreso del Estado de Chihuahua dio luz verde por unanimidad a la propuesta del diputado priista Arturo Medina Aguirre para convertir en permanente el operativo de seguridad conjunto en Guachochi, una región azotada por la violencia del crimen organizado que ha cobrado decenas de vidas en las últimas semanas. La iniciativa busca no solo contener los ataques armados, sino restaurar la paz mediante una estrategia integral que involucre prevención, atención psicológica y la participación ciudadana.
La aprobación llegó en medio de un clima de urgencia, apenas días después de un fin de semana sangriento que dejó siete muertos y al menos siete heridos en enfrentamientos entre grupos armados en comunidades indígenas de Guachochi, según reportes de la Fiscalía de la Zona Sur. Entre las víctimas identificadas se contaban cinco hombres y dos mujeres, en un suceso que incluyó fuego cruzado entre pobladores y presuntos delincuentes, dejando calles en caos y escuelas cerradas por temor. Este episodio se suma a una semana violenta en la región sur del estado, con 12 fallecidos y nueve lesionados más, incluyendo el asesinato de un maestro en un ataque que ha encendido las demandas de mayor protección para educadores y familias.
Unidad política ante la crisis
Arturo Medina, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local, presentó la propuesta reconociendo los esfuerzos ya realizados por el Gobierno estatal y federal a través de operativos conjuntos, pero insistió en que estos han resultado insuficientes para blindar la tranquilidad de las comunidades serranas. «Hemos visto cómo la violencia rebasó las capacidades locales; es momento de una presencia sostenida que no se apague con el paso de los días», declaró el legislador durante la sesión plenaria, donde su llamado a la responsabilidad colectiva resonó en todas las bancadas.
El diputado, conocido por sus iniciativas en temas de seguridad rural –como su reciente promoción de protocolos para proteger escuelas y docentes de acusaciones falsas–, enfatizó que el tema no debe partidizarse. «El silencio no es opcional, tampoco lo es defender a líderes políticos antes que al pueblo, ni cuidar narrativas partidistas por encima de la paz de las y los chihuahuenses», remató Medina, en un discurso que movió a las diputadas y diputados de Morena, PAN, MC y otros grupos a votar a favor sin reservas. Esta aprobación unánime contrasta con el panorama nacional, donde Chihuahua arranca noviembre como uno de los estados con mayor incidencia de homicidios, sumando 40 en apenas siete días.
Más allá de reforzar la vigilancia con elementos de la Guardia Nacional, Sedena y policías estatales, la propuesta de Medina adopta un enfoque multidimensional para atacar las raíces de la inseguridad en la Sierra Tarahumara. Incluye acciones preventivas como la recuperación de espacios públicos abandonados por el miedo, el fortalecimiento del tejido social mediante programas comunitarios y atención psicológica especializada para víctimas de la violencia, un mal que ha desplazado familias enteras y traumatizado a generaciones en esta zona indígena.
El priista insistió en empoderar a la ciudadanía como eje central: «La participación de la gente no es un lujo, es la clave para que impriman su visión en el camino hacia la paz», argumentó, proponiendo foros locales donde residentes, líderes rarámuri y autoridades dialoguen sobre soluciones. Esta demanda se dirige directamente a dependencias federales como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y estatales como la Fiscalía y la Comisión Estatal de Seguridad, a las que el Congreso exige ahora un plan de acción integral con plazos concretos.
En un contexto donde la violencia en Guachochi persiste sin detenciones significativas una semana después del último gran enfrentamiento –y con persecuciones que generan más pánico en las calles–, la resolución legislativa representa un primer paso hacia la contención. Analistas locales ven en esta medida un llamado apremiante a la Federación, cuya competencia en delitos del crimen organizado ha sido cuestionada en la región desde enero, cuando Medina ya urgía intervenciones en municipios vecinos como Guadalupe y Calvo. Mientras tanto, las familias de Guachochi esperan que esta promesa de permanencia se traduzca en noches sin balaceras y en un futuro donde la sierra vuelva a ser sinónimo de tradición y no de terror.
