Ciudad Juárez, Chih.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua reportó este lunes un nuevo hito en la investigación del escándalo del crematorio Plenitud, donde el 26 de junio pasado se descubrieron 386 cuerpos sin cremar, muchos de ellos pagados por familias que creyeron recibir cenizas de sus seres queridos. A cuatro meses y medio del hallazgo, ya suman 129 personas identificadas, de las cuales 118 han sido entregadas a sus parientes, aunque el proceso deja un rastro de indignación y 86 denuncias por fraude que claman justicia.
El trabajo incesante de peritos forenses, víctimas del Centro de Atención a Víctimas del Estado (Ceave) y ministerios públicos especializados ha permitido notificar a las familias con una precisión que contrasta con el caos inicial. Sin embargo, el saldo de 257 cuerpos aún por identificar mantiene en vilo a decenas de hogares, donde la ausencia se mezcla con la sospecha de engaños millonarios. «Es un avance, pero no el cierre que merecemos», expresó una familiar anónima en recientes manifestaciones, reflejando el eco de un duelo prolongado.
Fraude en las sombras: 86 familias exigen cuentas
El núcleo del escándalo radica en el presunto fraude masivo orquestado por el crematorio, que cobraba servicios de incineración sin cumplirlos, entregando en su lugar cenizas ajenas o inexistentes. De las familias que han recuperado los restos de sus difuntos, 86 han formalizado denuncias ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte, acusando a responsables que podrían enfrentar penas por delitos contra la fe pública y la seguridad de las personas. Estas querellas se acumulan sobre un telón de fondo de detenciones previas: el dueño del Plenitud y varios empleados languidecen en prisión, mientras una red de funerarias aliadas –como la Del Carmen– ha visto caer a sus operadores por vínculos similares.
El caso escaló en intensidad con revelaciones desgarradoras, como el de Claudia Martínez, quien descubrió que la urna de su padre, fallecido hace cuatro años y medio, contenía cenizas de un extraño. Historias como la suya han impulsado protestas frente a instalaciones fúnebres y exigencias directas a autoridades federales durante visitas presidenciales en septiembre. La FGE, por su parte, promete agilizar las investigaciones paralelas, pero el ritmo lento aviva críticas de colectivos como Justicia para Nuestros Deudos, que ven en cada identificación un paso hacia la verdad, no hacia el olvido.
La semana pasada, el caso sumó un giro trágico con la muerte de Facundo Teófilo M. R., un empleado de 64 años del crematorio, quien pereció en el Centro de Reinserción Social número 3 por complicaciones de salud, mientras esperaba juicio por su presunta participación en el fraude. Vinculado a proceso desde junio, su fallecimiento –el primero en custodia relacionado con Plenitud– reavivó debates sobre las condiciones carcelarias y la responsabilidad compartida en este entramado de negligencia.
En el marco del Día de Muertos, que apenas concluye, las víctimas cobraron voz en altares improvisados por toda la ciudad. Colectivos erigieron ofrendas en plazas y frente a la Fiscalía, recordando no solo a los 386 difuntos del crematorio, sino a las miles de ausencias por violencia en Chihuahua. «La recibe nuestro dolor», gritaron deudos a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su paso por Juárez en septiembre, demandando un mural conmemorativo en la FGE para eternizar el reclamo.
La FGE insiste en su compromiso integral: más allá de las identificaciones –que avanzaron de 105 en octubre a 123 a fines de ese mes, y ahora a 129–, ofrece atención psicológica, asesorías legales y un sitio web para que familiares suban fotos y datos que aceleren el proceso. Equipos multidisciplinarios coordinan con instituciones federales, pero el peso emocional recae en los deudos, muchos de los cuales han plantado vigilias frente a funerarias sospechosas de complicidad.
Mientras el Ministerio Público profundiza en las denuncias por fraude –que saltaron de 73 en octubre a 86 hoy–, el crematorio Plenitud permanece clausurado, un esqueleto de promesas rotas en la colonia Buenos Aires. En Juárez, donde la muerte es rutina por la violencia, este caso no es solo un fraude: es un espejo de la fragilidad de la confianza en tiempos de luto. La FGE advierte que los esfuerzos continuarán «de manera conjunta e ininterrumpida», pero para las familias, cada día sin respuestas es un entierro inconcluso.
