Hidalgo del Parral, Chih.- La diputada local por Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, denunció que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Parral incurre en la presunta falsificación de firmas y en el desacato sistemático de resoluciones judiciales, al simular el reparto de agua potable en pipas a familias que obtuvieron amparos federales ante el desabasto que enfrenta el municipio.
En conferencia de prensa, la legisladora expuso que el organismo operador desacata de manera continua las órdenes de un juez federal que lo obligan a suministrar el recurso de forma diaria a los promoventes de los amparos. Señaló que la dependencia únicamente realiza entregas de manera esporádica o mensual, vulnerando el derecho humano al agua de la población afectada.
La gravedad del caso aumentó tras detectarse la presunta falsificación de rúbricas en las bitácoras que la dependencia entrega al juzgado para acreditar el cumplimiento de las suspensiones. Como prueba, Portillo presentó el expediente del señor Luis Beltrán, habitante de la colonia San José, quien figura en los registros oficiales de la junta municipal como receptor de una pipa en junio, a pesar de haber fallecido en mayo. Revisiones jurídicas posteriores confirmaron que las firmas asentadas en los controles tampoco corresponden con la rúbrica original del ciudadano.
La representante de la bancada naranja advirtió que estas acciones trascienden el ámbito administrativo y constituyen probables delitos de orden penal, al incurrir en falsificación de documentos, engaño a una autoridad judicial federal y desacato. Indicó que su equipo legal amplió la revisión de expedientes en diversos sectores de Parral para determinar si la simulación de firmas responde a un patrón sistemático dentro de la junta.
Ante estas irregularidades, la congresista adelantó el inicio de acciones legales contra quien resulte responsable y confirmó la entrega de un oficio formal al director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata, exigiendo la intervención inmediata del órgano estatal y la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes.
