Cuatro décadas después de que el asfalto del norte hirviera bajo los pies de miles de ciudadanos, el eco del verano caliente de 1986 sigue resonando como el verdadero big bang de la transición democrática mexicana. Lo que ocurrió el 6 de julio de aquel año no fue una simple jornada electoral de provincia; fue un choque de trenes entre un régimen de partido de Estado decidido a no ceder un milímetro de territorio y una sociedad civil que despertó para exigir el fin del monopolio político.
La tensión venía acumulándose desde 1983, año en que el Partido Acción Nacional (PAN) capitalizó el descontento de las clases medias y el sector empresarial tras la nacionalización de la banca, ganando los principales municipios del estado, incluidos Ciudad Juárez y la capital. Ante este avance, el gobierno federal de Miguel de la Madrid endureció la línea. El relevo forzado del gobernador Oscar Ornelas y la posterior designación de Fernando Baeza Meléndez como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura delinearon el tablero. Frente a él se plantó Francisco Barrio Terrazas, el carismático y joven alcalde de Ciudad Juárez que aglutinaba la esperanza neopanista.
El periodista Francisco Ortiz Pinchetti, corresponsal de la revista Proceso en el «Verano Ardiente» y presenciando el impresionante cierre de campaña de Vicente Fox en Ciudad Juárez el año 2000. Me comentó a pregunta expresa que en sus muchos años de cubrir campañas, muchas campañas, ninguna tan impresionante como la de Pancho Barrio en 1986.
El día de la votación las urnas se convirtieron en trincheras. Las crónicas periodísticas de la época detallaron un despliegue operativo descomunal que los propios ideólogos del sistema bautizaron sin pudor como fraude patriótico. Los testimonios acumulados durante cuarenta años documentan casillas que abrieron con urnas previamente llenas —las llamadas embarazadas—, la expulsión sistemática de representantes de la oposición, el robo de paquetería electoral y el turismo de votantes transportados en camiones para sufragar en múltiples secciones. Mientras las filas de ciudadanos esperaban hasta ocho horas bajo el sol abrasador del desierto, los resultados oficiales se cocinaban de forma anticipada.
La declaratoria de victoria en favor del priista Fernando Baeza desató una insurgencia civil pacífica sin precedentes en la historia contemporánea de México. Chihuahua se paralizó. Los ciudadanos bloquearon puentes internacionales, tomaron carreteras y sellaron los billetes de banco con la leyenda «Chihuahua exige respeto al voto». La Iglesia católica local, encabezada por el arzobispo Adalberto Almeida, amenazó con suspender el culto público en todo el estado en señal de duelo cívico, una medida drástica que requirió la intervención directa de la Secretaría de Gobernación ante el Vaticano para frenarla.
El punto álgido de la resistencia lo protagonizó Luis H. Álvarez, veterano líder civil y entonces alcalde de la capital, quien junto a otros activistas mantuvo una huelga de hambre de 41 días en el Parque Lerdo de la ciudad de Chihuahua. El ayuno no buscaba solo la anulación de los comicios, sino sacudir la conciencia de una nación acostumbrada al cinismo electoral. Fue el respetado dirigente de la izquierda mexicana, Heberto Castillo, quien viajó al norte para convencer a Álvarez de levantar la protesta, bajo el argumento de que la lucha democrática necesitaba de sus líderes vivos para dar la batalla en abonos. En Ciudad Juárez, fue el empresario Francisco Villarreal, quien mantuvo en el Monumento, quien mantuvo otra huelga de hambre.
A cuarenta años de distancia, la herida histórica y la posterior alternancia demostraron que la derrota institucional de 1986 fue una victoria cultural irreversible. El centralismo autoritario logró imponer al gobernador en turno, pero perdió para siempre el control absoluto de la narrativa pública. El verano caliente demostró que el fraude ya no podía mantenerse oculto bajo el tapete de la legalidad oficial y pavimentó el camino para la creación de un sistema electoral independiente en la década de los noventa. En la memoria colectiva del norte, 1986 quedó registrado como el año en que el desierto ardió para iluminar el incierto futuro democrático del país.
