La consolidación del poder en el arranque de un sexenio suele medirse por la capacidad de la presidencia para imponer disciplina en sus propias filas. Sin embargo, el panorama político actual rumbo a las elecciones de 2027 muestra un escenario complejo donde las reglas dictadas desde el centro de la República enfrentan resistencias abiertas en varias regiones. Tres gobernadores de la llamada Cuarta Transformación y un ex-poderoso líder legislativo encabezan movimientos que desafían abiertamente la directriz de erradicar el nepotismo y las herencias dinásticas, abriendo un frente de tensión interna y externa que pone a prueba la autoridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El primer desafío visible ocurre en Guerrero, donde Félix Salgado Macedonio ha buscado activamente construir la ruta para suceder a su propia hija, la gobernadora Evelyn Salgado. A pesar de los llamados nacionales que prohíben el uso de estructuras públicas para consolidar dinastías familiares, el arraigo del cacicazgo local mantiene la presión sobre la dirigencia del partido, argumentando que el respaldo popular está por encima de las restricciones burocráticas. Una historia similar se escribe en San Luis Potosí, donde el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, del aliado Partido Verde, impulsó una reforma electoral local apodada popularmente como la «Ley Esposa». Dicha modificación legal pretendía forzar que la candidatura de 2027 fuera exclusiva para mujeres, abriendo un paso directo para su esposa, la senadora Ruth González Silva; aunque Gallardo terminó vetando su propia ley tras el alto costo político nacional, la intención dinástica sigue intacta. El tercer eslabón de esta cadena se encuentra en Campeche, donde Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora Layda Sansores, opera activamente desde las estructuras estatales para perfilarse como el relevo en el ejecutivo, generando fuertes divisiones y quejas por el uso de recursos públicos en el morenismo de la península.
Pugnas regionales por el poder
El desafío de mayor calado no proviene de un lazo familiar directo, sino de la trinchera del líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, quien ha decidido tensar la cuerda en un terreno sumamente delicado: la relación bilateral con los Estados Unidos. Agencias de seguridad e inteligencia del vecino país del norte han incrementado notablemente la presión sobre el gobierno mexicano para que actúe con firmeza contra los políticos sospechosos de brindar protección a organizaciones criminales. En ese complejo escenario, el exsecretario de Gobernación se encuentra bajo el reflector internacional debido a los constantes señalamientos y detenciones de excolaboradores de su gestión en Tabasco vinculados al grupo delictivo «La Barredora».
Lejos de replegarse ante la presión externa o la línea de la presidencia, López Hernández mantiene una abierta demostración de fuerza política. Su principal apuesta territorial se concentra en el estado de Chihuahua, donde impulsa de manera decidida la precandidatura de la senadora Andrea Chávez Treviño para la gubernatura en 2027. Esta maniobra representa un choque directo con los liderazgos locales del estado norteño, particularmente con el grupo juarense que encabeza el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, cuya estructura territorial y bases son su fortaleza no obstantes altos negativos. Al imponer sus propias cartas y defender sus bastiones frente a las investigaciones y las advertencias de Washington, estas figuras de la vieja guardia partidista envían un mensaje claro: las reglas de la sucesión regional y los acuerdos políticos locales pretenden decidirse en sus propios términos, desafiando la voluntad de centralizar el control y limpiar las candidaturas de sospechas institucionales.
