Santa Teresa, Nuevo México.- El despliegue de unos 9,000 soldados en servicio activo a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos ha comenzado a registrar un incremento en las amenazas contra las tropas, transformando la misión de seguridad migratoria en un complejo escenario de contención tecnológica y de inteligencia.
A pesar de que el gobierno estadounidense logró hace meses reducir drásticamente los cruces ilegales, el costo de mantener este operativo asciende a decenas de millones de dólares semanales. Las patrullas militares conjuntas, coordinadas con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y las fuerzas armadas mexicanas, han obligado a los cárteles a replegarse hacia zonas montañosas remotas, pero la respuesta de las organizaciones criminales ha elevado las alertas de seguridad para los efectivos norteamericanos. Según un amplio reportaje de The New York Times.
La actividad delictiva registró un repunte significativo luego de que las fuerzas mexicanas, en colaboración con la CIA, abatieran al líder criminal conocido como el Mencho. Tras este suceso, las autoridades estadounidenses detectaron el hackeo de teléfonos celulares de personal militar, a través de los cuales se recibieron mensajes intimidatorios directos.
Esta situación ha profundizado las diferencias en el Congreso de Washington. Mientras legisladores demócratas cuestionan si el uso de unidades de combate de primera línea para funciones de control migratorio afecta el entrenamiento y la preparación para despliegues en regiones estratégicas como Europa del Este o el Indo-Pacífico, mandos operativos defienden la misión como una oportunidad de aplicar capacidades de vigilancia y planeación en un entorno real.
Zonas de exclusión militar
El operativo, denominado Ardent Vanguard y comandado recientemente por el general de división Curtis D. Taylor, se ha convertido además en un campo de pruebas para tecnología militar avanzada. Por primera vez se han implementado patrullajes binacionales utilizando radios encriptadas y sistemas de láser de alta energía para neutralizar los drones que los cárteles emplean para detectar nuevas rutas de contrabando.
La presión financiera también forma parte del debate institucional, debido a que el Pentágono reportó un gasto de 525 millones de dólares apenas en los primeros cuatro meses del despliegue, generando déficits operativos ante la falta de reembolsos por parte del Departamento de Seguridad Nacional.
A la par de la vigilancia tecnológica, el Pentágono extendió las facultades de las tropas mediante la designación de cinco franjas fronterizas en California, Arizona, Nuevo México y Texas como extensiones de bases militares. Bajo este esquema legal, los soldados están facultados para retener temporalmente a los migrantes que cruzan por dichas áreas bajo el cargo de intrusión, registrándose hasta el momento la custodia provisional de más de un centenar de personas antes de ser entregadas a la Patrulla Fronteriza.
