Ciudad Juárez, Chih.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró los trabajos de infraestructura que el gobierno municipal de Ciudad Juárez ejecutaba dentro del Parque El Chamizal. La intervención federal ocurrió luego de denuncias ciudadanas que documentaron el derribo de arbolado vivo mediante el uso de maquinaria pesada, lo que derivó en la colocación de sellos oficiales y la apertura de un expediente que podría alcanzar consecuencias en el ámbito penal.
El personal de la dependencia federal se presentó en el sitio para detener las maniobras de excavación e introducción de tubería de riego, un proyecto del cual la administración local no había ofrecido detalles públicos previos. Los inspectores procedieron a asegurar la zona afectada fijando letreros con la leyenda de clausura en tipografía roja de grandes dimensiones, deteniendo por completo el avance de las cuadrillas y el equipo técnico.
De acuerdo con las actas levantadas en el lugar, la autoridad ambiental federal inició formalmente el procedimiento administrativo bajo el folio PFPA /13,2/3S,4/00-17-26. Esta acción legal se sustenta en que el ayuntamiento realizó las modificaciones en el suelo y la vegetación sin contar con las autorizaciones obligatorias que emite la federación para zonas bajo regímenes especiales de conservación.
El origen de la inspección radica en la difusión de un video grabado por usuarios del parque, quienes catalogaron el hecho como un ecocidio al observar cómo un trascabo arrancaba de raíz un ejemplar sano. En las imágenes integradas como evidencia se aprecia el momento exacto en que la maquinaria arrastra la estructura del árbol, el cual conservaba troncos y follaje completamente verde, lo que descarta que se tratara de labores de saneamiento forestal o retiro de maleza seca.
La gravedad del procedimiento administrativo radica en que la legislación ambiental mexicana contempla la tipificación de delitos contra la biodiversidad cuando se destruye vegetación de forma ilegal. Las autoridades federales analizarán las pruebas recabadas para determinar si la remoción de estos ejemplares configura una conducta que deba ser consignada ante el Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades penales contra los funcionarios u operadores involucrados.
Hasta el momento, el gobierno municipal ha guardado hermetismo respecto al tipo de obra que pretendía consolidar en ese polígono ni ha presentado los estudios de impacto ambiental requeridos. La falta de transparencia institucional agrava la situación legal, ya que el Parque El Chamizal se encuentra sujeto a restricciones de carácter federal mediante un decreto específico que limita y condiciona cualquier tipo de obra, construcción o alteración física en toda su extensión.
