Ciudad de México.– El senador por Chihuahua Mario Vázquez Robles, del Partido Acción Nacional, arremetió contra la iniciativa de Ley General de Aguas enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, al advertir que centraliza el control del recurso hídrico en un nuevo órgano federal y elimina la certeza jurídica para miles de productores agrícolas, lo que podría derivar en «expropiaciones simuladas» y el abandono de tierras.
La propuesta, firmada el 1 de octubre y turnada a comisiones en la Cámara de Diputados, busca modernizar la gestión del agua, garantizar el derecho humano al acceso al líquido para consumo y saneamiento, y prohibir su tratamiento como mercancía, al tiempo que combate el robo y el mercado negro del recurso mediante un capítulo de delitos hídricos. Entre sus ejes principales destacan la creación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) como rector supremo, la sustitución de concesiones por autorizaciones temporales no transferibles —ni siquiera por herencia— y la priorización del agua para uso humano sobre el industrial o agrícola. El gobierno federal argumenta que estas medidas devuelven el agua a la nación y fortalecen la rectoría estatal, sentando bases para un ordenamiento hídrico a largo plazo.
Sin embargo, en un video publicado en sus redes sociales , Vázquez calificó la iniciativa como un «instrumento de control político» que socava la autonomía local y el sector agropecuario. «Los productores y las agrupaciones no podrán decidir la forma en que se distribuye y utiliza el agua», denunció, al resaltar que los consejos de cuenca quedan subordinados a la ANA, perdiendo su capacidad de decisión autónoma, según los artículos 17, 18, 24, 25 y 98 de la propuesta.
El legislador panista profundizó en las modificaciones a las concesiones de agua —reguladas en los artículos 86 y 91—, que pasarían de ser derechos perpetuos a meras «autorizaciones temporales» revocables en cualquier momento por la autoridad federal. «Esto deriva en el abaratamiento de los predios con un permiso para la extracción y uso del recurso hídrico. El productor no tendrá acceso a financiamiento para trabajar la tierra, obligándolo a abandonar la labor y convirtiéndose en una expropiación simulada», enfatizó Vázquez, quien también criticó la prohibición de transmitir derechos por herencia o venta, prevista en los artículos 92 y 97, lo que afectaría la estabilidad económica de familias campesinas.
«¿Quién puede quitar las autorizaciones? En cualquier momento, las autorizaciones temporales podrán ser retiradas por la autoridad», cuestionó, alertando sobre la desaparición de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la centralización que ignora realidades regionales como las de Chihuahua, donde el 80% del territorio es árido.
En su cuenta de X (antes Twitter), Vázquez reforzó su oposición: «Morena quiere aprobar la Ley General de Aguas sin garantizar recursos ni soluciones reales. El campo no sobrevive sin agua, y México tampoco». Aunque coincidió en priorizar el agua para consumo humano y el cuidado ambiental —»estoy de acuerdo en que el agua para consumo humano debe ser la máxima prioridad, el cuidado sustentable del medio ambiente y regularizar el uso del recurso hídrico»—, rechazó que la ley mantenga el sobreconcesionamiento y el acaparamiento, temas que, según opositores como el PAN, profundizan la mercantilización en lugar de resolverla.
La iniciativa, que también reforma la Ley de Aguas Nacionales, enfrenta resistencia en el Senado, donde el PAN y aliados como Movimiento Ciudadano proponen alternativas que garanticen al menos 100 litros diarios por persona bajo un principio de «justicia hídrica», sin eliminar la figura de concesiones. Mientras la discusión avanza en comisiones, expertos advierten que México, con un 40% de sus cuencas sobreexplotadas, requiere un consenso urgente para evitar colapsos hídricos. Vázquez concluyó: «El agua no debe ser herramienta de control político».
