Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sacudió este jueves el tablero de la lucha contra el crimen organizado al confirmar que empresarios de Estados Unidos figuran en las carpetas de investigación por huachicol fiscal, un esquema de contrabando y evasión que drena miles de millones de dólares de las arcas públicas mexicanas. En su conferencia matutina del 23 de octubre, la mandataria federal detalló que la Fiscalía General de la República (FGR) ya ha presentado ante jueces varias de estas indagatorias para liberar órdenes de aprehensión, en un avance que promete desmantelar una red transfronteriza alimentada por la codicia y la corrupción.
Sheinbaum no escatimó en precisión al afirmar: «Sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación, porque no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal». La declaración, pronunciada ante un auditorio expectante en Palacio Nacional, pone el dedo en la llaga de un delito que, según estimaciones gubernamentales, genera pérdidas anuales de hasta nueve mil millones de dólares, equivalentes a un tercio del mercado nacional de diésel y gasolina. Este huachicol fiscal opera mediante triquiñuelas aduaneras: el combustible se declara como aditivos o lubricantes exentos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), permitiendo su venta ilícita en gasolineras, fábricas y minas a precios rebajados del cinco al diez por ciento.
Indagatorias en la FGR: de las carpetas a las rejas
Las pesquisas de la FGR revelan una telaraña que une a empresarios nacionales y extranjeros en el tráfico de hidrocarburos. Varias carpetas ya han sido turnadas a jueces federales, con el objetivo de concretar detenciones que amplíen el cerco sobre los responsables. «Algunas ya fueron presentadas ante el juez para obtener las órdenes de aprehensión», enfatizó Sheinbaum, subrayando que el proceso avanza con celeridad gracias a la colaboración interinstitucional. Este empuje llega en un momento clave, apenas semanas después de que la propia fiscalía abriera juicios contra diez marinos y funcionarios aduaneros por facilitar la entrada de millones de litros de combustible disfrazado de petroquímicos.
El pulso de las investigaciones late con fuerza en puertos como Tampico y Ensenada, donde se han registrado incautaciones millonarias. En marzo pasado, el buque Challenge Procyon fue decomisado en Tamaulipas con 10 millones de litros de diésel, una de las mayores aprehensiones en la historia reciente del país. Aquella operación derivó en 14 arrestos, incluyendo ejecutivos, exfuncionarios aduanales y oficiales navales activos y retirados, desatando un escándalo que salpica hasta los altos mandos de la Secretaría de Marina. La mandataria celebró estos logros como un freno efectivo al delito: «Ya es bastante menos, eso es muy importante, porque a partir de la investigación que se hizo, de las detenciones que ha habido y de la vigilancia mayor en aduanas, ha disminuido de manera importante».
Empresarios del norte: la flota oscura del CJNG
El hilo conductor de estas tramas apunta al otro lado de la frontera, donde empresas texanas y utahenses se alían con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el dominio indiscutible del contrabando de combustibles en México. Ikon Midstream, una firma con sede en Houston, emerge como protagonista en las indagatorias: entre 2019 y 2025, organizó 149 envíos de «lubricantes» a México, 67 por vía marítima, utilizando buques como el Torm Agnes y el Torm Louise para descargar diésel de Canadá y Estados Unidos en puertos mexicanos. Su director ejecutivo, Rhett Kenagy, proyecta una fachada de éxito con propiedades millonarias y apariciones en reality shows, pero las autoridades lo señalan como engranaje clave en la «flota oscura» del cártel.
El Torm Agnes ilustra la audacia de estas operaciones: en marzo de 2025, atracó en Ensenada con 120 mil barriles de diésel valorados en 12 millones de dólares, declarados como lubricantes por apenas 1.3 millones para evadir siete millones en IEPS. La descarga, realizada de noche con mangueras conectadas a camiones de Mefra Fletes –una empresa jalisciense ligada al CJNG–, se interrumpió abruptamente cuando el buque huyó hacia Guaymas, abandonando equipo y tanques. Autoridades mexicanas incautaron 50 mil barriles en El Sauzal, mientras que la naviera danesa Torm cortó lazos con Ikon en abril, cancelando contratos futuros. En paralelo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado una decena de entidades mexicanas vinculadas al CJNG por robo y contrabando de hidrocarburos, y ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares por información sobre estas redes.
No son casos aislados. James Lael Jensen y su hijo Maxwell Sterling Jensen, de Utah, enfrentan cargos desde mayo por lavar dinero y apoyar al CJNG en el contrabando de petróleo crudo hacia Estados Unidos. Sheinbaum reveló que el Departamento de Justicia norteamericano mantiene «comunicación constante» con México y realiza sus propias pesquisas, aunque no confirmó vínculos directos con las carpetas mexicanas. «No sé si esté relacionado este caso con las carpetas de investigación que ya están en la fiscalía, pero lo cierto es que sí había un vínculo», admitió la presidenta, aludiendo a la cooperación binacional que ha alertado incluso a refinerías de Houston sobre la infiltración cartelera.
El vicealmirante en el ojo del huracán: nepotismo y traición naval
El escándalo adquiere tintes de traición interna con la detención, en septiembre de 2025, del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán –cercano al gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador–. Farías, egresado de la Heroica Escuela Naval y ascendido con rapidez en menos de dos años, lideraba una red que facilitaba el ingreso de huachicol mediante sobornos a aduaneros y marinos. Vinculado al caso del Challenge Procyon, enfrenta proceso por contrabando, con evidencias de asesinatos, nepotismo y operaciones que inundan el mercado con combustible barato. Un juez lo ligó a proceso junto a nueve marinos más, en un golpe que obliga a la Semar a una investigación interna bajo el mando de Raymundo Morales.
Otro familiar, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, vio frenada su detención a horas de una audiencia el 1 de octubre, en un giro que aviva sospechas de influencias en la justicia. Estos arrestos, que incluyen a un exjuez del caso Los Porkys y empresarios locales, exponen grietas en las instituciones encargadas de custodiar las costas mexicanas. La oposición, liderada por Xóchitl Gálvez, ha avivado el fuego al alegar nexos políticos, recordando financiamientos supuestamente ilícitos a Morena por parte de traficantes como Sergio Carmona, el «rey del huachicol» asesinado en 2021.
Bajo el mandato de Sheinbaum, el gobierno ha intensificado el control aduanero y la vigilancia portuaria, incautando 500 mil barriles desde octubre de 2024 –más que en todo el sexenio previo–. Esta ofensiva, respaldada por el gabinete federal, ha reducido el flujo ilegal en términos considerables, aunque expertos como Marisol Ochoa advierten de la sofisticación logística del CJNG, que ahora domina rutas por camión, tren y buque. La presidenta insiste en que la cooperación con Washington es el eje: reuniones con el Departamento de Justicia y alertas del senador texano Juan Hinojosa, quien impulsó leyes en marzo para endurecer regulaciones fronterizas.
En un país donde el huachicol fiscal no solo evade impuestos sino que compite deslealmente con Pemex y obliga a gigantes como Shell a vender su red minorista, el anuncio de Sheinbaum marca un punto de inflexión. Las órdenes de aprehensión pendientes podrían cruzar la frontera y golpear bolsillos poderosos, recordándonos que el crimen organizado no respeta límites geográficos ni jerarquías. Mientras las olas del Pacífico siguen trayendo secretos oscuros, México y su aliada del norte apuran el paso para cerrar las válvulas de esta hemorragia energética.
