CIUDAD DE MÉXICO.- A dos años del homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y dirigente del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, la investigación sobre los autores intelectuales y materiales de su ejecución permanece inconclusa. Sin embargo, a través de 97 emisiones de su podcast «Cuentas Claras», el político dejó documentado un amplio expediente de denuncias públicas que hoy constituye su testamento político.
Previo a su asesinato, registrado el 25 de julio de 2024, Cuén Ojeda utilizó sus canales de YouTube y Facebook para acusar de corrupción, nepotismo e ineptitud a la clase política de Sinaloa, señalando directamente al gobernador Rubén Rocha Moya, a su entorno familiar y a sus colaboradores más cercanos de operar el aparato de justicia de manera facciosa y de fraguar un montaje en su contra.
En las emisiones previas a su muerte, el líder del PAS detalló un esquema de presunto hostigamiento. En el capítulo 94, transmitido una semana antes del crimen, exhibió imágenes de un operativo de vigilancia con vehículos, motocicletas y drones sobrevolando las propiedades de sus hijos. Un mes antes, en la emisión 79, denunció que por instrucciones del ejecutivo estatal le fue retirada la protección de seguridad a él y a su familia, responsabilizando públicamente al mandatario de cualquier atentado contra su integridad.
Las acusaciones difundidas por el exrector incluyeron la presentación de al menos 11 denuncias formales ante instancias estatales y federales —entre ellas la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación— por presuntas irregularidades presupuestales por más de 3,000 millones de pesos, señalamientos de licitaciones dirigidas, compra sobrevaluada de equipamiento oficial y un incremento injustificado en el patrimonio inmobiliario de la familia gubernamental tras los comicios de 2021.
Asimismo, Cuén Ojeda trazó un mapa burocrático de lo que denominó el «Clan Inzunza», señalando al secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázares, de encabezar una red de presunto nepotismo con más de 40 familiares y operadores distribuidos en el Supremo Tribunal de Justicia, la Fiscalía General del Estado y diversas dependencias del gabinete estatal.
Hasta el momento, mientras la versión expuesta por Ismael «El Mayo» Zambada en su primera carta sobre los hechos ocurridos en Huertos del Pedregal se mantiene como la principal referencia sobre la logística del crimen, los registros digitales dejados por Cuén Ojeda continúan como el testimonio público donde el propio político anticipó el desenlace del conflicto institucional en la entidad.
