Ciudad de México.- La audiencia de impugnación por el no ejercicio de la acción penal derivado de una denuncia por el delito de secuestro en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fue diferida por un juez federal debido a la incomparecencia del denunciante, el senador Javier Corral Jurado.
El juzgador adscrito a las salas de control del Reclusorio Sur en la Ciudad de México determinó posponer la diligencia y fijó una nueva fecha para el próximo 2 de junio a las 9:45 horas, luego de que el legislador omitiera presentarse al llamado de la autoridad judicial para desahogar el recurso de inconformidad.
La querella por el presunto delito de secuestro fue promovida originalmente por Javier Corral tras los hechos ocurridos en 2024 en un restaurante de la Ciudad de México. En dicha ocasión, agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua intentaron ejecutar una orden de aprehensión por peculado en contra del exmandatario, acción que fue interrumpida de forma física por el entonces encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, quien acudió al sitio para retirarlo de la custodia local bajo el argumento de que no existía un convenio de colaboración institucional vigente para cumplimentar el mandato en la capital.
A raíz de ese episodio, Corral Jurado denunció penalmente a la gobernadora Campos Galván. No obstante, la Fiscalía de la Ciudad de México decretó formalmente el no ejercicio de la acción penal al resolver que no existía delito que perseguir, dictamen técnico que fue posteriormente impugnado por la defensa del senador y que dio origen a la audiencia aplazada.
Previo al inicio de la sesión en los juzgados penales, el equipo legal que representa a la mandataria chihuahuense, cuyo despacho Coello Trejo y Asociados mantiene la conducción de la estrategia jurídica junto al abogado Roberto Gil Zuarth, acusó públicamente a Ulises Lara —quien actualmente se desempeña como vocero y fiscal de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República— de mantener una red de protección institucional en favor de Javier Corral para evadir las imputaciones legales en su contra. Cabe señalar que esta comparecencia se da tras el reciente fallecimiento del jurista Javier Coello Trejo, ocurrido el pasado 24 de mayo a los 77 años de edad, por lo que los argumentos y la defensa formal de la gobernadora continúan bajo la directriz de su firma legal.
Los litigantes señalaron que la Fiscalía capitalina y el Tribunal Superior de Justicia incurrieron en violaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, argumentando que la gobernadora de Chihuahua goza de fuero constitucional, lo que impide legalmente que sea citada a comparecer en calidad de testigo ante el Ministerio Público ordinario. Los juristas sostuvieron que el país enfrenta un esquema de justicia selectiva donde a ciertos actores se les otorga gracia y justicia, y afirmaron que su presencia en las salas federales obedece a la defensa de los derechos de la mandataria para que se respete el carpetazo definitivo que la autoridad ministerial ya había dictado sobre el caso.
Asimismo, la representación jurídica de la gobernadora vinculó la actuación de los funcionarios federales con el escenario del diferimiento, comparando la liberación previa de Javier Corral en el restaurante de la capital con la postura que mantiene el aparato de procuración de justicia ante requerimientos internacionales, señalando de manera directa que las autoridades no han dado cumplimiento a las solicitudes de mandatos judiciales emitidas por jueces de distrito del sur de Nueva York para la captura de funcionarios del estado de Sinaloa.
