Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que eleva a rango legal la injerencia extranjera como una causal expresa para anular elecciones federales o locales, consumando el circuito legislativo de la iniciativa impulsada por el senador Ricardo Monreal Ávila. La minuta, que modifica el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue ratificada por la mayoría calificada del bloque oficialista tras un ríspido debate en el pleno de la Cámara Alta.
El dictamen aprobado establece que los procesos electorales en territorio nacional serán declarados nulos cuando se demuestren de forma jurídica irregularidades provocadas por actos de intervención, financiamiento ilícito, campañas de desprestigio o intromisión de gobiernos y agencias de inteligencia extranjeras que alteren de manera determinante la voluntad del electorado.
La aprobación en el Senado se destrabó luego de incorporar la modificación de última hora formulada en la Cámara de Diputados, la cual estipula que la causal de nulidad procederá única y exclusivamente cuando la intervención externa quede plenamente acreditada y declarada ante las autoridades judiciales competentes. Esta acotación técnica desactivó los reclamos de la oposición, que acusaba la creación de una ley discrecional que permitiría al gobierno en turno anular comicios mediante meras presunciones políticas ante resultados desfavorables.
Durante el debate en la tribuna, los defensores de la reforma argumentaron que el blindaje del artículo 41 constitucional resulta urgente ante el complejo panorama geopolítico y los recientes desencuentros con agencias de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos, justificando la ley como un acto de legítima defensa de la soberanía nacional. Por su parte, las bancadas de minoría mantuvieron sus reservas al señalar que, aunque el texto constitucional ya fue aprobado, la verdadera batalla operativa se trasladará a la discusión de las leyes secundarias que regulan el sistema de medios de impugnación, cuyo análisis formal fue postergado por la Junta de Coordinación Política para abrir un espacio de negociación técnica con todas las fuerzas políticas.
Tras el aval del Senado de la República, la reforma constitucional ha sido enviada a los congresos de los estados, requiriendo el voto aprobatorio de la mitad más uno de las legislaturas locales para su posterior promulgación en el Diario Oficial de la Federación.
