Ciudad Juárez, Chih.- El entramado de denuncias penales interpuestas por la organización Plan Estratégico de Juárez ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua involucra expedientes detallados que documentan presuntos desvíos, conflictos de interés y favoritismos en la asignación de contratos públicos.
El desglose específico de los casos, los nombres de los funcionarios implicados y los datos económicos que integran estas trece carpetas de investigación se detallan a continuación:
El bloque de los contratos a modo y sobreprecios (Denuncias 1 a 11)
Este paquete de once denuncias penales impugna de manera directa la legalidad en la adjudicación de contratos para la adquisición de bienes y servicios básicos durante el arranque de la administración del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.
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Adquisición de kits escolares: Las denuncias señalan directamente a la entonces directora de Educación del Municipio, Martha Beatriz Córdova Bernal, por la compra presuntamente irregular de 250 mil mochilas y paquetes de útiles escolares mediante licitaciones direccionadas a proveedores específicos, con un sobreprecio estimado por la organización civil en más de 30 millones de pesos.
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Arrendamiento de patrullas y unidades de seguridad: Las carpetas involucran penalmente a los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Juárez, encabezado por el oficial mayor, Arturo Rivera Barreno. Se les acusa del presunto delito de uso ilegal de atribuciones y facultades tras la aprobación del contrato de arrendamiento de patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, donde se detectaron ventajas indebidas hacia la empresa ganadora y bases de concurso que limitaban la libre competencia.
El caso del exfuncionario y proveedor favorito (Denuncia 12)
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Conflicto de interés en la Oficialía Mayor: Esta denuncia penal se concentra en las operaciones comerciales celebradas entre el Municipio de Juárez y empresas vinculadas a exservidores públicos de la misma administración. El expediente señala el otorgamiento masivo de contratos a compañías ligadas al entorno de Iván Antonio Pérez Ruiz, exdirector de Desarrollo Económico del Municipio. La organización civil documentó que, tras dejar su cargo público, las empresas de Pérez Ruiz se convirtieron en proveedoras recurrentes de la administración municipal en eventos masivos y proveeduría de insumos, configurando presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones ilícitas.
Las redes familiares y la empresa Intermedia (Denuncia 13)
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Contrataciones en la administración de Armando Cabada Alvídrez: La carpeta que completa el Paquete de la impunidad económica corresponde al seguimiento penal en contra de la administración del exalcalde independiente y posterior diputado federal, Armando Cabada Alvídrez. Esta denuncia técnica combate la adjudicación de contratos millonarios por servicios de publicidad e información oficial otorgados de forma directa a la empresa Intermedia de Juárez, S.A. de C.V. (operadora de Canal 44), empresa propiedad de los padres y hermanos del propio Cabada Alvídrez.
Declaraciones de los promoventes
Durante la presentación de estos datos en el informe anual de la organización, los directivos y especialistas legales de Plan Estratégico de Juárez manifestaron su preocupación por el estancamiento deliberado de la justicia en la entidad:
«Hemos entregado pruebas contundentes, facturas, contratos comparativos y nombres de los operadores financieros a la Fiscalía Anticorrupción, pero la respuesta ha sido un silencio administrativo absoluto. Las trece carpetas están congeladas en los escritorios de la capital del estado no por falta de elementos jurídicos, sino por una evidente falta de voluntad política para tocar las redes de poder en la frontera.»
Por su parte, el director de la organización civil ha enfatizado de manera pública el impacto social que genera esta parálisis ministerial:
«Mantener archivadas estas trece denuncias envía un mensaje de total permisividad a los administradores del dinero público. En Juárez no solo estamos lidiando con un desvío millonario de recursos que debieron ir a pavimentación o parques, sino con una estructura institucional diseñada para proteger a los proveedores favoritos del gobernante en turno.»
