Revocan visa a Fiscal Antisecuestros
La revocación de la visa estadounidense a Arturo Zuany Portillo, fiscal especializado en operaciones estratégicas y antisecuestros de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, representa un golpe al gobierno estatal y sus órganos de procuración de justicia y plantea interrogantes sobre posibles vínculos con actividades que el gobierno de Estados Unidos considera contrarias a sus intereses nacionales. Aunque las autoridades estadounidenses no revelan las causas específicas de estas revocaciones, en el contexto de la segunda administración del presidente Donald Trump, esta medida se enmarca en una ofensiva más amplia contra funcionarios mexicanos sospechosos de nexos con el crimen organizado, como ha ocurrido con decenas de políticos y gobernantes en los últimos meses. Zuany Portillo, quien previamente ocupó cargos como director de la Agencia Estatal de Investigación y ha mantenido reuniones de cooperación con agencias de seguridad de EE.UU., enfrenta ahora un escrutinio que podría derivar de inteligencia compartida o investigaciones bilaterales, destacando la tensión en la colaboración transfronteriza en materia de seguridad.
Antecedentes y silencio oficial
Las acusaciones previas contra Arturo Zuany Portillo, incluyendo narcomantas que lo señalan como protector de grupos criminales en Chihuahua y señalamientos internos de corrupción durante su paso por la unidad antisecuestros, adquieren mayor relevancia ante esta decisión estadounidense. Estos antecedentes, aunque no probados judicialmente en México, podrían haber contribuido a la percepción de riesgo por parte de Washington, especialmente en un estado fronterizo donde el secuestro y el narcotráfico siguen siendo desafíos persistentes. El silencio de Zuany Portillo respecto al motivo de la revocación contrasta con su historial de colaboración con entidades como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Estado, lo que sugiere un posible quiebre en la confianza bilateral y resalta cómo herramientas diplomáticas como la revocación de visas se utilizan para presionar sin necesidad de evidencia pública o procesos judiciales formales.
Estrategia de Trump y repercusiones
En un panorama más amplio, este caso ilustra la estrategia del presidente Donald Trump para intensificar la presión sobre México en la lucha contra los cárteles, revocando visas a funcionarios de diversos niveles y partidos sin obligatoriedad de justificar públicamente las razones. Mientras el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, ha enfatizado la buena relación binacional en programas como «Se Busca Información», incidentes como el de Zuany Portillo podrían erosionar esa cooperación y generar repercusiones internas, como demandas de investigación por parte de la gobernadora Maru Campos Galván. Este episodio no solo afecta la carrera de un funcionario clave en la persecución de delitos de alto impacto, sino que refuerza la narrativa de injerencia estadounidense en asuntos mexicanos, en un momento de alta sensibilidad política bilateral.
¿Golpe tabasqueño preventivo?
La maniobra para desplazar a Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República revela un movimiento estratégico del «grupo Tabasco», liderado por figuras como Adán Augusto López Hernández, para neutralizar investigaciones que amenazaban con exponer vínculos con el crimen organizado y huachicol fiscal. La renuncia forzada, acelerada por filtraciones controladas desde Palacio Nacional y el Senado, busca blindar a aliados cercanos al poder anterior, consolidando el control morenista sobre instituciones clave. Aunque se propuso a Gertz como embajador en Alemania por razones familiares y de salud, el retraso en la ratificación senatorial —aún pendiente al 10 de diciembre— genera incertidumbre y expone tensiones internas en la 4T. Este episodio debilita la autonomía fiscal prometida, priorizando lealtades de grupo sobre la lucha anticorrupción, y podría erosionar la legitimidad de Claudia Sheinbaum en sus inicios de gobierno.
Cloaca Miss Universo expuesta
El caso de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, ilustra la intersección entre élites económicas y redes criminales, con acusaciones de huachicol, tráfico de armas para cárteles como el CJNG y delincuencia organizada. Bajo la gestión de Gertz, Rocha obtuvo un criterio de oportunidad como testigo protegido, potencialmente para silenciar delaciones sensibles; sin embargo, con Ernestina Godoy al frente, este beneficio se revocó, reactivando órdenes de aprehensión y congelando cuentas por la UIF el 5 de diciembre. Las investigaciones, abiertas desde 2024, destacan contratos con Pemex y empresas fantasma, cuestionando adjudicaciones bajo influencia política. Políticamente, este escándalo alimenta críticas opositoras a la 4T por impunidad selectiva, obligando a Sheinbaum a navegar entre depuración y protección de aliados empresariales, en un contexto donde las delaciones de Rocha podrían salpicar figuras de alto nivel.
Purga Godoy en FGR
La llegada de Ernestina Godoy a la FGR marca un intento de renovación institucional, heredando miles de casos estancados y ordenando auditorías que han revelado corrupción interna, como ventas de expedientes. Su designación exprés y cambios en áreas clave sugieren un alineamiento mayor con el Ejecutivo, priorizando lealtad sobre independencia absoluta. Aunque promete «no impunidad ni persecución política», la revocación de protecciones en casos como el de Rocha Cantú indica una depuración selectiva que podría cerrar carpetas incómodas para el oficialismo. Este reacomodo fortalece la verticalidad en Morena, pero arriesga percepciones de politización, especialmente ante pendientes históricos. En el mediano plazo, Godoy podría estabilizar la fiscalía si avanza en judicializaciones, o debilitarla si la purga se ve como herramienta de control partidista.
Transfronteriza la amenaza de Gertz
Las veladas amenazas de Gertz Manero de filtrar información sensible a autoridades estadounidenses, en caso de negarse su embajada, elevan el conflicto a dimensión internacional, con expedientes como el de Rocha —vinculado a tráfico bilateral— ya en radar de Washington. Aunque propuesto para Alemania, la falta de ratificación senatorial hasta hoy mantiene la tensión, recordando casos como García Luna que afectaron relaciones México-EE.UU. Este impasse subraya vulnerabilidades de la 4T ante legados tóxicos, donde lealtades rotas podrían detonar crisis diplomáticas en seguridad y migración. Si Gertz procede con revelaciones, no solo cimbraría al «grupo Tabasco», sino que redefiniría la percepción global de la administración Sheinbaum como un régimen en conflicto interno, priorizando supervivencia de facciones sobre estabilidad nacional.
Rechazo empresarial al incremento del ISN
Las delegaciones de CANACINTRA en Chihuahua, junto a organismos como COPARMEX —liderada por Jorge Treviño Portilla— y otros sectores empresariales, mantienen un rechazo unánime al incremento temporal del 1% en el Impuesto Sobre Nómina (ISN) propuesto en el Paquete Económico 2026 por la gobernadora Maru Campos (PAN). Este alza, que elevaría la tasa del 3% al 4% durante 2026-2027, generaría alrededor de 2,417 millones de pesos adicionales etiquetados para obra pública, pero agravaría los costos operativos de las empresas en un contexto de aumentos salariales proyectados en 12-13%, inflación persistente, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y presiones por mayor informalidad laboral, estimada en un posible incremento de hasta 0.9% según análisis del sector privado.
Tensiones políticas en el análisis presupuestal
En el plano político, la comparecencia del secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez, el 10 de diciembre ante el Congreso estatal —con mayoría aliada al PAN— defendió la medida como necesaria ante recortes federales y para financiar infraestructura sin afectar rubros prioritarios como salud y educación. Aunque se mantienen mesas de diálogo con empresarios, el sector privado insiste en que no hay negociación posible y propone alternativas como mayor eficiencia en el gasto corriente y ampliación de la base tributaria. La controversia pone en evidencia el equilibrio delicado entre las necesidades fiscales del Ejecutivo y la preservación de la competitividad industrial en un estado fronterizo clave, con el paquete aún en fase de análisis legislativo sin aprobación final.
