Una de las críticas más graves contra Zuany proviene de denuncias internas de policías, quienes lo señalan por presuntos actos de corrupción en la Unidad Antisecuestros, incluyendo la retención indebida de dinero recuperado de rescates, sin considerar el esfuerzo de las víctimas para reunir esos fondos. Tales acusaciones, documentadas en cartas dirigidas a altas autoridades, revelan un patrón de abuso que contradice la imagen de héroe antisecuestros promovida por la Fiscalía.
Zuany ha sido vinculado repetidamente con Jorge Arnaldo Nava López, exfiscal prófugo por desvío de recursos y peculado. Como pupilo y colaborador cercano de Nava en la unidad antisecuestros, Zuany enfrentó señalamientos por quedarse con bonos de riesgo de agentes y por firmar cheques ajenos, prácticas que, según denunciantes, fomentaban un ambiente de impunidad y resentimiento entre el personal subordinado.
En un operativo en Camargo, donde murieron dos agentes, Zuany fue acusado de exponer innecesariamente al personal por decisiones imprudentes, escondiéndose él mismo mientras sus subordinados enfrentaban el peligro. Esta supuesta cobardía no solo costó vidas, sino que expone un liderazgo deficiente que prioriza la autoprotección sobre la responsabilidad comandada en una unidad de élite.
Las denuncias también apuntan a negociados con vehículos oficiales y partidas presupuestales de la unidad antisecuestros, donde Zuany y Nava supuestamente se «mochaban» con el fiscal general de turno para evitar interferencias. Este tipo de arreglos bajo la mesa socava la credibilidad de los éxitos reportados en el combate al secuestro, sugiriendo que la reducción del delito pudo deberse más a pactos oscuros que a una labor policial efectiva.
A pesar de estas graves imputaciones, Zuany ascendió a director de la Agencia Estatal de Investigación y, más recientemente, a Fiscal de Operaciones Estratégicas, bajo administraciones que han ignorado o minimizado las quejas internas. Esta persistencia en cargos de poder genera dudas sobre la verdadera depuración en la Fiscalía y si las promociones responden a méritos o a lealtades cuestionables.
El trato indigno y soberbio hacia el personal, que provocó renuncias masivas en la unidad antisecuestros, resalta un clima laboral tóxico bajo el mando de Zuany. Lejos de fomentar un equipo cohesionado, su estilo autoritario parece haber priorizado el control personal sobre el bienestar de los agentes, contribuyendo a la erosión moral de la institución.
Finalmente, la trayectoria de Arturo Zuany ilustra un patrón preocupante en la Fiscalía de Chihuahua: acusaciones de corrupción que no prosperan en investigaciones profundas, ascensos pese a señalamientos graves y una narrativa oficial que exalta logros mientras ignora voces disidentes. Esto no solo debilita la confianza pública en el combate al crimen organizado, sino que perpetúa un sistema donde la impunidad parece ser el verdadero delito erradicado.



