PT frena su apoyo a Andrea Chávez
El tablero político de Chihuahua ha entrado en una fase de tensiones donde el pragmatismo cupular choca de frente con los impulsos del territorio. La reciente suspensión del mitin en el centro de Ciudad Juárez, diseñado originalmente para blindar el apoyo del Partido del Trabajo a Andrea Chávez, no es un hecho aislado. Es la prueba fehaciente de cómo el colmillo político y el instinto de supervivencia de Alberto Anaya terminaron por imponerse a la combatividad y la simpatía personal de la diputada Lilia Aguilar.
La secuencia de los hechos delata una reacción visceral en la delegación local del partido. Luego de que el Partido Verde Ecologista de México sacudiera el escenario local al destapar formalmente al alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar como su carta fuerte para la gubernatura, Aguilar actuó bajo el influjo de la prisa. En una respuesta inmediata y poco calculada con el centro del país, la legisladora se precipitó a nombrar a Chávez como coordinadora estatal de afiliación del Partido del Trabajo. La jugada buscaba establecer un hecho consumado en la plaza pública y forzar una definición antes de los tiempos marcados por la dirigencia nacional.
Sin embargo, en la lógica de Alberto Anaya las prioridades son distintas. Con décadas al frente de la estructura del partido, el líder nacional entiende perfectamente que la viabilidad de su organización no depende de ganar simpatías regionales a base de sombrerazos, sino de mantener intactos los acuerdos institucionales con la presidenta Claudia Sheinbaum y la coalición gobernante. Permitir una demostración de fuerza masiva a las puertas de la Catedral de Juárez habría significado una declaración de guerra abierta contra el bastión de Pérez Cuéllar y, peor aún, un desafío a la disciplina interna que tanto exige la jefatura del Ejecutivo federal.
La prudencia impuesta desde la Ciudad de México enfrió la movilización y obligó al repliegue táctico, pero no resolverá el problema de fondo. Aunque Anaya haya logrado contener el fuego en la banqueta para trasladar el diferendo a las oficinas de negociación, el daño estructural está hecho. La fractura que viven las izquierdas en Chihuahua es real y profunda. La división entre el bloque que empuja la opción de Andrea Chávez y el grupo que respalda al alcalde juarense ya no se puede ocultar con comunicados de unidad. Al congelar el mitin, la dirigencia nacional del Partido del Trabajo simplemente administró el ritmo del conflicto, confirmando que en este régimen las pasiones locales siempre terminan subordinadas al frío cálculo de la cúpula nacional.
El manto protector de Sheinbaum a Marina
La crisis política en Baja California ha derivado en un guion de comedia absurda que el Gobierno Federal pretende normalizar a fuerza de decretar la impunidad desde la tribuna pública. El caso de Marina del Pilar Ávila Olmeda exhibe no sólo la fragilidad institucional del Estado mexicano frente a las agencias estadounidenses, sino el doble rasero con el que la presidenta Claudia Sheinbaum administra la justicia y la lealtad partidista.
El argumento defensivo de la gobernadora raya en el sinsentido. Pretender que recurrió a intermediarios para contactar al FBI por sugerencia de su principal enemigo político, Jaime Bonilla, es una versión inverosímil que el propio exmandatario ya salió a desmentir con predecible contundencia. Resulta inconcebible que una gobernadora en funciones acate una recomendación de quien ha sido su más feroz detractor en la entidad.
Frente a esta trama de espionaje y sospechas de colaboración ilegal con gobiernos extranjeros, la respuesta oficial ha sido el carpetazo inmediato. La doble vara de medir es flagrante al contrastar este caso con el acoso judicial que padece la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien el aparato del Estado no dudó en señalar de inmediato por supuesta traición a la patria. Para la oposición hay leyes y sospechas fulminantes; para los propios, una amnistía automática.
El control de daños ha arrastrado incluso el prestigio de los funcionarios más técnicos. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sacrificó su habitual prudencia declarativa para construir una justificación torpe. Al asegurar que en las mesas de seguridad estatales no se maneja información sensible, el secretario básicamente redujo estas reuniones estratégicas a meros momentos para platicar y tomarse un café, una ligereza imperdonable en medio de la crisis de violencia que azota al país.
Esta protección cupular repite un patrón de conducta que la izquierda gobernante ha institucionalizado. El origen de este blindaje proviene del propio Andrés Manuel López Obrador, quien cuando fue advertido por Bonilla sobre los supuestos nexos de Marina del Pilar con el crimen organizado, reaccionó viajando a Baja California para levantarle la mano en un acto de validación política.
Es exactamente la misma puesta en escena de López Obrador cuando hizo acompañar de Sheinbaum a respaldar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Cuando el escándalo por el secuestro de Ismael El Mayo Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén ya incendiaba Sinaloa, la presidenta electa y el todavía presidente en funciones viajaron a Sinaloa a acompañar al mandatario estatal para levantarle la mano en un mitin. La lección del régimen es clara: la prioridad no es investigar la infiltración criminal ni salvaguardar la soberanía nacional, sino mantener intacta la disciplina del grupo en el poder y cubrir corruptelas y desviaciones, ciertamente a un alto costo político.
¿Dónde está el piloto?
La narrativa oficial en torno al secuestro de Ismael El Mayo Zambada ha transitado de la aparente indignación diplomática al terreno del absurdo sistemático. Durante meses, tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como su sucesora, Claudia Sheinbaum, utilizaron la tribuna de las mañaneras para exigir de manera reiterada que el gobierno de Estados Unidos entregara información detallada sobre el misterioso vuelo que aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México. La respuesta que tanto reclamaban, sin embargo, estuvo siempre en manos de las autoridades mexicanas y prefirieron dejarla ir.
El nombre clave en este sainete institucional es el de Mauro Alberto Núñez Ojeda. Identificado por las propias agencias nacionales como el piloto de confianza de la facción de los Chapitos, este hombre era el único cabo suelto capaz de esclarecer la logística de la traición que cimbró al cártel de Sinaloa. Núñez Ojeda fue detenido en territorio mexicano, permaneció bajo custodia del Estado y, de manera inexplicable, fue extraditado a Estados Unidos en un paquete de veintinueve objetivos prioritarios sin que en México se le extrajera la información más elemental sobre el caso.
La contradicción que exhibe al gabinete de seguridad es flagrante. El secretario Omar García Harfuch reconoció públicamente el perfil del piloto y su rol de absoluta cercanía con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Sin embargo, la versión gubernamental pretende hacer creer a la opinión pública que se enteraron de que él había conducido la aeronave de la entrega hasta después de que ya se encontraba en suelo estadounidense. Semejante descuido o complicidad resulta inverosímil para un sistema de inteligencia que presume coordinación y rigor.
Esta flagrante omisión desmonta el discurso de soberanía nacional que el gobierno federal ha esgrimido como bandera. Mientras en el micrófono se mantiene la exigencia de transparencia hacia Washington, en los hechos se entregó al testigo principal de la operación de manera apresurada, renunciando a la posibilidad de interrogarlo y de armar un caso penal sólido en México.
La entrega de Núñez Ojeda, sin preguntas previas de por medio, deja en claro que para la administración federal era mucho más cómodo deshacerse de un testigo incómodo que conocer la verdad del vuelo. Al final, las constantes quejas en la mañanera por la falta de información estadounidense se revelan como una coreografía política para el consumo doméstico, diseñada para ocultar una cadena de omisiones y torpezas que raya en la protección deliberada de los secretos del caso.
