¿La sangre no llegó al río?
La tormenta política que amenazaba con fracturar el corazón del panismo chihuahuense parece disiparse para dar paso a un pragmático acuerdo de paz. En las últimos días, probablemente horas, los nubarrones que se cernían sobre la relación entre la gobernadora Maru Campos y su histórico operador político, César Jáuregui, han comenzado a retirarse. Los amagos de una ruptura definitiva, alimentados tras la obligada salida de Jáuregui de la Fiscalía General del Estado, se desvanecen ante la fría realidad de los números y el calendario electoral. En la cúspide del poder estatal se ha impuesto la máxima de que es mucho más lo que los une que lo que en su momento pareció separarlos.
Tanto Campos como Jáuregui son políticos profesionales formados en la rigurosa escuela de la adversidad. Compartieron el asedio del corralismo, sobrevivieron a la persecución judicial y tejieron juntos la victoria que los llevó al Palacio de Gobierno. Esa sociedad histórica no se destruye fácilmente con un tropiezo coyuntural. Al percatarse de que entraban en una espiral de confrontación que sólo beneficiaba a sus adversarios, ambos decidieron dar un paso al frente y reconstruir los puentes. La confrontación directa no sólo desgastaba la gobernabilidad en el corto plazo, sino que ponía en riesgo el proyecto de continuidad del Partido Acción Nacional para el proceso de sucesión.
La joya de la corona en esta reconciliación que parece acercarse es la viabilidad electoral. En el horizonte se asoma la crucial aduana del próximo año, donde el panismo chihuahuense se juega todo su capital político. Si bien la alcaldía de la capital del estado se mantiene como un bastión sumamente sólido y con amplias posibilidades de retenerse, la verdadera preocupación del grupo en el poder radica en la gubernatura. El relevo de Maru Campos requiere de una maquinaria perfectamente aceitada, de una disciplina interna de hierro y de un control absoluto de las tensiones con aliados complejos como el PRI, que ya presiona activamente por espacios de representación.
Una división real entre la mandataria y su estratega de cabecera habría sido el escenario ideal para el crecimiento de la oposición. Sin la experiencia de Jáuregui para tejer acuerdos en el territorio y contener las ambiciones de los diferentes grupos internos, el PAN corría el riesgo de llegar debilitado a las urnas. La experiencia demuestra que las batallas por el poder estatal se ganan desde la unidad de las cúpulas.
La reactivación de los canales de comunicación y este nuevo acercamiento demuestran que la madurez política ha prevalecido sobre los agravios personales. Al final del día, los dos personajes entienden que el poder se comparte o se pierde. Los visos de reconciliación devuelven la calma al panorama sucesorio, alinean las aspiraciones de los cuadros locales y consolidan una estrategia unificada que busca asegurar que el principal bastión azul del norte del país continúe bajo el mismo sello político más allá del actual sexenio.
Se ahonda la fractura PVEM-PT
La fragilidad de la coalición oficialista en el estado de Chihuahua ha quedado expuesta con crudeza tras los últimos movimientos de sus partidos satélites, los cuales amenazan con descarrilar la unidad rumbo al proceso electoral del año 2027. La diputada local Lilia Aguilar Gil ha decidido atizar el fuego de la contienda interna al anunciar el nombramiento de la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño como la nueva coordinadora de afiliación del Partido del Trabajo en la entidad. Este movimiento no representa una simple estrategia de crecimiento partidista, sino una respuesta directa e institucional a los recientes pronunciamientos del Partido Verde Ecologista de México en favor del grupo político antagónico dentro de la misma llamada cuarta transformación.
El origen inmediato de esta escalada se localiza en la frontera, donde el influyente operador del Partido Verde, Arturo Escobar, declaró de manera imprudente que la alianza con Morena en Chihuahua estaría estrictamente condicionada a que el candidato a la gubernatura sea el actual alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. Dicho espaldarazo tensionó al máximo las relaciones internas, obligando al petismo a mover sus piezas en el tablero. La respuesta de Lilia Aguilar busca contrarrestar el peso de los ecologistas y cobijar las aspiraciones de Chávez Treviño.
Para formalizar este desafío político, el petismo ha convocado a una gran concentración masiva el próximo viernes a las diecinueve horas en la explanada contigua a la catedral de Ciudad Juárez. El evento tiene el claro propósito de exhibir el músculo territorial del partido en la principal plaza del estado y ungir públicamente a la senadora con licencia, enviando una señal inequívoca de que la candidatura al gobierno estatal no está definida y que el grupo Juárez/Coyoacán encontrará una resistencia férrea. Esta abierta confrontación demuestra que las fracturas en el bloque oficialista son ya tan anchas como el Cañón del Colorado y amenazan con volverse tan profundas como las propias Barrancas del Cobre.
Ante este complejo escenario de polarización, el trabajo de cicatrización y conciliación política de la izquierda en Chihuahua se perfila sumamente cuesta arriba. Las miradas apuntan de manera inevitable hacia la dirigencia nacional de Morena, recayendo toda la responsabilidad de contención en la figura de Citlalli Hernández, quien deberá actuar como la principal operadora y mediadora neutral del conflicto. Esta tarea no podrá ser compartida por Ariadna Montiel Reyes, quien funge como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Su investidura al frente del morenismo nacional no es el impedimento formal, sino el hecho indiscutible de ser juez y parte debido al pacto político preexistente que mantiene con el alcalde de la frontera. Haber pactado y consolidado una alianza estratégica con Cruz Pérez Cuéllar antes de asumir el máximo cargo del partido anula por completo la neutralidad requerida para sentar a las partes en conflicto.
La temprana guerra de alianzas entre el Partido Verde y el Partido del Trabajo no hace más que adelantar un choque de trenes que podría fragmentar el voto de la izquierda, otorgando una ventaja táctica invaluable a la oposición en un estado tradicionalmente complejo para el oficialismo.
El costo de la ira de Maru
El relevo en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de Chihuahua ha dejado al descubierto las fisuras internas que hoy sacuden al círculo más cercano del Palacio de Gobierno. La salida abrupta de Rafael Loera, plasmada en un boletín de prensa que omitió cualquier agradecimiento o reconocimiento a su gestión, no puede interpretarse como un simple ajuste rutinario en el gabinete estatal. En la rigurosa lógica de la política, donde lo que parece real termina siéndolo, este cese representa la última pieza de una ruptura política que comenzó días antes con el despido de su esposa, Anya Trevizo, asistente personal de la gobernadora.
La chispa de este colapso interno se encendió a la vista de todos durante una reciente rueda de prensa gubernamental. Una discreta intervención de Trevizo para precisar una cifra estadística de la mandataria derivó en un airado desplante de Maru Campos, quien la amonestó frente a los micrófonos preguntándole si prefería dar ella la conferencia. Aquella humillación pública no solo exhibió una alarmante falta de tacto político, sino que precipitó la inmediata renuncia de una colaboradora que la acompañaba desde sus inicios en la alcaldía capitalina. La posterior remoción de Loera confirma que la gobernadora decidió dinamitar la relación con el matrimonio completo.
Para analistas locales, estas recurrentes explosiones de temperamento y la creciente intolerancia de la titular del Ejecutivo evidencian la llamada “añoranza del poder”. Al entrar en el último tramo de su administración, y con las candidaturas para la crucial sucesión estatal del año 2027 a la vuelta de la esquina, el margen de influencia real de la gobernadora comenzará a menguar. Esta inevitable pérdida de fuerza parece generar en la mandataria una prisa por reafirmar su hegemonía a través del castigo ejemplar, extrañando de forma anticipada el control absoluto que pronto dejará de poseer de manera natural.
Al prescindir de un valioso operador territorial como Rafael Loera, Campos opta por la lealtad sumisa sobre la cohesión de su grupo político. No obstante, debilitar la estructura del partido gobernante en la capital por motivos de índole puramente temperamental representa un grave riesgo táctico que el oficialismo podría pagar caro en las próximas elecciones.
Marina y Maru; dos varas
El contraste en el tratamiento político y jurídico que el gobierno federal otorga a las crisis de Baja California y Chihuahua evidencia la vigencia de un añejo vicio de la política nacional, donde la gravedad de una falta no se mide por el acto mismo, sino por la militancia de quien la comete. Las recientes declaraciones desde la tribuna presidencial han dejado en claro que la defensa de la soberanía nacional y el rigor de la ley penal son conceptos estrictamente selectivos, diseñados para cobijar a los aliados del oficialismo y para castigar con severidad a los gobernantes de la oposición.
La doble vara para medir quedó expuesta de forma nítida tras la filtración de los audios que involucran a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. A pesar de la existencia de grabaciones donde se escucha a la mandataria negociar escenarios legales y compartir datos con presuntos intermediarios estadounidenses a espaldas de los canales diplomáticos, la reacción de Palacio Nacional fue un ejercicio inmediato de control de daños. La presidencia y la Secretaría de Seguridad Federal determinaron de forma exprés que no existía delito que perseguir, minimizando el diálogo a un asunto de índole estrictamente personal y descalificando la autenticidad de los interlocutores extranjeros para cerrar cualquier posibilidad de una investigación formal.
En el extremo opuesto del tablero se encuentra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, contra quien se ha desplegado todo el aparato retórico del Estado. A la administración chihuahuense se le acusa severamente de traición a la patria debido a la presunta operación ilegal de agencias extranjeras en su territorio, una imputación de la máxima gravedad que busca desgastar la legitimidad de su mandato. En este caso no existió el beneficio de la duda ni la prudencia política que cobijó a la mandataria bajacaliforniana, sino una condena pública y expedita desde el centro del país.
Esta disparidad de criterios responde a una lógica puramente electoral de cara al proceso sucesorio del año 2027. Proteger a una gobernadora propia es indispensable para mantener el control territorial y evitar fisuras en la marca del partido gobernante. Por el contrario, cercar políticamente a un bastión opositor como Chihuahua resulta una estrategia muy útil para debilitar al rival. Al final del día, la soberanía nacional es defendida con indignación o disculpada con pragmatismo según convenga a Palacio Nacional.
