¿Pérez Cuéllar acata deseos de EE.UU.?
En la mañana del 15 de mayo, autoridades municipales de Ciudad Juárez, encabezadas por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, procedieron a la demolición de varias viviendas ubicadas a escasos 20 metros del muro fronterizo en la colonia Rancho Anapra. El operativo, realizado con apoyo de Protección Civil y elementos de seguridad, afectó construcciones irregulares en calles como Calamar, Tiburón y Ballena, dejando a familias sin techo de manera abrupta. Según testimonios de vecinos, la acción se ejecutó sin previo aviso formal, lo que provocó la pérdida de menaje de casa y pertenencias que no pudieron rescatar a tiempo.
Fuentes confiables ligadas al Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez indican que la medida respondió a una petición expresa del lado norteamericano para liberar un corredor de seguridad y patrullaje junto al muro. Pérez Cuéllar, según estas versiones, habría actuado con premura para cumplir el requerimiento estadounidense. La decisión se materializó a pocas horas de la gran marcha convocada por Morena para el 16 de mayo en la capital del estado, donde se espera una manifestación masiva contra la gobernadora panista Maru Campos, a quien acusan de “colaboracionismo” con agencias de seguridad estadounidenses en operativos recientes.
Desde una perspectiva político-partidista, el timing resulta sugestivo. Pérez Cuéllar, figura cercana a Morena y aspirante con proyección estatal, enfrenta el dilema de equilibrar relaciones binacionales —cruciales para una frontera como Juárez— con la narrativa soberanista que impulsa su partido. La demolición, justificada en normativas de asentamientos humanos y distancia al muro, se percibe en Anapra como un atropello a familias de escasos recursos que llevaban años en el lugar, muchas de ellas con pagos irregulares por los terrenos. Vecinos ya anunciaron quejas formales por falta de notificación y compensación, denunciando un actuar arbitrario que priorizó intereses externos sobre derechos elementales.
El episodio ilustra las tensiones estructurales de la zona fronteriza: irregularidad urbana, presión migratoria y seguridad binacional chocan con dinámicas políticas locales. Mientras Morena capitaliza el descontento contra la gobernadora por presunta cesión de soberanía, el alcalde debe gestionar el costo social de decisiones que, aunque técnicas, se interpretan como gestos de complacencia hacia Washington. En un contexto electoral latente, estas demoliciones no sólo reordenan el territorio físico, sino que reconfiguran el tablero simbólico: ¿orden necesario o precipitación política? Las familias afectadas, por ahora, cargan con la factura inmediata.
La profecía de Muñoz Ledo se cumple
El 2 de junio de 2022, Porfirio Muñoz Ledo lanzó una advertencia lapidaria al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador: “La alianza o contubernio con el narco no es heredable, porque no lo van a necesitar a él, sino al que llega”. Con la experiencia de quien ha transitado las más altas esferas del poder, Muñoz Ledo anticipó que los pactos pragmáticos entre autoridades y crimen organizado son temporales, regidos por la lógica fría de las plazas, las cuotas y los intereses criminales. El narco no construye lealtades eternas; se entiende con quien detenta el control efectivo en cada momento.
Hoy, esa advertencia cobra vida con crudeza en Sinaloa. La acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázares y otros ocho exfuncionarios estatales revela la profundidad de los presuntos acuerdos. Dos de los señalados ya se entregaron a las autoridades estadounidenses: el ex secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, y el ex secretario de Seguridad Pública, el general Gerardo Mérida Sánchez. Sus entregas voluntarias, en medio de cargos graves como conspiración para importar narcóticos, posesión de armas y colaboración con los Chapitos, muestran cómo los supuestos protectores se vuelven prescindibles cuando cambian las condiciones o la presión internacional aumenta.
Estos hechos representan un desmentido rotundo al mantra repetido insistentemente por la presidenta Claudia Sheinbaum durante más de quince días: “pruebas, pruebas”. Mientras la mandataria exige elementos adicionales y reduce la acusación de un tribunal federal de Nueva York a un mero “papelito de una oficinita”, excolaboradores cercanos optan por negociar con la justicia estadounidense. Sus decisiones revelan supuestamente cómo se colocaron funcionarios leales en posiciones clave para garantizar el flujo de fentanilo, heroína y metanfetaminas, junto con protección y filtración de operativos.
La advertencia de Muñoz Ledo se materializa con precisión quirúrgica. El supuesto entendimiento que habría permitido cierta estabilidad durante el sexenio anterior no se transfirió de forma automática. Al llegar el nuevo ciclo, los grupos criminales exigieron renovar lealtades, ajustar cuotas y reconfigurar protecciones. Cuando eso falla o cuando la DEA y la fiscalía neoyorquina avanzan, los aliados se convierten en lastre. Rocha Moya y su círculo enfrentan ahora lo que el viejo político predijo: el narco no hereda lealtades; las renegocia o las desecha sin contemplaciones.
Este caso desnuda la fragilidad de las pacificaciones basadas en acuerdos informales y cuestiona la narrativa de una Cuarta Transformación inmune a las viejas prácticas del poder. La violencia persistente en Sinaloa y las entregas de altos exfuncionarios demuestran que el contubernio, lejos de ser una herramienta de control, se transforma en un boomerang político y judicial. Muñoz Ledo, con su visión centenaria, vio lo que muchos se niegan a aceptar: en el México del narco, nadie es indispensable y ninguna alianza es eterna.
La marcha contra Maru
En las últimas semanas, el panorama político de Chihuahua se ha tensado hasta el punto de ebullición. Morena, bajo la batuta de su presidenta nacional Ariadna Montiel Reyes, ha convocado para este sábado 16 de mayo a una marcha masiva que partirá a las 16:00 horas desde la Glorieta de Pancho Villa hacia el centro de la capital del estado. La movilización, presentada como el arranque de acciones nacionales, busca exigir el juicio político y el desafuero de la gobernadora panista María Eugenia “Maru” Campos Galván, acusada de comprometer la soberanía nacional al presuntamente permitir operaciones de agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara.
Los preparativos avanzan con celeridad. Liderazgos locales como el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y la senadora Andrea Chávez se han sumado activamente, junto a militantes y simpatizantes de Morena, PT y PVEM. Se espera un contingente nutrido, con transporte desde diversos municipios y llamados en redes para convocar a “todos los chihuahuenses” en defensa de la patria. La narrativa oficial vincula el caso a un operativo contra un narcolaboratorio donde murieron dos presuntos agentes estadounidenses, interpretado como violación flagrante a la Constitución y tratados internacionales. Esta línea ha sido reforzada casi diariamente desde las mañaneras presidenciales, donde se ha enfatizado la necesidad de investigar y sancionar cualquier cesión de soberanía.
Sin embargo, la convocatoria genera profunda controversia y revela una clara instrumentalización política. Críticos señalan que se trata de una cacería selectiva contra una gobernadora opositora fuerte en el norte del país, mientras casos similares en entidades morenistas —como las acusaciones contra funcionarios de Sinaloa— reciben un tratamiento más cauteloso. La presidenta Claudia Sheinbaum ha deslindado al gobierno federal, afirmando que es una decisión “exclusiva de Morena”, lo que subraya la autonomía partidista pero también la comodidad de operar a través del partido para presionar sin asumir costos institucionales directos.
Esta movilización ilustra la persistencia de una lógica confrontativa que prioriza la polarización sobre la gobernabilidad. En un contexto de elecciones locales venideras, Morena busca capitalizar el tema de la soberanía para desgastar al PAN y posicionar a sus aspirantes. No obstante, el desafuero enfrenta obstáculos jurídicos y políticos evidentes: requiere mayorías calificadas en el Congreso local (donde la oposición mantiene peso) y una carpeta de investigación sólida por parte de la FGR. Sin pruebas concluyentes más allá de señalamientos, el proceso podría diluirse en un espectáculo mediático que erosiona la institucionalidad.
Maru Campos ha respondido con firmeza, deslindándose de cualquier cesión ilegal y defendiendo la cooperación en materia de seguridad, mientras el PAN cierra filas en su respaldo. La marcha del sábado no sólo medirá la capacidad de convocatoria morenista en territorio hostil, sino que definirá si esta estrategia fortalece o fragmenta aún más el tejido social chihuahuense. En última instancia, el verdadero desafío radica en equilibrar la defensa de la soberanía con la necesidad de una colaboración efectiva contra el crimen organizado, sin que el legítimo escrutinio se convierta en arma de desgaste partidista.
