Washington, D.C.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos instruyó a sus fiscales federales triplicar las acusaciones contra autoridades mexicanas presuntamente vinculadas a cárteles designados como organizaciones terroristas por la administración Trump, según reveló The New York Times.
La directriz fue comunicada por Aakash Singh, subprocurador general adjunto, durante una reunión virtual con fiscales federales. La medida busca aplicar un marco legal más severo, que incluye leyes antiterroristas, a funcionarios señalados de colaborar con grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, clasificado previamente como organización terrorista extranjera.
Esta estrategia forma parte de la política de “línea dura” del presidente Donald Trump, quien desde sus primeros meses de mandato designó a varios cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas y amplió el rol de fuerzas estadounidenses en operaciones antinarcóticos en la región del Caribe y el Pacífico. La designación permite a Washington desplegar herramientas adicionales, como sanciones financieras ampliadas y posibles acciones más directas contra facilitadores.
La instrucción llega dos semanas después de que fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaran cargos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios o exfuncionarios estatales. Se les acusa de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa —específicamente de la facción de “Los Chapitos”— a cambio de protección para operaciones de tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado las imputaciones, afirmando que Washington no ha proporcionado pruebas suficientes y advirtiendo que estas acciones podrían interpretarse como una intromisión en la soberanía mexicana. Por su parte, Rocha Moya rechazó los señalamientos y los calificó como un intento de la administración Trump por debilitar políticamente a Morena, el partido gobernante.
La directriz fue comunicada por Aakash Singh, subprocurador general adjunto, durante una reunión virtual con fiscales federales. La medida busca aplicar un marco legal más severo, que incluye leyes antiterroristas, a funcionarios señalados de colaborar con grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, clasificado previamente como organización terrorista extranjera.
Esta estrategia forma parte de la política de “línea dura” del presidente Donald Trump, quien desde sus primeros meses de mandato designó a varios cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas y amplió el rol de fuerzas estadounidenses en operaciones antinarcóticos en la región del Caribe y el Pacífico. La designación permite a Washington desplegar herramientas adicionales, como sanciones financieras ampliadas y posibles acciones más directas contra facilitadores.
La instrucción llega dos semanas después de que fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaran cargos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios o exfuncionarios estatales. Se les acusa de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa —específicamente de la facción de “Los Chapitos”— a cambio de protección para operaciones de tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado las imputaciones, afirmando que Washington no ha proporcionado pruebas suficientes y advirtiendo que estas acciones podrían interpretarse como una intromisión en la soberanía mexicana. Por su parte, Rocha Moya rechazó los señalamientos y los calificó como un intento de la administración Trump por debilitar políticamente a Morena, el partido gobernante.
En paralelo, las autoridades estadounidenses confirmaron la detención de dos de los acusados. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó el 11 de mayo al cruzar la frontera por Arizona y ya fue presentado ante una corte federal en Nueva York. Asimismo, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del mismo estado, fue detenido en Europa y se encuentra en proceso de entrega.
La nueva orientación del Departamento de Justicia promete intensificar la tensión diplomática bilateral. Analistas advierten que el uso del marco antiterrorista eleva las implicaciones penales y políticas, al equiparar la colaboración con cárteles a apoyo material al terrorismo, lo que podría complicar aún más las relaciones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y justicia. Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido una respuesta oficial a la revelación sobre la directriz de Singh, mientras que en Sinaloa el caso continúa dominando el debate político nacional.
La nueva orientación del Departamento de Justicia promete intensificar la tensión diplomática bilateral. Analistas advierten que el uso del marco antiterrorista eleva las implicaciones penales y políticas, al equiparar la colaboración con cárteles a apoyo material al terrorismo, lo que podría complicar aún más las relaciones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y justicia. Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido una respuesta oficial a la revelación sobre la directriz de Singh, mientras que en Sinaloa el caso continúa dominando el debate político nacional.
Autor
PUBLICIDAD
