El 2 de junio de 2022, el veterano político Porfirio Muñoz Ledo lanzó una advertencia directa al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. “Debe entender Andrés Manuel López Obrador que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, porque éstos, como lo han hecho siempre y en todas partes, en todas las plazas políticas, se entienden con el que va a llegar”, afirmó el ex presidente de la Cámara de Diputados. Muñoz Ledo alertó que los pactos con el crimen organizado no transfieren lealtades ni garantizan continuidad, y que el narcotráfico buscaría siempre al siguiente en el poder. Cuatro años después, esa profecía parece materializarse en medio de una escalada inédita de acusaciones internacionales.
El gobierno de Estados Unidos asestó un golpe sin precedentes contra lo que denomina “narcopolítica” en México. El 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos formales contra diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, por presunta conspiración con el Cártel de Sinaloa para traficar fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos y protección. La acusación incluye a un senador de Morena, el presidente municipal de Culiacán, un vicefiscal estatal y varios mandos policiales y administrativos. Estados Unidos solicitó su detención y extradición.
Según los documentos judiciales, los acusados habrían blindado operaciones del cártel, alertado sobre operativos y facilitado el trasiego masivo de drogas. Uno de los imputados, un comandante policial, enfrenta cargos adicionales por secuestros y homicidios relacionados con informantes de la DEA. Ninguno ha sido detenido en México hasta ahora, y el gobierno federal ha exigido “pruebas irrefutables” antes de proceder, calificando las imputaciones de motivadas políticamente.
La advertencia a López Obrador, una profecía
Esta arremetida no se limita a un caso aislado. Funcionarios estadounidenses de alto nivel han sido explícitos: la persecución continuará. El fiscal federal Jay Clayton, del Distrito Sur de Nueva York, declaró: “El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estos cargos envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que trabajan con narcotraficantes: sin importar su título o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.
Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, fue aún más contundente en una audiencia en el Senado: “El Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas mortales, es una organización terrorista designada que depende de la corrupción y el soborno”. Ante senadores que le preguntaron sobre el caso Rocha Moya, Cole aseguró: “Senador, le puedo asegurar que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”. El mensaje es inequívoco: Washington no ve estas acciones como un episodio aislado, sino como el inicio de una ofensiva más amplia contra políticos protectores del narco.
La tensión bilateral ha alcanzado niveles críticos. El gobierno mexicano, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, ha rechazado la extradición inmediata y defiende la soberanía, mientras que en Washington se intensifican las voces que exigen resultados concretos en la lucha contra el fentanilo, que ha causado decenas de miles de muertes en Estados Unidos. Expertos señalan que las acusaciones contra los “diez sinaloenses” podrían ser solo la punta de lanza de una lista más extensa de funcionarios bajo escrutinio.
El eco de las palabras de Muñoz Ledo resuena con fuerza hoy. Aquella alianza que se suponía no transferible enfrenta ahora el embate de la justicia estadounidense, que no distingue entre sexenios ni partidos. Mientras México debate si se trata de injerencia o de rendición de cuentas, los cargos contra Rocha Moya y sus coacusados marcan un antes y un después en la relación entre ambos países y en la narrativa de la narcopolítica.
La crónica está lejos de cerrarse. Cada nueva imputación, cada solicitud de extradición y cada declaración desde Washington reafirma que, como advirtió Muñoz Ledo, los pactos con el narco no se heredan: se rompen, se negocian de nuevo o, en el peor de los casos para los involucrados, se pagan ante tribunales extranjeros.
