El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, uno de los principales bastiones de Morena en el Pacífico mexicano, enfrenta la acusación más grave de su carrera política: una imputación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo vincula directamente con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Los señalamientos no son nuevos. Datan de su campaña electoral de 2021 y han escalado hasta una solicitud de detención provisional con fines de extradición.
Rubén Rocha Moya, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y candidato de Morena a la gubernatura, compitió en las elecciones del 6 de junio de 2021 en un contexto de alta violencia política. Su principal contendiente, Mario Zamora Gastélum, de la alianza PRI-PAN-PRD, denunció públicamente que varios de sus operadores políticos fueron levantados antes de la jornada electoral. La noche de la elección, Zamora reconoció la derrota y pidió la liberación de sus compañeros.
Periodistas de investigación como Anabel Hernández documentaron desde abril de 2021 testimonios de personas cercanas al entorno de Rocha Moya. Según esas fuentes, el entonces candidato presumía reuniones con figuras del crimen organizado, incluyendo presuntos contactos con Ismael El Mayo Zambada. Estos reportes, publicados en medios como Deutsche Welle, marcaron el inicio de un expediente mediático y político que Hernández ampliaría en su libro El traidor: la historia secreta de AMLO y el Cártel de Sinaloa.
En ese proceso electoral, Morena y aliados barrieron en estados de influencia del Cártel de Sinaloa, como Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur. La jornada se vio empañada por reportes de intimidación, secuestros e influencia del crimen organizado en varias regiones. Rocha Moya asumió el cargo el 1 de noviembre de 2021. Desde entonces, Sinaloa ha enfrentado olas de violencia relacionadas con la pugna interna del Cártel de Sinaloa, especialmente entre los herederos de El Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos, y otras facciones.
A lo largo de su mandato, los señalamientos se multiplicaron. Surgieron denuncias de que funcionarios alineados con Los Chapitos ocuparon puestos clave en seguridad, fiscalía y gobiernos municipales. También hubo acusaciones de impunidad para las operaciones del cartel en el estado. En 2024, organizaciones presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntos delitos como delincuencia organizada, encubrimiento y abuso de funciones. Rocha Moya rechazó sistemáticamente estas versiones, argumentando que no existían investigaciones formales en su contra y que se trataba de ataques políticos.
La acusación formal y el gran jurado
El golpe definitivo llegó el 29 de abril de 2026. Tras pasar por un gran jurado federal, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, encabezada por Jay Clayton, y la DEA, develaron una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios o exfuncionarios sinaloenses, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázares, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y altos mandos de policía y seguridad.
Según la acusación, Los Chapitos apoyaron la elección de Rocha Moya en 2021 mediante secuestros, intimidación a rivales y operaciones logísticas para favorecer su victoria. A cambio, Rocha Moya habría asistido a reuniones con líderes del grupo, donde prometió protección a sus operaciones de narcotráfico. Como gobernador, supuestamente permitió que Los Chapitos operaran con impunidad, colocaran funcionarios corruptos en puestos estratégicos y distribuyeran masivas cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseerlos. Las penas posibles van de un mínimo obligatorio de 40 años a cadena perpetua.
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó haber recibido la solicitud de detención provisional con fines de extradición. La Fiscalía General de la República inició una revisión para determinar si existen elementos probatorios suficientes bajo la legislación mexicana. Autoridades mexicanas, incluyendo la presidenta Claudia Sheinbaum, han insistido en que la documentación estadounidense no incluye pruebas suficientes para proceder de inmediato.
Rocha Moya rechazó las acusaciones, se dijo confiado y respaldado por el gobierno federal, y las calificó como un ataque a la Cuarta Transformación.
El caso revive debates sobre presuntos nexos entre campañas de Morena en 2021 y el crimen organizado en regiones del Pacífico. Organismos internacionales y opositores han mencionado narcoelecciones en varios estados. Para analistas, el expediente de Rocha Moya ejemplifica los riesgos de la narcopolítica en México, donde el control territorial del crimen organizado incide en procesos electorales y gobernabilidad.
Hasta ahora, Rubén Rocha Moya permanece en su cargo. La Fiscalía General de la República analiza la viabilidad de la extradición, mientras la opinión pública y la clase política mexicana observan con atención uno de los casos más delicados de las relaciones bilaterales México-Estados Unidos en años recientes. Los hechos judiciales determinarán el desenlace. Por ahora, los señalamientos que comenzaron en 2021 como rumores de campaña se han convertido en una imputación federal en Nueva York con potencial para reconfigurar el mapa político de Sinaloa y más allá.
