En las mañaneras de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ha repetido un principio que suena inapelable: “Para detener a alguien tiene que haber pruebas, no dichos, no inventos”. Lo dijo con énfasis al referirse a la solicitud de Estados Unidos para la detención provisional y eventual extradición del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, acusados por la fiscalía de Nueva York de colaborar con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”.
Sin embargo, mientras el gobierno federal exige “pruebas contundentes e irrefutables” a Washington para actuar contra un poderoso aliado político, más de 108,000 mexicanos permanecen en cárceles del país bajo prisión preventiva oficiosa: encerrados por mera imputación inicial, sin sentencia y, en muchos casos, sin que las pruebas en su contra alcancen el estándar que Sheinbaum reclama a los estadounidenses.
La injusticia creció con Morena
La prisión preventiva oficiosa —esa medida cautelar que obliga al juez a ordenar reclusión inmediata sin analizar caso por caso— fue constitucionalizada en su forma moderna en 2008. Pero fue durante los gobiernos de Morena cuando su catálogo se expandió de manera más agresiva. En 2019, bajo Andrés Manuel López Obrador, se agregaron feminicidio, robo a casa habitación, delitos de corrupción y varios más. En diciembre de 2024, ya con Sheinbaum en el poder, se publicó en el Diario Oficial una reforma que incorporó extorsión, producción y tráfico de fentanilo, contrabando y falsos comprobantes fiscales. La medida entró en vigor el 1 de enero de 2025.
Resultado: la población penitenciaria alcanzó un récord histórico. A inicios de 2026, México tenía 259,106 personas privadas de la libertad, de las cuales 108,771 (42%) eran procesados sin sentencia, la mayoría bajo preventiva oficiosa o justificada. Miles llevan más de dos años encerrados esperando un juicio que no llega. Organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han calificado esta figura como contraria a la presunción de inocencia.
El doble rasero
El contraste resulta incómodo. Cuando se trata de Rocha Moya —un político cercano a la 4T—, el gobierno exige que Estados Unidos presente evidencias sólidas, no solo testimonios de testigos protegidos o documentos parciales. Sheinbaum ha insistido en que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue, pero que sin pruebas claras no procederá. “En México hay un sistema penal acusatorio que es muy garantista”, ha subrayado.
Al mismo tiempo, para decenas de miles de ciudadanos comunes —muchos acusados de delitos incluidos en el catálogo oficioso como extorsión, robo calificado o delitos contra la salud— basta con la imputación del Ministerio Público y la probable responsabilidad (un estándar probatorio bajo) para que un juez ordene prisión automática. No hay evaluación individualizada de riesgo de fuga o peligro para la sociedad. La presunción de inocencia queda suspendida por el tipo penal.
Críticos y organismos de derechos humanos lo llaman “pena anticipada”. México Evalúa, Intersecta y la propia CIDH han documentado casos de personas que pasan años en prisión y al final son absueltas o liberadas por falta de pruebas. El hacinamiento carcelario supera las 32,000 plazas, y el rezago judicial agrava el drama.
Defensa oficial vs. realidad carcelaria
Desde el gobierno se defiende la figura como herramienta indispensable contra la impunidad y la delincuencia de alto impacto. Sheinbaum ha argumentado que delitos como la extorsión no pueden quedar a discrecionalidad judicial. Sin embargo, esa misma lógica garantista que se aplica al “narcogobernador” no se extiende al ciudadano promedio.
Mientras en las conferencias matutinas se habla de soberanía y se exige a EE.UU. “pruebas irrefutables”, en los penales estatales y federales hay miles de personas cuyo único “delito” procesal fue ser imputadas bajo un catálogo cada vez más amplio impulsado por el propio movimiento al que pertenece la presidenta.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido en sus manos la constitucionalidad de esta figura, pero las decisiones políticas y las mayorías legislativas de Morena han ampliado su alcance pese a las recomendaciones internacionales.
Una incongruencia palmaria
El caso Rocha Moya ilustra un doble discurso incómodo: se exige al exterior el rigor probatorio que en casa se ha flexibilizado para miles de mexicanos. El gobierno asegura que “no cubre a nadie”, pero la prisión preventiva oficiosa sí cubre —y castiga anticipadamente— a muchos que aún no han sido juzgados.
Esta contradicción no es menor. Mientras se negocia diplomáticamente con Washington y se protege la presunción de inocencia de un funcionario de alto nivel, el sistema penitenciario mantiene en sus celdas a más de 100 mil personas bajo una medida que, según sus críticos, viola el espíritu mismo del sistema acusatorio que México presume defender.
La pregunta que queda flotando en el aire de las mañaneras es sencilla y perturbadora: ¿por qué las “pruebas contundentes” son obligatorias para unos y prescindibles para otros?
Nota: Esta crónica se basa en datos oficiales del OADPRS e INEGI, reformas publicadas en el DOF y declaraciones públicas de la presidenta Sheinbaum en 2026. La prisión preventiva oficiosa sigue siendo uno de los temas más controvertidos en materia de derechos humanos en México.
