Maru “congela” ley a favor de etnias
La parálisis del Decreto LXVII/EXLEY/0826/2024 XII P.E., que contiene la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Chihuahua, suele justificarse desde los pasillos del Palacio de Gobierno como una medida de prudencia. El argumento oficialista sugiere el riesgo latente de que la normativa sea usada por intermediarios y falsos líderes para extorsionar a la administración estatal mediante el bloqueo de obra pública. Sin embargo, un análisis de la realidad política revela una tesis distinta: la gobernadora María Eugenia Campos Galván frena los derechos de los pueblos originarios por estricta comodidad y cálculo electoral, no por un temor genuino a la simulación.
Esta irregular situación fue denunciada formalmente hoy por la diputada rarámuri Edith Palma, de Morena, durante la reunión de la Diputación Permanente celebrada en el municipio de Guachochi, considerado el corazón de la Sierra Tarahumara. Desde su propio territorio, la legisladora expuso el congelamiento de la ley como un agravio directo a las comunidades. La comodidad del Ejecutivo radica precisamente en mantener las cosas como están. La entrada en vigor de esta ley obligaría al Estado a pedir el consentimiento de las comunidades para cualquier proyecto en la sierra, además de entregarles recursos públicos directamente. Para el gobierno estatal, esquivar estos candados legales resulta sumamente cómodo: evita dar explicaciones a los pueblos, agiliza las obras tradicionales y elude el gasto de asignar presupuestos fijos e intérpretes a los juzgados y hospitales de la región.
La narrativa del miedo al chantaje se desploma cuando se observa el trato que las autoridades dan a personajes cuestionados dentro de las organizaciones indígenas, como Enoel Carrasco. Lejos de frenar a estos operadores para proteger las instituciones, el aparato estatal los utiliza en su estrategia de control y golpeteo político. En el tablero electoral, figuras como Carrasco resultan útiles no para llevar paz a la sierra, sino para desgastar a las principales figuras de la oposición en la entidad: la senadora Andrea Chávez y la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Ariadna Montiel.
Al instrumentalizar a estos actores para confrontar los programas de Morena y disputar las banderas sociales en los municipios serranos, el Gobierno del Estado incurre en una contradicción evidente. Utiliza a los mismos simuladores que señala como una amenaza para justificar el congelamiento de la ley. Con ello, la administración no solo posterga la justicia social para los pueblos Rarámuri, Tepehuán, Guarojío y Pima, sino que mantiene vivo el mismo sistema de intermediarios opacos que dice combatir.
Para destrabar este nudo y desmantelar el pretexto de la extorsión, la solución no es congelar la Constitución, sino aplicar reglas claras. Esto exige una transparencia absoluta mediante un registro oficial de autoridades tradicionales validadas solo por sus asambleas, la auditoría rigurosa de cada peso entregado de forma directa, y la creación de tiempos precisos para las consultas. Mientras el Ejecutivo estatal prefiera el limbo legal para mantener su comodidad operativa y su agenda de pleito partidista, el freno a la ley seguirá siendo una vulneración planeada de los derechos indígenas en Chihuahua.
“Está de mírame y no me toques”
El análisis de la política chihuahuense desde las alturas del poder revela que la reciente salida de Anya Trevizo de la oficina del Ejecutivo no es un hecho aislado. Es el síntoma de una fractura más profunda en el núcleo del poder estatal, donde las tensiones internas y el desgaste político empiezan a cobrar facturas visibles.
Cuando se ocupa la oficina principal del segundo piso de Palacio de Gobierno, el aislamiento suele distorsionar la realidad. Quienes habitan ese espacio corren el riesgo de levitar, despegando los pies de la tierra justo cuando más necesitan mantener el suelo firme. A falta de un cuarto para concluir la administración, la gestión de María Eugenia Campos enfrenta una acumulación de fricciones que se manifiesta en una actitud defensiva y explosiva frente a su equipo compacto.
El origen de esta tensión no es un secreto en los pasillos de la política local: el franco y desgastante enfrentamiento con su antiguo aliado y estratega, César Jáuregui Moreno. Este choque de trenes ha debilitado la cohesión que antes blindaba al grupo gobernante, generando un ambiente interno cada vez más hostil dentro del Partido Acción Nacional (PAN).
Bajo este clima de polarización, el proyecto prioritario de la gobernadora para imponer la candidatura de Santiago de la Peña tropieza con una resistencia interna creciente. La realidad política actual demuestra que el control absoluto sobre la sucesión y las candidaturas clave, como la alcaldía, escapa progresivamente de las manos del Ejecutivo. Es en este escenario de frustración, donde los planes no avanzan al ritmo deseado, donde colaboradoras históricas como Anya Trevizo terminan convirtiéndose en víctimas del mal humor y de las reacciones viscerales del poder.
El factor conyugal agrava el impacto de la ruptura. Trevizo es esposa de Rafael Loera Prieto, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común del Estado de Chihuahua y un cuadro con aspiraciones electorales propias. Desgarrar el tejido de confianza con este grupo no solo debilita la operación diaria del despacho; también envía una señal de inestabilidad hacia las estructuras que sostienen el proyecto transexenal del oficialismo.
A estas alturas del sexenio, el margen de error se reduce drásticamente. En lugar de forzar dinámicas de sumisión mediante desplantes públicos, al Palacio de Gobierno le vendría bien una breve pero urgente pausa de hidratación. Un momento de lucidez para recuperar el pragmatismo, asentar los pies en la tierra y entender que la política se hace con sumas, no con restas nacidas del aislamiento.
El contraataque de Sheinbaum
La reciente acusación de la presidenta Claudia Sheinbaum contra el gobierno de Estados Unidos marca un punto de inflexión en la relación bilateral. Al afirmar que la administración de Donald Trump brinda “protección” al Cártel de Sinaloa, la mandataria mexicana no solo lanzó un dardo retórico; activó un contraataque político y diplomático en toda regla para pasar de la defensiva a la ofensiva.
Para entender el fondo del mensaje, hay que mirar cómo este contraataque opera en tres niveles estratégicos:
Primero, expone la doble moral de Washington. El reclamo pega en el centro del discurso estadounidense: mientras la Casa Blanca cataloga oficialmente a los cárteles como “organizaciones terroristas”, sus cortes les otorgan beneficios procesales y reducciones de condena a cambio de información. Sheinbaum evidencia esta contradicción para restarle autoridad moral a su vecino del norte y equilibrar la balanza de las acusaciones.
Segundo, cambia la culpa de bando por la violencia local. Con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada se desató una cruenta guerra interna en Sinaloa. Al ligar este repunte delictivo con la operación unilateral y opaca de las agencias extranjeras, la narrativa mexicana establece un claro vínculo de causa y efecto. El mensaje implícito para Washington es contundente: las consecuencias de sus incentivos judiciales e intervenciones secretas se pagan con sangre en suelo mexicano.
Tercero, usa la información como escudo y espada ante la era Trump. Al anunciar la presentación de una línea del tiempo histórica respaldada por cartas diplomáticas e informes de la Fiscalía mexicana, Sheinbaum no responde con opiniones, sino con datos duros. Frente a un Donald Trump que suele utilizar la presión migratoria y comercial como moneda de cambio, México utiliza el caso Zambada como una valiosa carta de negociación.
En el análisis político, lo que importa es la intención tras el discurso. Con este movimiento de ajedrez, la presidenta no busca romper los lazos con Estados Unidos, sino rediseñar las reglas del juego. Al evidenciar las dinámicas opacas del país vecino, Sheinbaum envía una señal clara y de firmeza soberana: la cooperación con la nueva administración estadounidense exigirá transparencia absoluta, o simplemente no será.
