Maru prepara la salida: curul, fuero y 2030
La versión de que María Eugenia Campos Galván prepara su salida de Palacio de Gobierno para buscar en 2027 una diputación federal plurinominal no parece un simple movimiento de retiro político. Si se confirma, sería una jugada con tres objetivos bastante claros: dejar la gubernatura sin abandonar el escenario nacional, conservar una posición de poder en la Cámara de Diputados y, sobre todo, ponerse a salvo de los eventuales coletazos políticos y judiciales que pudieran venir desde Palacio Nacional.
La propia gobernadora ha confirmado que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN le planteó buscar nuevamente una diputación federal y que analiza la posibilidad de regresar al Legislativo. No es un dato menor: Maru ya tiene experiencia parlamentaria y, después de concluir su mandato estatal, una curul plurinominal sería una salida cómoda, sin la incómoda prueba de las urnas y con una plataforma política nacional.
La ruta, sin embargo, tiene letra pequeña. Y ahí comienza la parte interesante.
La Constitución federal establece los requisitos para ser diputada y contempla reglas específicas para quienes ocupan cargos públicos. El antecedente más cercano es el de Cuauhtémoc Blanco: el Tribunal Electoral determinó en 2024 que, para contender por una diputación federal de representación proporcional, debía separarse de la gubernatura de Morelos. La discusión fue precisamente si un gobernador podía aparecer en una lista plurinominal mientras continuaba ejerciendo el poder. La mayoría del Tribunal concluyó que no podía hacerlo en esas condiciones.
El detalle es importante porque una plurinominal no es un salvoconducto para permanecer sentado en la gubernatura mientras se aparta un lugar en San Lázaro. Maru tendría que construir jurídicamente su salida con suficiente anticipación y dejar de ejercer el cargo antes de asumir la candidatura. El caso Blanco demostró que el asunto puede terminar en tribunales si alguien impugna la candidatura.
Y aquí aparece Hugo Gutiérrez Dávila, actual secretario de Educación y Deporte, cuyo nombre empieza a circular como eventual relevo. Pero hay que ponerle freno a la versión: una cosa es que Gutiérrez Dávila sea considerado políticamente para sustituirla y otra muy distinta que pueda convertirse automáticamente en gobernador. La Constitución de Chihuahua establece que, ante una falta temporal, el secretario general de Gobierno puede asumir inicialmente; si la ausencia rebasa 60 días, corresponde al Congreso nombrar gobernador interino.
Por eso, si Maru pretende salir desde febrero de 2027, no bastaría con anunciar que se va. Tendría que definir jurídicamente si solicita licencia temporal o genera una ausencia definitiva, y entonces activar el mecanismo constitucional correspondiente. El relevo no se resuelve con una palmada en el hombro y una fotografía en Palacio.
Pero políticamente la jugada tiene lógica.
Una diputación federal le daría fuero constitucional en términos del artículo 61 y, aunque el fuero no equivale a inmunidad absoluta ni impide investigaciones, sí cambia radicalmente el tablero político frente a cualquier intento de persecución penal. Para una gobernadora que pudiera enfrentar un escenario de mayor confrontación con el gobierno federal, pasar de ocupar el Ejecutivo estatal a sentarse en San Lázaro sería cambiar la trinchera por una posición defensiva bastante más cómoda.
Y hay algo todavía más ambicioso: 2030.
Maru no tendría que jubilarse políticamente en 2027. Al contrario. Una curul plurinominal le permitiría mantenerse visible, intervenir en la política nacional, participar en la reconstrucción del PAN y esperar a que cambien los vientos. La candidatura presidencial de 2030 hoy parece lejana, incluso fantasiosa, pero en política mexicana las ilusiones de cuatro años suelen sobrevivir a los entierros anticipados.
Así que la operación podría resumirse: salir antes de que la saquen, dejar la casa en manos confiables, mudarse a San Lázaro, ponerse la coraza parlamentaria y mantener encendida la vela presidencial.
Porque, en política, retirarse a tiempo también puede ser una forma de volver.
El frente que tropieza con MC
Marco Bonilla acaba de poner sobre la mesa una jugada que, por ahora, tiene más de tanteo político que de alianza consumada: PAN, PRI y Movimiento Ciudadano podrían explorar un frente común rumbo a 2027. El alcalde de Chihuahua y nuevo operador político del panismo estatal confirmó que ya existen acercamientos con ambas fuerzas y que la encomienda consiste precisamente en buscar coincidencias para construir una oposición competitiva frente a Morena.
Pero hay un pequeño detalle —de esos que en política suelen pesar toneladas—: Movimiento Ciudadano no es precisamente el partido que haya hecho de las alianzas su deporte favorito. Mucho menos con el PRI. Durante los últimos años, el partido naranja ha construido su discurso alrededor de la idea de competir por cuenta propia y diferenciarse de lo que denomina la vieja política. Por eso, sentar al PAN, PRI y MC en la misma mesa no será una operación sencilla ni necesariamente tendrá como destino una candidatura común.
Y ahí está la verdadera dificultad para Bonilla. Una cosa es conversar y otra muy distinta conseguir que MC se suba al mismo barco con PAN y PRI. El propio alcalde habla de “acercamientos”, no de acuerdos. Reconoció que ya tuvo diálogo con Dante Delgado y que también mantiene conversaciones con Alfredo Lozoya, dirigente estatal de MC. El objetivo, dijo, es “sumar esfuerzos” para construir un frente amplio.
El problema es que MC tendría que explicar a su propia militancia y a su electorado por qué aquello que durante años presentó como una diferencia sustancial frente al PRI y al PAN ahora podría convertirse en una coincidencia electoral. La aritmética puede ser convincente, pero la política también tiene memoria. Y aunque los partidos suelen padecer amnesia selectiva cuando se acerca una elección, sus votantes no siempre la padecen.
Bonilla, por su parte, tiene claro el propósito. Morena representa hoy el adversario común y el PAN pretende evitar que la oposición llegue dividida a una elección en la que estarán en juego la gubernatura, el Congreso y los principales municipios. El panismo incluso sostiene que la fortaleza de sus posibles adversarios, Andrea Chávez o Cruz Pérez Cuéllar, está fundamentalmente en la marca Morena.
Pero una coalición opositora no se construye únicamente sumando siglas. También necesita candidato, método, reparto de posiciones y, sobre todo, una razón convincente para que el ciudadano vote por ella. PAN y PRI ya tienen antecedentes de alianzas; MC es el invitado incómodo que puede hacer que la fotografía electoral se vea más amplia, pero también puede levantarse de la mesa si concluye que la cuenta no le favorece.
Por eso, más que anunciar el nacimiento del “PRIANMC”, Bonilla está midiendo hasta dónde puede estirar la cuerda. El PAN tendría, en principio, las cartas para llevar el volante: gobierna Chihuahua, conserva una estructura territorial importante y tiene en el propio Bonilla al perfil que hoy aparece como el más competitivo de su baraja. El PRI tendría que decidir cuánto puede aportar y cuánto puede negociar, mientras MC enfrenta un dilema todavía mayor: abandonar su histórica negativa a las alianzas para incorporarse a un frente que, inevitablemente, tendría sello panista. En otras palabras, la pregunta ya no es quién mandaría en la eventual coalición —eso parece bastante claro—, sino cuánto estarían dispuestos los naranjas y los priistas a pagar políticamente por subirse a un vehículo cuyo conductor ya tiene nombre y apellido.
El Pony le relincha a Santiago
La disputa por la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal de Chihuahua dejó de ser una guerra de columnas, versiones y mensajes en chats para convertirse en un pleito público, con nombres y apellidos. Roberto “El Pony” Lara respondió directamente a Santiago de la Peña, luego de que el secretario general de Gobierno denunciara una creciente “guerra sucia” en su contra y señalara que detrás de los ataques estaría un exfuncionario estatal con antecedentes de investigaciones.
De la Peña no mencionó inicialmente a Lara, pero el aludido entendió perfectamente el recado. Y respondió con artillería pesada: le exigió que no le enviara “recados por las columnas”, que si tenía algo que decirle lo hiciera de frente y, de paso, acusó al funcionario estatal de utilizar el poder del Gobierno, recursos humanos y materiales para impulsar su proyecto político. También sostuvo que no existe actualmente una carpeta de investigación en su contra y advirtió que cualquier nueva investigación podría utilizarse para intentar doblar su voluntad política.
La respuesta tiene una lectura política evidente. Lara no solamente está defendiendo su nombre: está entrando de lleno a la pelea interna del PAN y se coloca del lado del grupo que impulsa a César Jáuregui. Desde hace meses, el choque entre los equipos de Jáuregui y De la Peña ha venido subiendo de temperatura, mientras la dirigencia panista observa y administra los tiempos.
El Pony, además, recurrió al viejo expediente panista: acusó a De la Peña de representar las prácticas del “viejo PRI” y cuestionó su origen político. El argumento no es menor dentro de un partido que todavía utiliza la identidad y la militancia como credenciales de legitimidad. Sus seguidores presumen décadas de militancia blanquiazul frente a un aspirante al que consideran recién llegado.
Pero Lara fue todavía más lejos. Aseguró que la candidatura de De la Peña “no ha prendido”, que carece de simpatía ciudadana y que aparece en los últimos lugares de las encuestas. El problema es que, si se habla de encuestas, habría que ponerlas sobre la mesa: metodología, muestra, fechas y resultados. De lo contrario, el argumento corre el riesgo de quedarse en la vieja fórmula de la política: mi encuesta dice que voy ganando, aunque nadie la haya visto.
La invitación a debatir tampoco es inocente. Si De la Peña acepta, reconoce a Lara como interlocutor político; si rechaza, el Pony puede acusarlo de esconderse detrás del cargo. Es una jugada con salida por ambos lados.
Y ahí está el verdadero fondo del pleito: no se están disputando solamente una candidatura, sino quién tendrá capacidad de influencia dentro del PAN rumbo a 2027. De la Peña tiene el poder institucional; Lara tiene la capacidad de confrontación y el respaldo de un sector panista. Mientras tanto, Jáuregui aparece como el beneficiario indirecto del encontronazo.
El Pony ya pateó la puerta. Ahora habrá que ver si Santiago entra al ruedo o prefiere dejarlo relinchar solo.
