Viene Alito: ¿alianza a la vista?
Este domingo aterriza en tierras norteñas Alejandro Moreno, el polémico líder nacional del PRI, con una agenda que mezcla la ceremonial en el tricolor y el realismo político más pragmático. Viene a tomar protesta a mil trescientos ochenta flamantes integrantes de la estructura llamada Defensores de la Patria, un eufemismo de marketing político con el que el partido intenta maquillar su mermada tropa. Sin embargo, más allá del folclor partidista y las porras de rigor, Alito pisa Chihuahua con una sonrisa de oreja a oreja y el ánimo por los cielos. ¿El motivo? Su contraparte panista, Jorge Romero, flamante dirigente nacional del blanquiazul, finalmente abrió la puerta a explorar alianzas o candidaturas comunes de corte regional.
Ese destello de flexibilidad azul cayó como música celestial en los oídos de la clica tricolor local. Encabezados por Alejandro Domínguez, los priistas chihuahuenses salivan por amarrar un pacto que los rescate del ostracismo electoral, sabedores de que ir solos en las próximas contiendas equivale a un boleto directo al panteón político. En la misma sintonía suspira el alcalde capitalino Marco Bonilla, virtual y ansioso candidato de esa eventual coalición, quien ve en los votos del PRI el combustible indispensable para asaltar la gubernatura del estado.
Bajo este panorama, la visita dominical no es un simple trámite de aplausos y fotos protocolarias. Aunque ninguna cita oficial ha sido confirmada ni pactada públicamente, resulta casi inevitable pronosticar que Bonilla y Alito buscarán la manera de entablar una reunión discreta, de esas donde se apagan los teléfonos y se miden los reales alcances de una alianza. La dirigencia nacional del PRI sabe perfectamente que su sobrevivencia ya no depende de ideologías, sino de su capacidad de convertirse en un aliado útil que cobre caro cada sigla prestada en las boletas.
Para Alito Moreno, Chihuahua representa una ficha de negociación fundamental en su tablero nacional. Necesita mostrar músculo, cobrar cuotas y asegurar posiciones para su grupo, mientras simula que el tricolor sigue siendo un factor decisivo. Del otro lado, el equipo de Bonilla calcula los costos de cargar con el lastre de las siglas priistas a cambio de sumar los puntos necesarios para conquistar el Palacio de Gobierno.
Queda claro que la anunciada alianza regional no nace del amor ideológico ni de una coincidencia democrática, sino del frío instinto de supervivencia. Mientras los militantes de base aplauden la llegada de los Defensores de la Patria en un evento repleto de acarreados, en algún privado de la capital bien podría cocinarse de manera extraoficial el verdadero menú: quién pone los votos, cómo se reparte el poder y de qué forma se aseguran la gubernatura, dejando al electorado con la incómoda sensación de que la oposición solo se junta para no perder el control.
Joss Vega llegó sin broncas
La llegada de Joceline Vega a la presidencia del Congreso local para el último año de la actual legislatura dejó una postal tan insólita como reveladora en la política chihuahuense: una elección sin roces, sin patadas debajo de la mesa y con una apacible unanimidad que raya en el milagro legislativo. Mientras el resto del año los curuleros se desgarran las vestiduras, se gritan desde la tribuna y convierten el recinto en un mercado de vecindad, bastó la figura de la diputada blanquiazul para que la tormenta política se transformara de golpe en una balsa de aceite.
Este pacto pacífico demuestra que la legisladora cosecha simpatías reales entre sus pares de todos los colores, logrando el prodigio de borrar temporalmente las fronteras partidistas. Curiosamente, estamos ante una de las poquísimas cosas en las que la chiflada clase legislativa local logra ponerse de acuerdo sin terminar a los insultos. Los distintos grupos parlamentarios encontraron en Vega una opción tersa, un puerto seguro para administrar los últimos meses del ejercicio legislativo sin sobresaltos ni revanchas de último minuto.
Sin embargo, detrás de las sonrisas de oreja a oreja, los abrazos fingidos y la aparente concordia institucional, la lectura política también invita a la sospecha. Cuando en un congreso polarizado las cosas salen demasiado tersas y sin el menor forcejeo, es porque los hilos invisibles de la negociación cupular ya repartieron las cuotas y los acuerdos en lo oscurito. La paz unánime no siempre nace de la virtud democrática, sino muchas veces de una tregua pragmática donde todos aseguraron su respectivo pedazo de pastel antes de que baje la cortina del periodo.
Al final, Joceline Vega asume el timón con el mérito indiscutible de haber unido a los siempre peleoneros diputados, aunque sea por conveniencia mutua. Queda por ver si esta inusual tregua de buenos modales aguanta las embestidas electorales que ya se avecinan, o si la concordia de hoy solo fue el preludio de la brutal tempestad que sacudirá al estado cuando empiece la verdadera repartición del poder.
Ciudadanía de segunda con dólares de primera
La reciente iniciativa impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum para prohibir que las personas con doble nacionalidad aspiren a una gubernatura estatal destapa una paradoja monumental en la narrativa oficial. Mientras que la extensión de este veto hacia la presidencia de la república solo desempolva un candado histórico vigente desde nuestra primera constitución, la negativa a permitir que los mexicanos binacionales gobiernen un estado choca de frente con la retórica patriotera que durante años inundó los discursos oficiales.
Durante el sexenio pasado y el arranque del actual, se encarnó una intensa campaña oficial para invitar a los paisanos radicados en el extranjero a tramitar su ciudadanía estadounidense. Lejos de buscar que sus derechos políticos en México estuvieran garantizados, el propósito real era que protegieran sus intereses y derechos legales en Estados Unidos ante cualquier política hostil. Se les aconsejó regularizarse para blindarse allá, no para venir a mandar acá. Hoy, esa dualidad se vuelve un bumerán incómodo: la ley les reconoce el derecho a cruzar la frontera con una credencial de elector bajo el brazo para emitir sufragios y hasta para asegurar una curul en el Congreso, pero les cierra la puerta con llave si intentan aspirar a una gubernatura.
La contradicción duele más cuando se recuerdan los números. En Estados Unidos viven cerca de cuarenta millones de mexicanos y personas de origen mexicano, una comunidad cuyo esfuerzo diario se traduce en miles de millones de dólares en remesas. Esos recursos son presumidos con bombo y platillo cada mañana en las conferencias oficiales como el pilar más noble de la economía nacional, y a sus expedidores se les cuelga la medalla de héroes de la patria. Sus dólares son más que bienvenidos en las arcas del país, pero su participación política efectiva en cargos ejecutivos resulta inaceptable para la clase gobernante.
Bajo esta nueva lógica, la patria parece aplicar un estricto derecho de admisión: tus billetes son mexicanos y tus votos también cuentan, pero tu lealtad está bajo sospecha. Se les permite votar, pero no ser votados para las principales posiciones de poder; se les tolera como el motor financiero que sostiene regiones enteras, pero se les veta de la toma real de decisiones.
Queda flotando en el aire una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto los millones de paisanos al otro lado de la frontera son considerados ciudadanos con plenos derechos, o si más bien terminaron convertidos en meros cajeros automáticos a los que se les aplaude solo mientras no aspiren a gobernar?
