Contraste: estrategia de Bonilla
Marco Bonilla todavía no tiene candidatura, pero ya tiene una narrativa electoral. Y la puso sobre la mesa frente a cientos de jóvenes panistas en Chihuahua capital: si en 2027 la disputa es contra Cruz Pérez Cuéllar, la elección no será solamente entre dos políticos, sino entre dos modelos de gobierno. El alcalde capitalino parece haber encontrado el eje de lo que será su eventual campaña: Chihuahua contra Ciudad Juárez, resultados contra promesas y administración panista contra administración morenista.
La participación de Bonilla en el Encuentro Estatal de Acción Juvenil no fue un simple acto partidista ni una conferencia motivacional para las nuevas generaciones del PAN. El mensaje tuvo destinatario, contexto y, sobre todo, intención electoral. Con Maru Campos presente y ante jóvenes provenientes de distintas regiones del estado, Bonilla comenzó a ensayar públicamente el argumento con el que pretende disputar la gubernatura: Morena puede ser derrotado y la mejor manera de demostrarlo es enseñando lo que ocurre en los dos principales municipios del estado.
Ahí aparece Cruz Pérez Cuéllar como el adversario que, paradójicamente, Bonilla parece querer enfrente. En el círculo cercano del alcalde consideran que el presidente municipal de Ciudad Juárez tiene demasiados flancos débiles: señalamientos acumulados sobre presunta corrupción, cuestionamientos a decisiones administrativas, problemas de seguridad y una larga lista de asuntos polémicos que pueden convertirse en munición electoral. La apuesta, por tanto, no parece ser entrar al terreno de las acusaciones personales, sino obligar a Cruz a defender su administración.
Y esa es una diferencia importante. Bonilla está intentando que la contienda se juegue en la cancha donde cree tener ventaja: los resultados. Seguridad, infraestructura, servicios públicos, capacidad financiera y calidad de vida. La operación política es bastante sencilla: si el PAN gobierna Chihuahua capital y Morena gobierna Ciudad Juárez, que los ciudadanos comparen.
De ahí sale el sound bite que comienza a circular en el entorno panista y que resume toda la estrategia: “¿Quieres que el estado sea como Ciudad Juárez o quieres que Ciudad Juárez sea como la ciudad de Chihuahua?”. Es una frase diseñada para campaña, no para una conferencia. Tiene comparación, provocación y una respuesta implícita. Y, sobre todo, convierte a Bonilla en producto y a Cruz en referencia negativa sin necesidad de mencionarlo demasiado.
El alcalde ya comenzó a construir ese contraste al presumir los resultados de su estrategia de seguridad y las obras realizadas con recursos municipales, particularmente los puentes construidos y el tercero en proceso. La intención política es evidente: presentar a Chihuahua capital como escaparate de lo que podría hacer un gobierno estatal encabezado por el PAN.
Pero hay un riesgo. Convertir la elección en una competencia entre Chihuahua y Juárez puede funcionar en la capital, pero el estado no termina en el periférico de Chihuahua ni comienza en el Monumento a Juárez. Cruz tiene su propia narrativa y una base política considerable, además del respaldo de Morena. La elección será mucho más compleja que una simple tabla de resultados municipales.
Por ahora, sin embargo, Bonilla parece haber decidido algo fundamental: no esperará a que llegue el 2027 para comenzar a contrastarse con Cruz. Ya empezó. Y lo hizo frente a los jóvenes que, llegado el momento, serán parte de la maquinaria electoral que tendrá que vender esa historia en todo Chihuahua.
Julián LeBarón…¿podado?
A Somos le mutilaron el nombre, le quitaron el “Mx” y hasta el color. Ahora, si prospera la reforma impulsada por Claudia Sheinbaum para impedir que mexicanos con doble nacionalidad puedan competir por una gubernatura, también podrían quitarle a Chihuahua un candidato de rango nacional: Julián LeBarón.
Y aquí aparece la paradoja. Una cosa es ganar una elección y otra muy distinta tener un personaje capaz de poner a Chihuahua en el radar nacional. LeBarón tiene micrófonos abiertos, presencia pública y una capacidad probada para meterse en las conversaciones nacionales sobre seguridad, violencia, justicia y crimen organizado. Su apellido, además, dejó de ser hace tiempo un asunto exclusivamente chihuahuense.
Pero ser conocido no significa necesariamente ser popular. LeBarón tiene notoriedad nacional, aunque todavía tendría que convertirla en simpatías, estructura y votos dentro de Chihuahua. Puede ser una figura reconocible y, al mismo tiempo, no ser un candidato competitivo para la gubernatura. Precisamente ahí está la diferencia entre tener reflectores y tener votos.
La reforma, sin embargo, plantea una pregunta incómoda porque México ya tuvo gobernadores con vínculos de doble nacionalidad, particularmente con Estados Unidos.
En Baja California, Ernesto Ruffo Appel, del PAN, nació en San Diego y gobernó entre 1989 y 1995. También por el PAN gobernaron Héctor Terán Terán, Eugenio Elorduy Walther y Francisco Vega de Lamadrid, este último nacido en Ciudad de México pero con ciudadanía estadounidense. En Chihuahua, Javier Corral Jurado, del PAN como gobernador, ahora en Morena, nació en El Paso, Texas, y gobernó de 2016 a 2021.
El caso más llamativo para Morena es Jaime Bonilla Valdez. Nacido en Tijuana, tuvo ciudadanía estadounidense y fue funcionario electo en California antes de regresar a la política mexicana. Posteriormente llegó a la gubernatura de Baja California por Morena.
Es decir, la historia política mexicana no muestra precisamente una puerta cerrada a cal y canto para quienes tienen doble nacionalidad. PAN, PRI y Morena han tenido personajes con ese tipo de trayectoria ocupando posiciones de primer nivel.
Por eso la pregunta inevitable es: ¿por qué cerrar ahora una puerta que durante años permaneció abierta?
Y aquí entra Julián LeBarón. Si la reforma se aprueba en los términos anunciados y resulta aplicable al proceso de 2027, podría quedar fuera de la contienda no porque los electores hayan decidido que no lo quieren, sino porque la ley impediría siquiera poner su nombre en la boleta.
Eso tiene una lectura política todavía más interesante para Somos. Primero le recortaron identidad al partido; ahora una reforma podría quitarle a uno de sus candidatos con mayor capacidad para proyectar la elección chihuahuense hacia el escenario nacional.
Nadie puede asegurar que LeBarón ganaría. Pero tampoco debería confundirse una eventual derrota electoral con impedirle competir.
Porque una democracia puede producir sorpresas en las urnas. Lo que resulta menos democrático es que las sorpresas sean eliminadas antes de imprimir las boletas.
Porque una cosa es que LeBarón no tenga asegurada la victoria y otra, muy distinta, que ni siquiera le permitan intentarlo. La democracia debería tener la última palabra en las urnas, no en un escritorio ni mediante una reforma diseñada para cerrar la puerta antes de que comience la competencia. Y si a Somos primero le recortaron el nombre, le quitaron el “Mx” y hasta el color, ahora podrían quitarle también al candidato que le da proyección nacional. Cuando empiezan a podar partidos, colores y candidatos antes de la elección, ya no parece que estén cuidando la boleta: parece que están decidiendo quién merece aparecer en ella.
¿Una compu decide en el Congreso?
Hay decisiones que parecen pequeñas hasta que uno descubre que pueden terminar dañando aquello que se supone debía protegerse. Eso es precisamente lo que ocurre con la polémica en torno a la Medalla al Mérito Cultural Víctor Hugo Rascón Banda 2026, donde una falla en el sistema de captura terminó convirtiéndose, por decisión de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado, en una barrera para dejar fuera de la competencia al poeta, escritor y editor Rubén Mejía Valdés.
El caso tiene una ironía difícil de pasar por alto: un reconocimiento destinado a distinguir la trayectoria y las aportaciones de quienes enriquecen la vida cultural de Chihuahua quedó atrapado en la lógica de una plataforma digital. Y peor todavía, la respuesta institucional habría sido privilegiar lo que “registró el sistema” por encima de lo que ocurrió realmente durante el proceso de inscripción.
La convocatoria establecía cinco requisitos: registro de participación, acta de nacimiento, carta de exposición de motivos, evidencias digitales de la labor cultural y aviso de privacidad. Este último documento aparecía por duplicado en la plataforma. Mejía Valdés presentó y firmó el aviso correspondiente y posteriormente, desde el propio Congreso, se le hizo notar que debía incorporar también el segundo documento. Al hacerlo, el nuevo archivo habría sustituido o eliminado el primero.
Después vino el absurdo burocrático: si el sistema no conservó el documento, entonces, para efectos de la Comisión, el documento prácticamente no existió. Una falla tecnológica terminó convertida en una especie de sentencia administrativa.
El problema adquiere mayor dimensión porque no se está hablando de un aspirante desconocido. Mejía Valdés tiene una trayectoria reconocida como poeta, escritor y editor, además de una amplia labor de promoción y difusión mediante Ediciones del Azar AC, desde donde ha contribuido a la publicación de obra de numerosos autores chihuahuenses. Es decir, la discusión no gira únicamente alrededor de un archivo electrónico, sino de la exclusión de un perfil cuya trayectoria forma parte del patrimonio cultural contemporáneo del estado.
Y aquí aparece la responsabilidad política. La Comisión de Cultura es presidida por la diputada juarense Rosana Díaz Reyes, de PVEM. En la reunión del 18 de agosto, según se ha señalado, la propia presidenta informó que la plataforma había presentado fallas que obstaculizaron el registro de participantes. Si el Congreso reconoció la existencia de problemas técnicos, resulta cuando menos contradictorio utilizar después la consecuencia de esa falla para impedir la participación de uno de los afectados.
La protesta ya comenzó a adquirir dimensión colectiva. El maestro Raúl Sánchez Trillo, especialista en Artes Visuales, exdirector de la Facultad de Bellas Artes y exsecretario general de la UACH, anunció que este lunes se entregará al Congreso una carta para exigir que se respete la participación de Mejía Valdés. La misiva ya reunía alrededor de 300 firmas.
El asunto, por tanto, dejó de ser un problema de captura para convertirse en un problema político: si una computadora falla, la institución debe corregirla; si la institución conoce la falla y aun así aplica el error contra un participante, entonces ya no estamos frente a un problema de sistema, sino frente a un criterio.
Y eso es justamente lo peligroso para la Medalla Rascón Banda. Un reconocimiento cultural se construye durante años con prestigio, legitimidad y confianza. Puede comenzar a perderlos en una sola decisión. Porque si para premiar la cultura el Congreso termina haciendo más caso a la máquina que a la trayectoria de un escritor, habrá que preguntarse quién está tomando las decisiones: los legisladores o el botón de “enviar”.
