Adán Augusto López Hernández, senador y coordinador de la bancada de Morena, preside desde octubre de 2024 la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado. Ese puesto le entrega el control absoluto sobre un presupuesto anual de mil ochocientos noventa millones de pesos que, por reglas internas, no está sujeto a fiscalización detallada de la Auditoría Superior de la Federación.
El dinero se reparte en subsidios a grupos parlamentarios, el Fondo de Atención Ciudadana y Apoyo a la Gestión, y gastos operativos de la propia Jucopo.
En la práctica, funciona como una caja chica gigante: el presidente de la Junta decide montos, destinatarios y conceptos sin publicar contratos ni facturas. Los coordinadores de las demás bancadas reciben transferencias mensuales, firman de recibido y nadie vuelve a preguntar.
El Senado como feudo personal
Entre septiembre y noviembre de 2025, López autorizó ciento ochenta millones de pesos a asociaciones civiles ligadas a operadores de Morena y noventa y seis millones más en “apoyos individuales” a senadores de su partido. Los documentos internos que registran esas operaciones fueron filtrados a Latinus y publicados el 3 de diciembre de 2025. Ningún peso de esas partidas aparece desglosado en el portal de transparencia del Senado.
Además, en octubre de 2025 ordenó extinguir un fideicomiso histórico de mil cincuenta y seis millones creado en 1994, transfiriendo el dinero directamente a la Tesorería de la Federación sin dejar rastro de supervisión.
Este manejo discrecional no es novedad en su trayectoria. Durante su gubernatura en Tabasco (2019-2022), la ASF y el Órgano Superior de Fiscalización del estado documentaron desvíos por más de mil millones de pesos. El caso más escandaloso fue el del Instituto de Seguridad Social, donde se pagaron nóminas a casi dos mil personas ya fallecidas y se transfirieron quinientos ochenta y nueve millones sin un solo comprobante. También se adjudicaron directamente doscientos cuarenta y siete millones a once empresas fantasma, ocho de las cuales habían sido creadas en notarías que el propio López titularizó antes de ser gobernador.
Nepotismo y contratos militares
Cuando dejó la gubernatura para convertirse en secretario de Gobernación, los señalamientos lo persiguieron. Se le atribuye haber entregado cuatrocientos veinte millones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a municipios tabasqueños sin reglas de operación ni rendición de cuentas. Al mismo tiempo, empresas de sus primos Carlos y José Luis Prats García recibieron adjudicaciones directas de la Secretaría de la Defensa Nacional por doscientos setenta millones de pesos para obras en Tabasco y Campeche. Esos contratos están registrados en el Portal Nacional de Transparencia y forman parte de la denuncia penal FED/SEIDF/CGI/0000875/2023, que sigue abierta pero sin avances.
La huella en la Estafa Maestra
Su nombre también aparece ligado a la Estafa Maestra. Dos empresas constituidas en la Notaría 21 de Villahermosa, de la que fue titular antes de ser gobernador, recibieron entre 2017 y 2018 ochenta y nueve millones de pesos mediante convenios ilegales con universidades públicas. Investigaciones posteriores de MCCI elevaron la cifra: notarías de López y de su hermano Melchor facilitaron empresas fantasma que desviaron al menos cuatrocientos sesenta y cuatro millones en total, algunos vinculados incluso al huachicol fiscal y lavado. La carpeta FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001178/2021 duerme en la Fiscalía General de la República sin movimiento significativo.
Impunidad judicial y denuncias congeladas
Hasta diciembre de 2025, Adán Augusto acumula treinta y ocho denuncias penales por peculado, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso indebido de facultades y delincuencia organizada. La mayoría fueron archivadas o permanecen en “integración” durante la gestión de Alejandro Gertz Manero. En octubre de 2025, la diputada María Elena Pérez-Jaén presentó otras treinta y siete por un presunto desfalco de ochocientos millones en Tabasco y por ocultar setenta y nueve millones en su declaración patrimonial de 2023-2024. Ninguna ha prosperado.
López responde invariablemente que todo es “guerra sucia” de la oposición y que los recursos del Senado se ejercen con “austeridad republicana”. Nunca ha presentado un solo comprobante público ni ha aceptado auditorías externas a las partidas que controla directamente.
El costo político para Sheinbaum
Este control absoluto sobre casi dos mil millones de pesos anuales sin rendir cuentas convierte al Senado en un banco paralelo del morenismo oficial. Los recursos pueden financiar desde campañas internas hasta compra de lealtades legislativas, todo fuera de los reflectores. En un partido que llegó al poder prometiendo barrer la corrupción de arriba abajo, la figura de Adán Augusto se ha convertido en el ejemplo más claro de que los viejos vicios no desaparecieron: solo cambiaron de manos y se vistieron de guinda.
Bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, el caso López representa un dilema mortal. Ignorarlo perpetúa la impunidad y alimenta el cinismo ciudadano; investigarlo a fondo puede fracturar la mayoría legislativa y salpicar al obradorismo residual. Mientras tanto, los fondos siguen fluyendo sin control, las denuncias se apilan sin consecuencia y la caja chica del Senado-Tabasco-Gobernación continúa operando como si la Cuarta Transformación nunca hubiera prometido terminar con ella.
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