Badiraguato es un nombre que se escribe con una tinta donde la política, la educación superior y el narcotráfico se mezclan de forma indivisible. En este pequeño rincón serrano, la geografía no solo ha moldeado el paisaje, sino una estructura de poder donde los pasillos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) han servido como antesala del gobierno estatal y, según acusaciones recientes, como puntos de contacto con el crimen organizado.
El ejemplo más nítido de esta simbiosis se encuentra en el ascenso de tres figuras clave: Héctor Melesio Cuén Ojeda, Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez. Los tres comparten el origen geográfico y una trayectoria que nace en la academia. Tanto Cuén Ojeda como Rocha Moya utilizaron la rectoría de la UAS como plataforma de legitimación para construir imperios políticos. Cuén consolidó un control territorial a través del Partido Sinaloense, mientras que Rocha Moya saltó de las aulas a la gubernatura.
Sin embargo, esta élite académica y política ha sido alcanzada por la sombra de los «hijos pródigos» más oscuros del municipio. Badiraguato es la cuna de los fundadores del negocio ilegal más lucrativo del siglo: desde la ranchería de La Tuna salió Joaquín «El Chapo» Guzmán; de La Noria, Rafael Caro Quintero; de Santiago de los Caballeros, Ernesto Fonseca Carrillo («Don Neto»); de Huixiopa, Juan José Esparragoza («El Azul»); y de La Palma, los hermanos Beltrán Leyva. Estos nombres no solo operaron en la sierra, sino que tejieron una red de influencia que hoy asfixia la reputación de sus políticos.
Lo que antes eran sospechas locales se ha transformado en una ofensiva judicial sin precedentes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha formalizado acusaciones contra el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, señalándolos por presunta colaboración con la facción de «Los Chapitos». El reclamo de la justicia estadounidense es hoy directo: ambos son reclamados en extradición, acusados de convertir las instituciones del estado y su influencia académica en un brazo operativo para los herederos del imperio de Guzmán Loera.
Badiraguato sobrevive hoy como el epicentro de un sistema donde el diploma universitario, el cargo público y el favor del cartel parecen haber nacido en la misma cuna. Es un territorio donde la frontera entre la ley y el delito se ha vuelto tan borrosa que sus hijos más prominentes —tanto los que visten de traje como los que operan en la clandestinidad— terminan compartiendo un mismo destino: el banquillo de los acusados en una corte extranjera.
