El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, una joven de 21 años cuya vida fue cegada tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo en la alcaldía Benito Juárez, no es solo un número más en la estadística de horror de la capital. Es el testimonio crudo de una fiscalía estancada en la negligencia y la corrupción. La desaparición y posterior hallazgo de su cuerpo bajo un montículo de arena en el sótano del edificio de Avenida Revolución 829, este 17 de abril de 2026, expuso las grietas de una institución que, bajo la tutela de figuras emblemáticas de la llamada Cuarta Transformación, ha priorizado la narrativa política sobre la eficiencia ministerial.
Desde el primer minuto, la familia de Edith enfrentó un muro de burocracia y cinismo. Mientras Bertha Alcalde Luján, actual titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, intentaba contener los daños mediáticos separando de sus cargos a agentes de la PDI por presunta corrupción, la realidad es que fueron los propios familiares quienes realizaron las labores de investigación. Ante la parálisis institucional, fueron los primos y tíos de la joven quienes consiguieron grabaciones de cámaras vecinales para trazar la ruta de Edith, pues las autoridades no actuaron de inmediato pese a tener los datos de geolocalización desde el día uno.
Esta incuria no nació ayer
Es la continuidad de un modelo de procuración de justicia que fue heredado y consolidado por Ernestina Godoy, hoy flamante Fiscal General de la República, quien durante su gestión en la Ciudad de México prometió el fin de la indiferencia. Sin embargo, el caso de Edith Guadalupe demuestra que la fiscalía sigue fabricando retrasos que matan. La familia denunció que el personal ministerial puso trabas constantes e incluso intentó extorsionarlos para agilizar la búsqueda, una práctica que refleja que la «transformación» de la justicia no ha permeado en los escritorios donde se decide la vida de las víctimas.
El hallazgo del cuerpo fue posible gracias a la presión social y el bloqueo de avenidas principales por parte de la familia, no por una estrategia de búsqueda inteligente. El vigilante del edificio, Juan Jesús «N», ha sido detenido y la fiscalía sostiene que las pruebas en su contra son sólidas, rechazando cualquier acusación de «fabricar culpables». No obstante, el daño está hecho: la necropsia reveló que Edith murió por una perforación pulmonar causada por un arma blanca, una tragedia que quizás se pudo evitar si el cerco perimetral en el edificio se hubiera establecido cuando la familia lo señaló por primera vez y no días después.
El caso Edith Guadalupe es hoy el espejo donde se mira una administración que, bajo el mando de Bertha Alcalde y el legado de Godoy, parece más preocupada por sancionar a los suyos ante el escándalo que por evitar que las mujeres sigan desapareciendo. La justicia en la Ciudad de México sigue siendo un privilegio que se arrebata a gritos en las calles, mientras en las oficinas centrales de la fiscalía se redactan boletines que intentan maquillar la persistente impunidad.
