Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional, donde gobernadores de los 32 estados aprobaron por unanimidad el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión. Este instrumento busca erradicar un delito que ha aumentado 23% en 2025 respecto a 2019, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Sheinbaum enfatizó que la extorsión será el principal reto para 2026, al afectar directamente la economía y la percepción de seguridad ciudadana.
El acuerdo, presentado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, establece cuatro ejes operativos: armonización legislativa en entidades federativas, creación o fortalecimiento de áreas especializadas en fiscalías estatales, robustecimiento de la línea 089 para denuncias anónimas y elaboración de un manual nacional que unifique procesos de recepción, investigación y persecución. «Este es un paso decisivo para enfrentar la extorsión con mayor rigor técnico y mejores instrumentos institucionales», afirmó García Harfuch durante la sesión.
Reformas legales elevan sanciones
La base del acuerdo radica en la reciente modificación al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declarada constitucional el 7 de octubre de 2025 tras aprobación en 25 congresos locales. Esta reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, promulgada en noviembre. Anteriormente, la extorsión se clasificaba como delito estatal que requería denuncia de la víctima para iniciar investigación. Ahora, se persigue de oficio a nivel federal por la Fiscalía General de la República (FGR), con penas mínimas de 15 años de prisión, elevables a 25 años y hasta 42 en casos agravados como violencia, delincuencia organizada o extorsiones desde penales.
El Senado incorporó 21 modificaciones al dictamen, incluyendo perspectiva de género para proteger a mujeres víctimas y sanciones de hasta 37 años para extorsiones digitales vía dispositivos electrónicos. Además, prohíbe el uso de celulares en prisiones y destina recursos de extinción de dominio a la restitución de daños a víctimas. Sheinbaum explicó: «La virtud es que no recae en la víctima la denuncia, sino que se convierte en un delito que debemos perseguir todos». Los estados deben presentar avances en reformas locales a sus congresos antes del 30 de enero de 2026, bajo instrucción de la secretaria ejecutiva del SESNSP, Marcela Figueroa Franco.
Avances en denuncias
Desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión el 6 de julio de 2025, la línea 089 ha recibido más de 102 mil 800 llamadas, frustrando el 74% de intentos y logrando 600 detenciones en 22 entidades. García Harfuch destacó la coordinación con Sedena, Semar, Guardia Nacional y FGR, que en 14 meses ha generado 38 mil 700 detenciones totales, aseguramiento de 20 mil armas y 311 toneladas de droga. Sin embargo, el SESNSP reporta que la extorsión es el único delito de alto impacto en alza, con 30.9 casos diarios en 2025, inhibiendo la percepción de mejoras en otros rubros.
La mandataria federal recordó logros previos: reducción del 37% en homicidios dolosos y en robos con violencia a vehículos y casas habitación. «Si juntos hemos bajado esos delitos que afectan a la ciudadanía, trabajando en equipo el próximo año, a finales de 2026, podremos decir que hemos reducido significativamente la extorsión», sostuvo Sheinbaum. El nuevo registro telefónico, impulsado por el acuerdo, limitará el uso de celulares en extorsiones telefónicas, una modalidad común.
Gobernadores de todos los partidos respaldaron el pacto. Teresa Jiménez, de Aguascalientes (PAN), urgió combatir extorsiones desde penales, especialmente en Tamaulipas. Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX, comprometió homologación de la Ley General en la capital. La fiscal general, Ernestina Godoy, anunció un plan estratégico de procuración de justicia que subraya la autonomía de la FGR, pero enfatiza la coordinación con el gabinete de seguridad.
Críticas en redes sociales, como las de la viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, denuncian extorsiones por fuerzas federales en Uruapan, cuestionando la efectividad. Analistas coinciden en que el éxito dependerá de transparencia y medición de resultados, no solo de normativas. Sheinbaum concluyó: «Estoy segura de que, como hemos bajado los homicidios, avanzaremos en atender esta preocupación general de la ciudadanía».
El acuerdo forma parte de 11 aprobados en la sesión, incluyendo profesionalización policial y actualización de fondos federales como FASP y FORTAMUN. Para febrero de 2026, la FGR emitirá el manual nacional, marcando el arranque operativo pleno.
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