Ciudad Juárez, Chih.- La Casa del Migrante de la Diócesis de Ciudad Juárez manifestó su respaldo absoluto a las denuncias penales interpuestas por el Gobierno de México en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Los recursos legales, que involucran el fallecimiento de diecisiete ciudadanos mexicanos bajo custodia o durante operativos de control en territorio estadounidense, han sido calificados por la institución eclesiástica como un paso indispensable para el esclarecimiento de los hechos.
A través de un pronunciamiento conjunto con la Pastoral de Movilidad Humana, la representación católica en la frontera expresó su profunda consternación por los decesos reportados, entre los que destaca el caso de Lorenzo Salgado Araujo, quien perdió la vida el pasado siete de julio en circunstancias que aún no han sido plenamente aclaradas por las autoridades de la Unión Americana.
Las agrupaciones consideraron que la determinación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de promover denuncias formales ante el Departamento de Justicia y diversas fiscalías estatales estadounidenses constituye una acción firme en favor de la verdad, el debido proceso y la protección de las garantías de los connacionales. En su mensaje, los activistas y religiosos exigieron que se realicen investigaciones rigurosas y transparentes para sancionar a los responsables en caso de que se demuestren omisiones o abusos, evitando cualquier escenario de impunidad.
El albergue juarense insistió en que ninguna persona pierde su valor intrínseco por su estatus migratorio, haciendo hincapié en que la política en la materia debe fundamentarse en el respeto irrestricto a la vida y la integridad física. Bajo la premisa de que ningún ser humano es ilegal ante Dios, la Iglesia local hizo un llamado enérgico a las corporaciones de seguridad del país vecino para que ajusten sus operativos a los principios de legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
Finalmente, la diócesis advirtió que la gestión de los flujos de movilidad en la región fronteriza no puede seguir basándose en esquemas de violencia, miedo o criminalización de las personas en tránsito. Para sustentar su postura, la pastoral recordó las enseñanzas del papa León XIV respecto a que la dignidad humana no es una concesión otorgada por los Estados ni un derecho supeditado a la nacionalidad o el origen, sino un don que ninguna autoridad civil tiene la facultad de desconocer.
