El intento de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por recortar drásticamente el calendario escolar 2025-2026 quedará como uno de los episodios más lamentables de improvisación y desconexión con la realidad educativa en México. La propuesta, impulsada por el secretario Mario Delgado, buscaba adelantar el fin de clases al 5 de junio, en lugar del 15 de julio, eliminando más de un mes completo de instrucción.
Las justificaciones oficiales —las altas temperaturas en varias regiones del país y la supuesta preparación del Mundial de Fútbol 2026— sirvieron como pretexto para una medida que priorizaba la logística, el descanso magisterial y conveniencias políticas por encima del derecho a la educación de millones de estudiantes.
La reacción social fue masiva y contundente. Padres de familia, docentes, analistas educativos y organismos defensores de derechos humanos alertaron sobre las consecuencias: un agravamiento del rezago educativo post-pandemia, problemas de cuidado infantil para familias trabajadoras y una pérdida irreparable de horas de aprendizaje.
Ante la presión ciudadana y mediática, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que intervenir. Tras una reunión con secretarios de Educación de las 32 entidades, se decidió mantener el calendario original con sus 185 días efectivos de clase. Aunque la rectificación fue necesaria, expuso la ligereza con la que se manejan decisiones que impactan el futuro de la niñez mexicana.
Las cínicas declaraciones que desnudan la visión de Delgado
Lo más grave del caso fueron las declaraciones cínicas y poco pertinentes de Mario Delgado, que revelaron una visión empobrecida y despectiva de la función educativa. Afirmó que “México no cabe en un solo calendario”, como si la diversidad geográfica y climática del país sirviera de excusa para recortar tiempo de aprendizaje a escala nacional.
Aún más preocupante resultó su afirmación de que después del 15 de junio “se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico”, describiendo ese periodo como mera “descarga administrativa” y reduciendo la escuela a “una estancia forzada”. Remató con una de las frases más cuestionables: “la escuela no debe ser una guardería”, minimizando el rol fundamental de contención social, socialización y apoyo que cumple la institución educativa para millones de niños que provienen de hogares vulnerables sin alternativas de cuidado.
Estas declaraciones no solo resultan irresponsables, sino que deslegitiman el esfuerzo de miles de docentes y reflejan un profundo desconocimiento de las condiciones reales del sistema educativo mexicano. En un país que sistemáticamente ocupa los últimos lugares en evaluaciones internacionales como PISA, donde el rezago es estructural y afecta especialmente a los sectores más pobres, recortar semanas de clase equivale a aceptar el fracaso educativo como destino.
La escuela pública mexicana ya enfrenta problemas graves de deserción, baja calidad, infraestructura deficiente y formación docente insuficiente. Ante este panorama, proponer menos tiempo en el aula no es una solución innovadora, sino un acto de rendición.
Es hora de actuar con firmeza. Este fallido recorte no puede quedar como un simple tropiezo: debe convertirse en el detonante definitivo para soltar lastre en la SEP. Es momento de renovar liderazgos obsoletos, eliminar la improvisación y las ocurrencias políticas, y colocar al centro de la agenda educativa los resultados de aprendizaje reales, no narrativas ideológicas ni conveniencias coyunturales. La educación mexicana no merece secretarios que minimizan el valor de la escuela ni una burocracia que ve a los estudiantes como una carga. Basta de cinismo. Urge una transformación profunda, seria y responsable, porque cada día perdido en el aula es un futuro robado a millones de niños y jóvenes. México no puede permitirse seguir fallando en lo más importante.
