Ciudad de México.- La primera sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 11 de septiembre de 2025 marcó un hito histórico, pero también evidenció el caos inicial de un tribunal renovado. En la discusión de la Acción de Inconstitucionalidad 186/2023, sobre preceptos de una Ley de Salud Mental, los nueve ministros mostraron divisiones: cuatro a favor de invalidar ciertos artículos, tres por eliminar otros y dos por mantener todo intacto. Tras más de dos horas de debate, el presidente Hugo Aguilar Ortiz, con escasa trayectoria jurídica, intentó cerrar la votación. “¿Tendríamos cuatro votos? ¿Es correcto?”, preguntó, solo para ser corregido por el secretario general, Rafael Coello Cetina: “Se requieren seis votos, conforme a la norma constitucional”.
La escena refleja una constante en la nueva Corte: confusión, cambios de voto de última hora y una aparente premura por alinearse con los poderes Ejecutivo y Legislativo. Aguilar, de origen mixteco, abre cada sesión con un saludo en su lengua, aunque sin traducción en la versión estenográfica. Su liderazgo, sin embargo, ha sido cuestionado por errores básicos y una dependencia recurrente en el secretario para aclarar procedimientos. “¿Es correcto, secretario?”, se ha convertido en una frase habitual, revelando inseguridades en el Pleno.
La composición de la Corte, reducida de 11 a 9 ministros y sin las salas previas que resolvían en privado, ha transformado su dinámica. Ahora, todos los asuntos se discuten en el Pleno, a veces con una celeridad que sorprende. El 25 de septiembre, en apenas 14 minutos, los ministros votaron sobre 14 solicitudes de atracción, aprobando la mitad y rechazando la otra sin mayor análisis. Una semana después, atrajeron la revocación de amparos contra la intención de la Fiscalía General de apoderarse de terrenos en Santa Fe, mostrando una productividad que los nuevos ministros presumen como superior a la de sus antecesores.
Voces discordantes y correcciones públicas
No solo Aguilar ha enfrentado tropiezos. Lenia Batres, autoproclamada “Ministra del Pueblo”, ha sido protagonista de varios desaciertos. El 25 de septiembre, afirmó que el principio de democracia deliberativa no está en la Constitución, repitiendo un error que ya había cometido en 2024 en la antigua Corte. Aguilar la corrigió en el Pleno: “Nuestra Constitución sí adopta el principio deliberativo”. Ese mismo día, Batres equiparó una controversia constitucional con un juicio de amparo, desatando críticas entre la comunidad jurídica.
El 2 de octubre, Batres retiró una ponencia que proponía calcular indemnizaciones por muertes en UMAS en lugar de salarios mínimos, no por razones jurídicas, sino por presión mediática. “Se ha afirmado que pudiera estarse favoreciendo algún tipo de interés económico”, justificó. Su desorganización también quedó en evidencia el 1 de octubre, cuando confundió el Recurso de Reclamación 395/2025 con el 70/2025, generando un incómodo silencio mientras rebuscaba entre sus papeles. Loretta Ortiz, sentada a su lado, le pasó el documento correcto, pero Batres apenas la miró.
Divisiones internas y alineación política
En el Pleno, se perciben dos bloques: uno liderado por Batres, apoyada por Aguilar y Estela Ríos, exabogada de Andrés Manuel López Obrador, y otro encabezado por Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. Las tensiones entre ambos grupos han generado interrupciones y roces públicos. El 14 de octubre, durante la discusión sobre la falta de tipificación de la violencia vicaria en el Código Penal Federal, Ortiz criticó a Sara Herrerías por contradecir en el Pleno lo que había aceptado en privado. Batres, aunque reconoció el error en la reforma, propuso un exhorto al Congreso en lugar de invalidarla, lo que Ortiz rechazó airadamente. “No, no, de ninguna manera, además usted votó en contra”, le espetó Batres, mientras Aguilar intentaba mediar.
La alineación con el poder Ejecutivo es otro rasgo distintivo. Estela Ríos, desde su llegada, ha defendido la supremacía del Legislativo, repitiendo argumentos de López Obrador contra la anterior Corte. “No debemos situarnos por encima del Poder Legislativo”, afirmó. Esta postura se reflejó en la rapidez con la que la Corte avaló medidas del expresidente, como la prohibición de alimentos y bebidas en áreas para fumadores, declarada inconstitucional previamente por invadir facultades del Congreso. La votación, propuesta por Batres, se resolvió en 45 minutos con ocho votos a favor.
Productividad y cuestionamientos
La Corte presume una mayor eficiencia, resolviendo un promedio de 12 asuntos por sesión frente a los 1.8 de la anterior, según Aguilar. Sin embargo, esta celeridad ha sacrificado profundidad en algunos casos. La discusión sobre la validez de una ley por falta de consulta, iniciada el 11 de septiembre, se ha prolongado por tres sesiones y sigue sin resolverse, con una audiencia pública programada para este lunes. En contraste, decisiones como la validación de un artículo de la Ley Minera, que desechó solicitudes en curso, se tomaron en una hora.
El 5 de octubre, casi todos los ministros asistieron al mitin de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo, un acto político más que oficial. Publicaron fotos en redes sociales, exhibiendo una cercanía con el Ejecutivo que ha generado críticas. Arístides Guerrero, el ministro más joven, fue el único ausente, aún recuperándose de un accidente. Guerrero, quien se describe como “más preparado que un chicharrón”, ha recurrido a la inteligencia artificial para definiciones jurídicas, como el principio de taxatividad, que leyó en el Pleno sin reparo.
Un tribunal bajo escrutinio
La nueva Corte no solo enfrenta retos internos. Aguilar ha cometido errores que comprometen su imparcialidad, como adelantar su voto contra la retroactividad de la reforma de amparo en un desayuno con reporteros. “Eso sí no. Eso se tiene que ajustar”, dijo, lo que lo inhabilitaría para votar el tema. El miércoles pasado, desechó una solicitud de un ciudadano preso 17 años sin condena por no incluir la frase “Bajo protesta de decir verdad”, un formalismo que él mismo criticó en la Feria del Zócalo, donde prometió un lenguaje jurídico más accesible.
A un mes y medio de su arranque, la nueva Suprema Corte camina en una cuerda floja entre la productividad y la improvisación, entre la apertura al diálogo y la alineación política. Mientras presume escuchar a la ciudadanía, como en el caso del impuesto a repartidores por aplicación, las decisiones parecen inclinarse hacia los intereses del Ejecutivo. En el Zócalo, Batres aplaudió la reforma a la Ley de Amparo, que la oposición ya prepara para impugnar. La Corte, en su afán de ser “del pueblo”, enfrenta el desafío de demostrar que su justicia es técnica, imparcial y verdaderamente independiente.
