La discusión sobre una nueva Ley General de Aguas en México lleva más de una década en la agenda pública y política. Desde la reforma constitucional al artículo 4° en 2012, que reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, quedó establecido el mandato de expedito para emitir una ley reglamentaria. Trece años después, el país sigue sin contar con ese marco jurídico integral, aunque en los últimos meses del sexenio 2018-2024 y en el inicio del actual gobierno se han presentado diversas iniciativas que pretenden llenar ese vacío.
México enfrenta una crisis hídrica estructural que combina escasez física, contaminación generalizada, sobreexplotación de acuíferos y una gestión fragmentada. Más de la mitad de los 653 acuíferos del país están en números rojos, varias regiones padecen estrés hídrico extremo y ciudades como Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara han vivido episodios críticos de desabasto en los últimos años. A esto se suma el cambio climático, que altera los patrones de precipitación y aumenta la frecuencia de sequías e inundaciones.
En este escenario, la ausencia de una ley general moderna agrava la incertidumbre jurídica y favorece la discrecionalidad en la asignación y el uso del agua. La Ley de Aguas Nacionales de 1992, con sus múltiples reformas, resultó insuficiente para responder a los nuevos retos y quedó rebasada por la reforma constitucional de 2012.
Los principales puntos de controversia
Las iniciativas presentadas entre 2023 y 2025, tanto por legisladores de Morena como por la oposición y por el propio Ejecutivo federal, coinciden en algunos objetivos generales (garantizar el derecho humano al agua, priorizar el consumo doméstico, fortalecer la gestión integrada de cuencas), pero difieren radicalmente en temas clave.
Uno de los debates centrales es el modelo de gestión. Mientras algunas propuestas mantienen el esquema actual de concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), otras plantean la extinción masiva de títulos de concesión y su reemplazo por asignaciones temporales sujetas a revisión periódica. Este último enfoque ha generado rechazo en sectores agrícolas, industriales y de servicios, que argumentan inseguridad jurídica y riesgo de desincentivo a la inversión.
Otro foco de tensión es el grado de participación ciudadana y de los gobiernos estatales y municipales. Las versiones más centralizadoras concentran la rectoría en la federación y limitan la intervención de los consejos de cuenca; las versiones más descentralizadoras buscan fortalecer esos organismos y dar mayor peso a los gobiernos locales.
También existe discrepancia en materia de tarifas y cobro. Algunas iniciativas proponen tarifas progresivas y castigo severo al derroche; otras prefieren mantener el esquema actual de cuotas relativamente bajas para el sector agropecuario, que consume cerca del 76 % del agua concesionada del país.
La iniciativa del Ejecutivo de septiembre de 2024 y su destino
En septiembre de 2024, la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa preferente de Ley General de Aguas. El texto planteaba, entre otros aspectos, declarar el agua como asunto de seguridad nacional, facultar al Ejecutivo para revocar concesiones por motivos de interés público sin indemnización en ciertos casos, y crear un Registro Público de Derechos de Agua administrado exclusivamente por la federación.
La propuesta fue duramente criticada por asociaciones empresariales, organismos agrícolas, gobernadores de oposición y hasta por algunos sectores académicos y de la sociedad civil, que la calificaron de autoritaria y contraria al espíritu participativo de la reforma de 2012. Al cerrarse el periodo ordinario de sesiones en diciembre de 2024 sin que fuera aprobada, la iniciativa perdió su carácter preferente y quedó en la congeladora legislativa.
A noviembre de 2025, la Cámara de Diputados tiene sobre la mesa al menos siete iniciativas distintas de Ley General de Aguas. La Comisión de Recursos Hidráulicos, presidida por el diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez (Morena), ha anunciado foros de consulta nacional para el último trimestre del año, aunque las fechas exactas siguen sin definirse.
Los temas que más polarizan siguen siendo los mismos: duración y revocación de concesiones, participación real de usuarios y comunidades, financiamiento para infraestructura de almacenamiento y tratamiento, y mecanismos efectivos de fiscalización y sanción a la contaminación y extracción ilegal.
Más allá de las diferencias ideológicas, el país necesita una ley que resuelva tres grandes pendientes: garantizar el abasto doméstico en cantidad y calidad suficiente, recuperar acuíferos sobreexplotados y contaminados, y establecer reglas claras que den certidumbre a todos los usuarios sin sacrificar el interés público.
La experiencia internacional muestra que los marcos legales más exitosos combinan prioridad absoluta al consumo humano, gestión por cuencas con fuerte participación local, instrumentos económicos que desincentiven el derroche y sanciones efectivas contra el abuso. México tiene la oportunidad de construir una ley de esa naturaleza, pero ello requiere superar la tentación del control centralizado y la lógica de confrontación política.
El agua no puede seguir esperando. La próxima Ley General de Aguas definirá, para bien o para mal, la capacidad del Estado mexicano de enfrentar la crisis hídrica durante las próximas décadas.
