Ciudad de México – Desde las primeras horas de este lunes 24 de noviembre, miles de campesinos y transportistas han tomado las principales autopistas del centro del país para exigir al Gobierno federal medidas inmediatas contra la inseguridad que azota las carreteras y un trato económico digno para el campo mexicano. Tractores, camiones de carga y autobuses bloquean desde temprana hora vías estratégicas como el Arco Norte, la México-Toluca, Lechería-Texcoco y José López Portillo, generando un caos vehicular que se extiende por varios estados.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, compareció esta mañana acompañada del titular de Agricultura, Julio Berdegué, y del subsecretario César Yáñez, para insistir en que el diálogo sigue abierto, pero advirtió que mantener los bloqueos carece de justificación. “No hay razón para mantenerlos”, afirmó la funcionaria, quien además recordó que obstruir vías federales constituye delito. Rodríguez reveló que la reunión pactada para las once de la mañana con los líderes no se celebró porque los manifestantes se negaron a levantar los bloqueos, y expresó dudas sobre si la nueva cita propuesta para las trece horas llegará a realizarse.
Hasta las nueve y media de la mañana, el Gobierno federal reportaba movilizaciones en Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas y Estado de México. Berdegué precisó que la mayoría de los cortes los encabezan transportistas y que, de los cinco mil productores agrícolas organizados en el país, apenas entre mil y mil quinientos participan directamente, agrupados principalmente en dos organizaciones: la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino.
La inseguridad en las carreteras se ha convertido en el detonante más visible. Los transportistas denuncian asaltos diarios, extorsiones y secuestros de operadores que quedan impunes. Hace apenas unas semanas, el gremio del Estado de México paralizó accesos a la capital exigiendo la aparición con vida de Fernando Galindo, colega secuestrado días antes. Las empresas de blindaje reportan un aumento del veinte por ciento en la demanda de protección para tractocamiones, reflejo del miedo que se vive en las rutas.
A esta crisis se suma el reclamo histórico del campo. Los productores exigen modificar la Ley de Aguas Nacionales, que consideran restrictiva, y mantener un precio de siete mil doscientos pesos por tonelada de maíz, frente a los seis mil cincuenta que ofreció el Gobierno en acuerdos previos. Aunque el 29 de octubre se logró un apoyo extraordinario de novecientos cincuenta pesos por tonelada para noventa mil productores, además de ampliar créditos y crear un nuevo sistema de comercialización, los campesinos aseguran que esas medidas resultan insuficientes ante el encarecimiento de fertilizantes, semillas y combustible.
El Gobierno insiste en que ha sostenido trescientas dieciséis reuniones con los transportistas y que las protestas actuales podrían tener tintes políticos. Sin embargo, en las carreteras la respuesta es clara: los bloqueos continuarán hasta que haya resultados concretos. Mientras tanto, millones de ciudadanos enfrentan horas de retraso y el país observa cómo dos sectores clave vuelven a paralizar sus arterias para hacerse escuchar.
