Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), solicitó formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer acción penal en contra de la empresa Portacelis Gas and Oil, ubicada en Tabasco y vinculada a Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario identificado como cercano a Andrés Manuel López Beltrán, conocido como «Andy».
De acuerdo con las indagatorias ministeriales y fiscales, el caso gira en torno a un presunto daño al erario federal superior a los 800 millones de pesos —con estimaciones que rondan los 834 millones de pesos—, derivado de operaciones de contrabando de combustible e introducción irregular de petrolíferos a territorio nacional a través de ferrotanques utilizando información falsa en trámites aduanales, un esquema comúnmente identificado como huachicol fiscal.
El expediente detalla modificaciones corporativas y cambios en la administración de la sociedad mercantil para operar con sigilo. Entre los movimientos detectados figura la salida de Juan Carlos De la Cruz y la posterior designación como administrador único de José Alonso Ulin Hernández, originario de una ranchería en Tabasco y sin antecedentes previos en el sector empresarial, situación por la cual la formulación de cargos penales recayó sobre los actuales representantes, personas físicas asociadas y los agentes aduanales que facilitaron las maniobras de internación ilícita.
Antecedentes de las investigaciones
El nombre de Jorge Amílcar Olán ha estado previamente en la opinión pública debido a su participación en contratos y proveedurías relacionadas con obras de infraestructura emblemáticas de la administración pasada, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, además de diversas filtraciones de comunicaciones privadas que apuntaban a presuntas redes de influencia.
Aunque el nombre de Andrés Manuel López Beltrán ha aparecido mencionado en testimonios ministeriales vinculados a expedientes de contrabando de combustible —como el caso relacionado con redes de huachicol fiscal—, las autoridades federales han precisado que, hasta el momento, no existen pruebas directas que lo coloquen en calidad de investigado o imputado formal dentro de las carpetas ministeriales a cargo de la FGR.
Con la solicitud de la SHCP y la formulación de cargos por parte del SAT, el caso continuará su curso judicial en los tribunales federales para determinar las responsabilidades penales de los administradores y actores aduanales involucrados en la red de defraudación fiscal.
