Ciudad de México.- Autoridades de Estados Unidos habrían retenido bienes pertenecientes al senador de Morena y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, además de solicitar información al gobierno de Francia en relación con sus operaciones financieras y su patrimonio en Europa, de acuerdo con reportes periodísticos basados en expedientes de una corte estadounidense.
Las indagatorias, dadas a conocer por la periodista María Idalia Gómez y retomadas por medios como el Diario de Yucatán, señalan que el legislador mexicano y su cuñado, Rutilio Escandón Cadenas, actual cónsul de México en Miami, habrían establecido contactos por separado con agencias de seguridad e investigación estadounidenses con el propósito de ofrecer información a cambio de posibles beneficios legales y protección económica para sus patrimonios.
Según la información revelada, agencias de Estados Unidos habrían documentado comunicaciones, llamadas y mensajes que vinculan presuntamente a las personas mencionadas con esquemas de corrupción, operaciones de empresas factureras, actividades ilícitas ligadas al contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal, y posibles nexos con grupos del crimen organizado, elementos que integran los expedientes en poder de la corte extranjera.
El escrutinio sobre el patrimonio y la evolución financiera del senador mexicano no es reciente. Desde octubre del año pasado, diversos consejeros ciudadanos integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) formalizaron peticiones ante distintas instancias del Estado mexicano, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que investigaran a fondo la evolución patrimonial de Adán Augusto López Hernández ante posibles inconsistencias en sus declaraciones fiscales y el manejo de recursos públicos durante su trayectoria política.
Hasta el momento, las instancias oficiales en México no han emitido un posicionamiento formal sobre las diligencias iniciadas en el extranjero ni sobre el estatus de las indagatorias requeridas por el Sistema Nacional Anticorrupción, mientras que el caso continúa generando reacciones en el ámbito político nacional debido al peso institucional y partidista del legislador señalado.
